Hacia un nuevo PoloTomado de SemanaMartes 8 de marzo de 2005 //-->
En momentos en que la izquierda avanza en toda América Latina, la de Colombia está mucho más unida de lo que se sabe.
Bogotá.- Hasta hace muy poco era impensable que una fuerza política de izquierda en Colombia pudiera competir de igual a igual con los partidos tradicionales. El éxito del M-19 en la Constituyente del 91 fue flor de un día, y los triunfos de los Garzón -Angelino y Luis Eduardo- en octubre de 2003 no fueron suficientes para enterrar el escepticismo que generan la falta de claridad ideológica o la ausencia de una organización política con presencia nacional.
Sin embargo, son tan profundos los cambios que se están produciendo en la política, que se pueden plantear hipótesis mucho más audaces sobre el nuevo papel de la izquierda. Por ejemplo, que está en capacidad de construir la lista de más votos al Senado en las elecciones de marzo de 2006, por encima del liberalismo oficialista. Con discreción y prudencia, se cocina una alianza entre el Polo Democrático Independiente (PDI) y la bancada de Alternativa Democrática (AD) -que coordina el senador Carlos Gaviria-, cuya trascendencia no ha sido captada en toda su dimensión.
Los acercamientos entre ambos grupos se habían dado desde el año pasado. Pero desde hace un mes adquirieron una nueva dinámica que podría conducir a escenarios mucho más ambiciosos que los que contemplaban inicialmente sus protagonistas. El 8 de febrero, Samuel Moreno -presidente del PDI- le envió una carta al senador Gaviria en la que le propone construir un acuerdo programático común y elegir un candidato único a la Presidencia. La respuesta de AD fue mucho más lejos de lo que esperaban las directivas del Polo: "Les proponemos una unidad total, que requiere de un diálogo cuidadoso que debería comenzar lo más pronto posible", señaló Gaviria en la misiva.
¿Unidad total? En las reuniones que se han llevado a cabo hasta el momento se ha podido darle un contenido real a este término tan ambicioso y vacío a la vez: más allá de la unidad programática y de una alianza para apoyar un mismo candidato presidencial, implica la fusión organizativa (estatutos, jefatura, reglamentos, etc.) y la conformación de listas únicas para el Congreso. Hasta se ha contemplado la posibilidad de crear una organización diferente, con nuevo nombre.
Lo anterior significa que la izquierda anda en busca de algo más que una simple coalición para frenar la reelección del presidente Alvaro Uribe. Porque si bien esta última ha polarizado el país político y ha cohesionado a la oposición, concretar una alianza para convertirse en la principal fuerza parlamentaria del país no puede considerarse un proyecto de corto plazo. "Elaborar listas únicas es un reto mayor, significa tener una personería jurídica compartida y una organización política que trabaje a largo plazo", afirma el senador Antonio Navarro, líder del PDI.
Es claro que el proyecto es ambicioso y de largo alcance. Lo que habría que ver es si la factibilidad del plan es comparable con la voluntad de sus gestores. Hay algunos elementos que invitan al optimismo. La mayoría de los miembros de AD y del PDI ya han compartido objetivos políticos en el pasado: la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón en 2002 y la victoria en la alcaldía de Bogotá en 2003. Se podría decir que, más que una idea nueva, la alianza en gestación es un regreso al Polo original. Solo que esta vez se trata de construir algo más sólido, con la presencia de otros movimientos, organizaciones sociales y políticas independientes.
Esta gran convergencia además va en la misma dirección hacia donde están soplando vientos del sur, en América Latina, donde se está produciendo un giro histórico hacia la izquierda. Esta semana en Uruguay se posesionó Tabaré Vásquez como presidente, un hecho inédito en la tradición bipartidista de ese país. Se suma, en sus países vecinos, a Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil. Hay denominadores comunes entre estos líderes, lejanos al populismo y flexibles ante la ortodoxia del FMI, que ya hablan de una integración entre sus proyectos.
Y aunque hay elementos coyunturales -como la reelección de Uribe o la precipitada propuesta de revocatoria de Lucho Garzón- que facilitan los acercamientos, hay otros aún más importantes. Como las nuevas reglas de juego impuestas por la reforma política de 2003 que obligan a los candidatos a agruparse bajo la sombra de partidos consolidados. Esta es la tonada predominante hoy en todos los puntos del espectro político, y no habría razón para que no fuese igual en la izquierda.
Nada de lo anterior, sin embargo, superará los obstáculos que también hay en el camino del nuevo proyecto. Por ahora hay coincidencias sobre la manera de escoger al candidato presidencial: una consulta popular en la que participarían Samuel Moreno, Antonio Navarro y Carlos Gaviria. Este último había lanzado su candidatura el año pasado, pero hoy considera que "la consolidación de una fuerza de izquierda democrática sería un hecho histórico, y haber ayudado a esto sería mi máxima satisfacción política".
Pero más que un buen candidato, la alianza necesita figuras visibles y populares que ayuden a impulsar las listas al Senado y a la Cámara. Las que provienen del M-19 quedaron debilitadas después de la polémica con el presidente Uribe sobre el Palacio de Justicia. En otros miembros naturales de la alianza, como el Moir y el Partido Comunista, no hay cuadros conocidos a escala nacional. Y está el enigmático Antanas Mockus. Un candidato con prestigio, sin votos amarrados y con algunas coincidencias con el Polo, pero que subestima la importancia de la organización política para las elecciones. "Mockus es como el llanero solitario -suele decir Antonio Navarro-, pero sin el indio ni el caballo". Por eso en el Polo y en Alternativa Democrática consideran que el ex alcalde ha sido muy resbaladizo a la hora de sentarse a dibujar un mapa de ruta. En otras palabras, no muy dispuesto a jugar a las alianzas y mucho menos a participar en una consulta.
El otro gran escollo está en el campo ideológico. En el Polo y en Alternativa Democrática conviven visiones de corte radical, como la de Gustavo Petro o Jorge Robledo (del Moir), más cercanas a la otra izquierda del continente -la de Castro, Chávez y Evo Morales-, con otras de tendencia reformista que consideran que la viabilidad futura depende de conservar el centro-izquierda. Por ahora, los dirigentes consideran que la unidad se puede mantener con base en un acuerdo de cuatro puntos: la defensa de la Constitución de 1991, el impulso a un nacionalismo moderno, un enfoque alternativo a la actual política de seguridad y la lucha contra el clientelismo y la politiquería. ¿Servirá esta fórmula como blindaje al canibalismo ideológico de otras épocas?
Por ahora, las conversaciones entre los delegados del PDI y AD siguen adelante. Este martes tendrán otra reunión en la que definirán los criterios para armar las listas al Congreso y unir ambas organizaciones. Para ello han nombrado una comisión en la que están presentes miembros de los movimientos que forman parte de la bancada de Alternativa Democrática: Opción 7, el Moir, la Alianza Social Indígena y el Movimiento Ciudadano, entre otros.
La idea es que a la convención del Polo, que se llevará a cabo la primera semana de junio -estratégicamente fijada una semana antes del Congreso Liberal-, los comisionarios lleguen con propuestas concretas. Estas incluirán la presentación de las candidaturas, de las reglas de juego de la consulta e incluso del nombre que llevaría la alianza. Lo del bautizo tampoco es tan simple, y para sellar la unión entre AD y el Polo ya se mencionan opciones como ’Polo Alternativo’.
Lo cierto es que más allá de la definición de las minucias electorales, y de que este sea un momento indicado para las alianzas, difícilmente podrá haber una coyuntura más favorable para hacer de la izquierda democrática un proyecto renovado y durable. Lo que no deja de ser una paradoja en momentos en que se volvió lugar común decir que el país se derechizó con la llegada de Álvaro Uribe al poder.

Es “libertad” de Juanes cantar en la Plaza de la Revolución en Cuba: Polo Democratico Alternativo Viernes 14 de agosto de 2009 //-->
El Polo Democrático se pronunció al polémico tema que ya cuenta con alcances Políticos, sobre el concierto que organiza Juanes en Cuba.
Juanes le ha dicho a los medios de diferentes países americanos que “ir a Cuba es un símbolo de que es tiempo de Cambiar”
La decisión del Cantante Colombiano Juanes, de realizar un concierto por la paz en Cuba, y más en la plaza de la revolución, ha creado una fuerte oposición para el exilio Cubano que no acepta que se haga un concierto, donde según ellos, no existe libertad.
El Partido Polo Democrático Alternativo se ha pronunciado frente a esta polémica que ha tomado un tinte Político Internacional, aduciendo que es libertad del artista Colombiano de cantar en cualquier plaza pública, además que es por una buena causa: La paz del planeta.
“En esa Plaza de la Revolución en Cuba, ha estado el Papa Juan Pablo II, entonces no vemos por que razón no puede estar un artista cuyo fin benéfico es buscar la Paz y la tolerancia entre las naciones”.
Por su parte Juanes, dijo en el programa de televisión Aquí y Ahora, de la cadena estadounidense Univisión, que ir a Cuba es un símbolo de que es tiempo de cambiar las mentes, una oportunidad de decirle al mundo que las "personas tienen que cambiar",
En Miami, lideres del exilio Cubano están convocando a una destrucción de los discos del cantante antioqueño en protesta por dicho concierto. Sin embargo, cientos de colombianos han expresado su rechazo a estos actos, que lo único que incitan es a la violencia.
Ha este concierto por la Paz organizado por los autores de A Dios le pido y La camisa negra, tendrá lugar en La Habana el próximo 20 de septiembre y asistirán artistas de Estados Unidos, España, Venezuela, México, Puerto Rico y Argentina.

Jueves 13 de agosto de 2009, por Juan Roque - MOPASSOL-Inredh
Apenas unos días antes de dejar el gobierno, en una ceremonia en la Casa Blanca, el entonces presidente George W. Bush, le otorgó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez la distinción civil más alta que puede otorgar el Presidente de Estados Unidos. “Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho”, acto seguido el Gobierno norteamericano le entregó la Medalla de la Libertad.
Con la nueva administración del presidente Obama, Uribe se propuso intensificar los lazos con Estados Unidos; para ello propuso cinco iniciativas: reforzar la lucha contra el narcotráfico, profundizar la lucha contra el lavado de dinero, luchar contra la corrupción y una reforma jurídica para luchar contra el narco lavado. Casi la agenda completa norteamericana para América Latina. Uribe hace honor a la medalla de la libertad.
Y ahora, como todos sabemos, la pata militar hace pié con los acuerdos entre ambos países. ¿Y UNASUR? Queda claro que Colombia está privilegiando la alianza con Estados Unidos y todo parece indicar, intentará, quizás con la ayuda de algún otro país, enfriar la Unión de Naciones del Sur.
Pero quiero enfocarme en el tópico del título.
El convenio entre ambos países establece la presencia de unos 800 militares y otros 600 contratistas.
En América del Sur el término contratista está más bien vinculado a sectores descentralizados que hacen tareas que las grandes empresas e incluso el Estado no puede hacer por diversas razones. Si un gobierno quiere una encuesta o un estudio determinado puede contratar a una empresa para que esta a su vez contrate el personal para ese fin, de esa forma, ante cualquier problema, por ejemplo de índole laboral, el Estado no tendría nada que ver, porque es una cuestión de la empresa contratista con sus contratados, es decir, son actos privados.
Decir que en Colombia 600 contratistas van a ser parte del convenio militar, no quiere decir que serán 600 sociólogos, médicos, antropólogos, etc. Lo que quiere decir el contrato es que serán 600 mercenarios, hombre que se codean con la muerte y la tortura.
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene cinco fuerzas armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y los Contratistas.
Veamos quiénes son estos contratistas. Jeremy Scahill revela en su libro “Blackwater, el ejército mercenario más poderoso del mundo” que en la mañana del 31 de marzo de 2004 una columna armada norteamericana de la Blackwater ingresaba a Faluya, Irak. Fueron atacados por milicianos rebeldes iraquíes que descargaron sus armas sobre la columna blindada del ejército privado norteamericano.
De inmediato, cuenta Scahill en su libro, más de 300 personas se congregaron en el lugar del ataque y sacaron del interior de los vehículos militares los cuerpos carbonizados y los colgaron de un puente sobre el río Éufrates. La imagen dio la vuelta al mundo. Todo el mundo creía que eran marines, pero no, eran mercenarios. El presidente Bush, que estaba de campaña dijo “Este atajo de asesinos (iraquíes) está intentando minar nuestra voluntad… pero los derrotaremos allí, para no tener que enfrentarlos en nuestro propio país”
Ese grupo mercenario continuó violando todas las leyes y convenciones sobre la guerra porque no respondían a ninguna ley. Al no ser un ejército irregular, una empresa, las leyes no se le pueden aplicar. Soldados norteamericanos han sido acusados y juzgados por asesinato y torturas en Irak, pero el Pentágono no ha sometido a sus numerosas fuerzas privadas a los mismos criterios. Incluso, en 2006, en una reunión de una comisión de investigación del Congreso dedicada a la investigación de los contratistas, el director del Pentágono en esa área, interpelado por la comisión, no supo explicar por qué ningún contratista había sido acusado de ciertos delitos arto demostrado. Pero entones, dice un diputado, “estos contratistas pueden asesinar impunemente cuando quieran porque no parecen estar sujetos a ley alguna y por consiguiente tienen licencia para tomarse la ley en sus manos”
Blackwater ha declarado abiertamente que sus fuerzas están por encima de la ley, sin embargo los contratistas operan bajo un código de conducta redactado por la propia empresa denominada “Asociación Internacional de Operaciones de Paz”. Interesante garantía humanitaria.
Poco tiempo después, el gobierno iraquí se negó a renovar la licencia de Blackwater tras el asesinato de diecisiete iraquíes en la Plaza Nisoor de Bagdad, ocurrido en 2007. No hubo investigación ni juicio, solo un intento de revocación de licencia. Digo intento porque luego la Blackwater, que ahora se denomina ‘Xe’, continuará trabajando en otras zonas de Irak. La empresa Triple Canopy tomará el lugar de Blackwater en Bagdad y se espera que recontrate a muchos de sus viejos guardias.
Como si fuera poco, en julio de este año, estas empresas contratistas han convencido al presidente Obama para que anule una prohibición del Congreso que prohibía a los contratistas estar presentes en las sesiones de interrogatorios a los combatientes enemigos.
¿Queda alguna duda que ahora los contratistas son la quinta fuerza armada de los Estados Unidos? El presidente Uribe, cuando visite a los presidentes de la región ¿explicará los alcances reales del convenio militar con los Estados Unidos o solamente se ceñirá a los aspectos formales?
Sería bueno, muy bueno, que alguna comisión parlamentaria de la oposición colombiana inicie una investigación sobre las tareas que cumplirán los contratistas como así también el marco legal y sus alcances de inmunidad e impunidad.
Ya se dice que las guerras del futuro no serán entre ejércitos regulares o nacionales, serán entre empresas privadas a nombre de terceros países.
¿No es este un tema urgente a debatir en el naciente Consejo de Defensa Sudamericano? Que las empresas contratistas/mercenarias empleen mano de obra latinoamericana es una cosa, pero que ahora ya estén operando en nuestro suelo, parece demasiado.

Este sábado
PSUV llama a movilización nacional en apoyo a la LOE y contra bases militares de EEUUAgosto 20, 2009 - 11:11 (lmorales)

Foto archivo
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La dirigente del PSUV, Vanesa Davies hizo un llamado a organizaciones de oposición a rechazar el convenio militar Colombia - Estados Unidos / Esta actividad se realizará en la AN y todas las plazas Bolívar del país este sábado, a partir de las 09:00 am
Por medio de Vanesa Davies, coordinadora de comunicación y propaganda, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a los venezolanos a participar este sábado en una gran movilización en apoyo a la Ley Orgánica de Educación y contra las bases militares estadounidenses que serán instaladas en Colombia.
Informó Davies que la concentración principal se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en la Asamblea Nacional (AN), en Caracas, así como en todas las plazas Bolívar del país.
La dirigente del PSUV hizo un llamado a las organizaciones de oposición para que en "pro de la patria" y de la vida de sus militantes se pronuncien en contra de la instalación de las bases estadounidenses en el vecino país.
Dijo la dirigente que en esta actividad están invitados todos los venezolanos, sin importar que sean o no militantes del partido político.
"Queremos vivir en paz, nuestro pueblo quiere paz, por eso nos movilizaremos en contra de las bases militares, que amenazan a Venezuela y a toda América Latina", agregó Davies.
La dirigente del PSUV ratificó que, estas bases no son para la lucha contra el narcotráfico, 'son bases para amenazar a Venezuela, a Ecuador y a todos los gobiernos progresistas de América Latina'.
(VTV/ABN)

Por: Carlos A. Lozano Guillén Mirador VOZ Ed. 2505 de 2009Aunque según el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, el apremio sobre el comandante de las FARC-EP, Alfonso Cano, es enorme y no hay un minuto de tregua en la persecución de la Fuerza Pública, el jefe guerrillero sacó el tiempo y la tranquilidad para llamar desde su teléfono satelital a monseñor Darío Castrillón al Vaticano, según lo reveló el propio purpurado, y también hasta para sentarse, con la mayor comodidad, a responder un largo cuestionario, vía internet, que le hizo llegar la revista Cambio y que ésta publicó en la edición de la semana pasada.La entrevista ha sido tema de análisis de politólogos y especialistas en el conflicto colombiano, así como de numerosos comentarios de prensa, con mayor razón cuando se trata de las primeras declaraciones de Alfonso Cano a un medio de comunicación colombiano. El presidente Uribe Vélez, en su particular “dialéctica de las pistolas”, con toda seguridad sin leer la entrevista, decidió arremeter contra el comandante guerrillero, porque “No podemos convertir a los criminales en legítimos contradictores. Esos bandidos pasarán de sus escondites y su protagonismo mediático a la cárcel”. Algo muy propio del que no tiene ideas para justificar sus políticas guerreristas y violentas. Siga..

La Cumbre Social y Política se realiza en un momento de importantes definiciones para el presente y futuro democrático en Colombia. Las élites reaccionarias vienen agrupando a diversas vertientes de la política tradicional alrededor de la continuidad del régimen autoritario y guerrerista de la “Seguridad Democrática”. El acuerdo militar que de manera omnímoda le entrega al imperialismo norteamericano siete bases en el territorio nacional, constituye un instrumento político de la reacción para prolongar por un tercer periodo el mandato del presidente Uribe. La profundización de la crisis fronteriza es consecuencia de la extensión del Plan Colombia al Sistema Andino, que con la ubicación de la IV Flota Naval del los EEUU en el mar Caribe, se ciernen como amenaza intervencionista a los procesos de transición democrática en Venezuela y Ecuador.La política orientada a desconocer UNASUR y que ha puesto en crisis las relaciones de convivencia en América Latina es un reflejo de la línea derechista del régimen colombiano actual. La crisis económica ha golpeado de manera sensible amplios sectores sociales y de los trabajadores. La tendencia recesiva en importantes ramas de la producción, la creciente pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la demanda, la precarización laboral y el aumento de la pobreza son signos inequívocos del agotamiento del modelo neoliberal y la confianza inversionista. Es la consecuencia de la política que privatiza los servicios públicos esenciales, subasta las empresas nacionales y los recursos naturales a las grandes multinacionales y el capital financiero transnacional. Todo con el único fin de acondicionar al país a la expansión del capital globalizado a través de los tratados de libre comercio, de contratos y concesiones para los megaproyectos que destruyen el medio ambiente y financian el paramilitarismo que expulsa comunidades enteras y pueblos ancestrales de sus territorios milenarios.El desplazamiento forzado, que ya supera los cuatro millones, es una consecuencia de la prolongación de la política contrainsurgente, de carácter permanente que agencia el Estado y con la que confronta el conflicto armado y la rebeldía social de masas. La expropiación violenta de la tierra y la legalización de títulos (gracias a la ley de justica y paz) ha fortalecido el latifundio, mientras que el lucrativo negocio de los agrocombustibles es subsidiado con los recursos públicos. La pequeña producción campesina es asfixiada por el aumento de los costos, la monopolización de los mercados y la competencia desleal. La contra reforma agraria está conduciendo peligrosamente al país al desabastecimiento y la pérdida de la soberanía alimentaria.Este cuadro socio – económico explica el escandaloso crecimiento de las desigualdades en la sociedad colombiana. La acelerada pérdida de los derechos sociales y políticos es producto de la negación mercantilista del acceso universal a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna. La feroz ofensiva patronalista desatada contra el movimiento sindical está asociada al exterminio físico de dirigentes y organizaciones debilitando su capacidad de respuesta. Colombia demanda con urgencia un cambio político. La premisa para alcanzar la paz democrática y con ella el restablecimiento de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales es precisamente derrotar a Uribe y su proyecto político en el 2010. Pero además, es necesario comprender que esto no es posible sin la unidad entre las diversas luchas del pueblo y su intervención en la contienda política electoral a través de la conformación de un bloque alternativo de fuerzas, surgido de una amplia convergencia social y popular en la cual puedan integrarse los partidos y movimientos políticos que se identifiquen con un programa democrático de unidad popular. Sólo a través de la unión de muchas voluntades y propósitos se logrará la fuerza suficiente para derrotar el proyecto de reelección indefinida de la ultraderecha colombiana.Este crisol de la unidad popular puede ser la Cumbre Social y Política si la miramos como un proceso y no como un evento más en Bogotá. No basta entonces con sólo visibilizar las luchas sectoriales y construir una agenda de los movimientos sociales. A estos esfuerzos debe sumarse una apuesta programática unitaria. Por ende, es preciso delinear con claridad los ejes programáticos de la acción llamada a interpelar en la movilización social la política del actual gobierno. Este programa debe propiciar acercamientos con los partidos y movimientos políticos a fin de crear las condiciones para forjar una gran alianza, que permita enfrentar como un gran bloque de oposición al candidato - presidente en la primera vuelta en el 2010. Esto es lo principal en la búsqueda de un cambio en la dirección política y en la composición del poder en Colombia. A continuación aportamos al debate 5 ejes como base programática para la construcción unitaria de una política de alianzas para el movimiento obrero y popular:
1. RECHAZO A LAS BASES MILITARES AL SERVICIO DEL COMANDO SUR, DE LA IV FLOTA, DEL PLAN COLOMBIA, DEL TLC Y EN FAVOR DE LA UNIDAD E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. En este sentido es esencial el rechazo a toda forma de intervencionismo militar e injerencia en los asuntos internos, para lo cual es imprescindible la terminación del Plan Colombia y los acuerdos de cooperación militar que involucre la presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Colombia no puede seguir aislada de las dinámicas de cambio en el continente. Es preciso promover una política exterior basada en la solidaridad, la amistad, la cooperación, el apoyo mutuo y la construcción de alianzas estratégicas en función de un proyecto de integración emancipadora de los pueblos de nuestra América.2. UNIDAD PARA UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO DE AMPLIA CONVERGENCIA Y COALICIÓN POPULAR. Ello implica defender y ampliar las libertades y garantías consagradas en la carta del 91, el pleno respeto de los derechos humanos y de los derechos de los (las) trabajadores (as). Además es necesario impulsar desde abajo y con amplios sectores de la sociedad, un proceso constituyente que permita devolverle el protagonismo a los ciudadanos en los cambios profundos que requiere el país para alcanzar la democracia plena, la justica social y la paz.3. DESMONTE DEL MODELO NEOLIBERAL Y ADOPCIÓN DE UN PROGRAMA DE REFORMAS QUE RECUPERE EL CONTROL SOCIAL SOBRE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS. Es necesario que el nuevo gobierno ponga en marcha un plan de emergencia para la recuperación del empleo digno a partir de la inversión pública con participación de los trabajadores y las comunidades que comprometa la empresa privada. Esta política debe permitir la redistribución del ingreso, la restauración progresiva de los derechos sociales y el reforzamiento de la educación pública de calidad en todos los niveles y territorios del país. Este viraje implica la renuncia al TLC con los EEUU, el control de capitales y cambios, y la reorientación hacia la cooperación económica estratégica en el marco de la unidad e integración latinoamericanas. A lo que deben agregarse medidas de reforma agraria, con restitución de tierras a los refugiados internos, la creación de reservas campesinas, el crédito, la asistencia técnica y el desarrollo de una política de seguridad alimentaria y preservación del medio ambiente.4. ACUERDO NACIONAL DE PAZ QUE PERMITA UNA SOLUCIÓN POLÍTICA Y PACÍFICA DEL CONFLICTO INTERNO. La decisión política de poner fin a la guerra está asociada a las reformas sociales y políticas que permitan superar las causas estructurales de la confrontación armada. Las partes deberán comprometerse al cese de hostilidades para iniciar por vía del diálogo un proceso de negociación que conduzca hacia un tratado de paz justo y democrático, con participación amplia de la sociedad y con plenas garantías para la verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición para las víctimas del conflicto armado en toda su dimensión histórica. Este acuerdo de paz deberá ser ratificado popularmente en un plebiscito. El impulso del intercambio humanitario deber ser un primer paso para avanzar en esta dirección. 5. PLAN NACIONAL Y MULTILATERAL CONTRA LAS DROGAS Y APOYO INTERNACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE NARCOECONOMÍAS. Una política efectiva de lucha contra el narcotráfico debe superar como eje central el aspecto de la prohibición. No es con fumigaciones indiscriminadas, la ruina de la pequeña economía campesina y del medio ambiente como se va a romper el círculo vicioso del negocio de estupefacientes. Sólo a través de la recuperación de la producción agrícola, de una reforma agraria que redistribuya la tierra, de subsidios a la producción alimentaria y una apuesta efectiva por una política de paz que permita el retorno al campo, puede lograrse la sustitución de las narcoeconomías y la derrota de los carteles y mafias con todo su poder corruptor de la sociedad y las instituciones del Estado. Aportes del Partido Comunista Colombiano, PCC, a la Cumbre Social y Política. Bogotá D.C. 20 al 22 de agosto de 2009.
Publicado por JAIME CAICEDO TURRIAGO en 9:32 0 comentarios Enlaces a esta entrada

Prensa PCC
Bogotá- La cumbre social y política que se reúne en la capital colombiana con participación de centenares de organizaciones sindicales, comunitarias, indígenas, juveniles, culturales, ambientalistas, políticas de oposición al régimen de Uribe Vélez, aprobará la realización de amplias movilizaciones contra la segunda reelección presidencial y el conjunto de políticas antisociales del mandatario.Alfonso Silva, vocero de la minga social y comunitaria en la cual están como fuerza principal las organizaciones indígenas , informó que propondrán en las 14 mesas de trabajo de la cumbre que culmina el sábado 22 de agosto en el teatro de la Universidad La Salle, fortalecer la agenda nacional aprobada en la reunión de Ibagué en la que establece un gran encuentro de los pueblos el próximo 12 de octubre en el Departamento del Cauca con movimientos de todos los sectores desde distintos lugares del territorio nacional.

OS AMIGOS DE URIBEEL 90% DE ESTE LISTADO SON AMIGOS Y/O APOYARON A URIBE EN LAS ELECCIONES DEL 2002 Y 2006.Aceptación de cargos- Miguel de la Espriella, ex senador de Córdoba.-Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, detenida en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá.-Jorge Luís Caballero, ex representante del Magdalena, en los próximos días aceptará cargos. Está detenido.-Rocío Arias, ex representante a la Cámara, se encuentra en libertad y a la espera de que se emita su medida de aseguramiento.-Muriel Benitorevollo, ex representante a la Cámara, se encuentra detenida en el Buen Pastor y en los próximos días se someterá a sentencia anticipada.-Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba, detenido.Condenados-Eric Morris, representante a la Cámara. Seis años de prisión y 2 mil salarios mínimos.-Alfonso Campo Escobar, ex representante. Multa por más de 1.600 millones de pesos y prisión por seis años.-Trino Luna, ex gobernador de Magdalena. Cárcel por 3 años y ocho meses.-Nelson Stanp Berrío, ex diputado de Sucre. Multa de 430 millones de pesos y prisión por tres años.-Edilberto Castro, ex gobernador del Meta.-Miguel Ángel Pérez, ex gobernador del Casanare. A seis años de prisión, aunque fue por enriquecimiento ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la parapolítica, fue una de las primeras en hacerse en contra de un político vinculado las autodefensas.A juicio-Dieb Maloof, ex senador, renunció a su investidura, detenido.-Jairo Merlano, ex senador, renunció a su investidura., detenido.-Álvaro Araujo, ex senador, renunció a su investidura. Detenido.-Álvaro García, ex senador, renunció a su investidura., detenido.-Mauricio Pimiento, ex senador, César, renunció a su investidura., detenido.-Luís Eduardo Vives, ex senador, Magdalena, renunció a su investidura. detenido.-Juan Manuel López, ex representante, Córdoba, renunció a su investidura.Detenidos-William Montes, senador, Bolívar, detenido.-Karelly Lara, representante, Magdalena, detenido.-Reginaldo Montes, senador, Bolívar, detenido.-Jorge Luís Caballero, ex representante, Magdalena, renunció a su investidura. Detenido.-Ángel Daniel Villareal, diputado, Sucre, detenido.-Jhony Guillermo Villa, diputado, Sucre, detenido.-Walberto Estrada, diputado, Sucre, detenido.-Pedro Pestana (líder indígena), bajo jurisdicción de el resguardo San Andrés de Sotavento, Sucre-Antonio de Jesús Martínez (líder indígena)Indagatoria-Vicente Blel, senador, Bolívar, detenido.-Luís Humberto Gómez, senador conservador, detenido.-Mario Uribe, senador, Antioquia, renunció a su investidura-Luís Alberto Gil, senador, Santander, renunció a su investidura-Óscar Josué Reyes, senador, Santander-Luís Alfonso Riaño, representante, Santander-Luís Carlos Torres, senador, Meta-Jairo Fernández, representante, Sucre-Carlos Clavijo, ex senador-Gonzalo García, representante, Tolima-Hernando Molina, gobernador-Luís Carlos Ordosgoitia, ex congresista, Córdoba, detenido.-Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara-Álvaro Morón Cuello, representante, César-Jassir Farak Mendoza, diputado, Sucre-José Manuel Herrera, representante, Santander, renunció investidura-Oscar Wilchez, representante Casanare, detenido.-Álvaro Antonio Cabrales-Edwin José Mussi Restom, ex alcalde de Ovejas, Sucre-Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, N. de Santander-William Pérez, ex gobernador de Casanare-Mauricio Esteban Chaparro, ex alcalde de Sabanalarga, Casanare-Jorge Eliécer López Barreto, ex alcalde de Tauramena, Casanare-Henry Montes Montes, ex alcalde de Maní, Casanare-Raúl Cabrera Barreto, ex alcalde de Villanueva, Casanare-Aleyder Castañeda, ex alcalde de Monterrey, casanare-Leonel Torres, ex alcalde de Aguazul, Casanare-César Ricardo Chapín, ex alcalde de Tamalameque, Bolívar-Rosa Stella Ibáñez, ex alcaldesa de Soledad, Atlántico-Fulgencio Olarte Morales, ex alcalde de Zona Bananera, Magdalena-Luís Saleman, ex alcalde de San Onofre, Sucre-Nazly Zambrano, ex alcalde de Algarrobo, Magdalena-José Francisco Zúñiga, ex alcalde de Santa Marta, MagdalenaVersión libre-Óscar Suárez, senador, Antioquia-Mauricio Parodi, representante, Antioquia-Ciro Ramírez Pinzón, senador conservador, Boyacá-Dispón Ferney Tapasco, representante a la Cámara-Rubén Darío Quintero, senador, Antioquia-Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda-Gonzalo García Angarita, representante, Tolima-Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara-Edgar Benitorevollo, ex diputado, SucreIndagación preliminar-Miguel Pinedo, senador Magdalena-Julio Manzur, senador, Córdoba-Zulema Jattin, senadora, Córdoba-Habib Merheg, senador, Risaralda-Héctor Julio Alfonso, ex representante de Bolívar, renunció a su investidura.-Fernando Tafur, representante a la Cámara, Bolívar-Adriana Gutiérrez, senadora, Caldas-Gabriel Zapata, senador, Antioquia-Guillermo Rivera, representante, Putumayo-Luís Fernando Almario, representante, Caquetá-Jorge Anaya, gobernador, Sucre-Sabas Enrique Balseiro, alcalde de San Onofre-Musa Basaile Fayad, representante, Córdoba-Rodrigo Burgos de La Espriella, ex senador, Córdoba- Freddy Sánchez, ex congresista, Córdoba-Remberto Montes, ex congresista, Córdoba-Álvaro Antonio Cabrales Hodeg, diputado, Córdoba-Sigifredo Mario Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierra Alta, Córdoba-Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba-José María López, ex gobernador, Córdoba-Emilio Enrique Ángel Barco, Partido Liberal-Hernando Díaz Mendoza, ex alcalde de la Jagua de Ibérico-Aleider Castañeda, ex alcaldesa de Monterrey, Casanare-Jorge Luís Feris Chadid, ex congresista-José María Imbeth, ex representante, BolívarMencionados-Javier Cáceres, senador, Bolívar.-David Char, senador, Atlántico-Mussa Besaile, representante-Luís Alfredo Ramos, ex senador y Gobernador de Antioquia-Piedad Zuccardi, senadora-Alonso Salazar Jaramillo, Alcalde de Medellín-Luís Élmer Arenas, senador, aparece en los correos de ‘Ernesto Báez’.-Nelly Blanco, diputada, Sucre-Pedro Patrón Luna, ex alcalde de Coveñas-Daniel Contreras Serje, alcalde de El Guamo-Guillermo León, alcalde de San Jacinto-Efrén Hernández, ex gobernador de Casanare-Guillermo Jaramillo Martínez, ex gobernador de Tolima-Jorge Rafael Garay, ex acalde de Coveñas, Sucre-Pedro Patrón Luna, ex alcalde-Mario Prada, ex alcalde de Valencia, Córdoba-Salomón Nader, ex congresista- Libardo López-José María López-Mario Pineda, ex alcalde de Valencia-Ferney Bertel, ex alcalde de Buenavista-Rodolfo Montes, ex alcalde de Lorica-Martín Álvarez, ex alcalde de San Antero-Moisés Nader, ex alcalde de Montelíbano-Wilson Negrete, ex alcalde de San Bernardo del Viento-Julio Álvarez, ex alcalde de Chinú-Carlos Rodríguez, ex alcalde de Chinú-Carlos Vergara, ex alcalde de Puerto Escondido-Nelly Blanco, diputada, Sucre-Libardo Simancas, ex gobernador de Bolívar-Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, ex concejal de Santa Marta, MagdalenaVolver a la página principal
Publicado por Carlos Lozano Guillen 1 en 10:52

Por: Sergio Salazar (Delegado Internacional en la Coordinación Nacional de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo).
Mientras el presidente “del segundo país más feliz del mundo” Colombia , anunciaba el establecimiento de cinco bases militares estadounidenses (Hoy se habla hasta de siete) en su territorio, producto de una negociación secreta que atenta contra la soberanía, la autodeterminación y la estabilidad regional, una delegación de 3 jóvenas y 3 jóvenes del Polo Democrático Alternativo (PDA) visitaban varios países del viejo continente denunciando las funestas consecuencias que para el pueblo colombiano -y en especial para los jóvenes- viene causando la llamada política de seguridad democrática implementada desde el 2002 hasta la actualidad por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.A mediados del mes de julio, España fue el primer escenario en el que la delegación juvenil del PDA coincidió con jóvenes y militantes del PDA-España, organizaciones juveniles de izquierda y organizaciones sociales que trabajan solidariamente con el pueblo colombiano, intercambiando experiencias e iniciativas de trabajo.Dada la invitación especial al Festival Mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas IUSY, la delegación viajó a Zanka (Hungría) donde participaron más de 3000 jóvenes del planeta en una semana de discusiones, seminarios, talleres y actividades bajo el lema “Desarrollo para la Libertad – Nuestra guerra contra la pobreza”. En este espacio los jóvenes del PDA intervinieron de manera activa en los debates políticos relacionados con la crisis económica mundial, la pobreza, conflictos, migraciones, cambio climático, los cambios en América Latina, entre otros, logrando evidenciar que hoy el centro del conflicto en Colombia es la profunda crisis humanitaria, la grave crisis económica, política, social, ambiental; situación hasta ahora ajena para muchas de las organizaciones participantes.
El 22 de julio la delegación visitó París, los anfitriones fueron colombianas y colombianos miembros del PDA-Francia, quienes organizaron una importante agenda de reuniones bilaterales de alto nivel con los partidos de izquierda francesa y algunos de sus gobiernos locales, así como un acto público en las instalaciones de la sede nacional del Partido Comunista Francés. En la ciudad de Berlín igualmente el PDA Alemania los recibió y coordinó reuniones bilaterales con los partidos de la izquierda Alemana y sus organizaciones juveniles, entrevistas a medios de comunicación alternativos, encuentros con diplomáticos latinoamericanos y un acto público masivo cargado de emotividad y esperanza. La gira finalizó en el centro de los asuntos europeos, Bruselas, donde la Asociación de Refugiados Latinoamericanos y del Caribe recibió fraternalmente la delegación y organizó una serie de entrevistas con medios de comunicación, con el reconocido periodista belga Michel Collon y un concurrido acto político público en las instalaciones del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.La ciudadanía europea, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, etc., se han acercado al drama que vive la mayoría del pueblo colombiano en medio de un conflicto armado interno que reporta al día de hoy una de las más grandes crisis humanitarias del mundo, agudizada por el desconocimiento de los problemas estructurales de la sociedad colombiana y el tratamiento equivoco que se les da, por la vía militar con el apoyo y auspicio de distintos gobiernos, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea.En cada escenario, la delegación juvenil del PDA aclaró e hizo énfasis sobre el posicionamiento de los grupos paramilitares en territorio nacional bajo el auspicio y complicidad del gobierno colombiano, su falsa “desmovilización” a través de la ley de justicia y paz, su influencia en los procesos electorales bajo la coerción militar, el gran porcentaje de parlamentarios y altos cargos del gobierno Uribe y su conexión con el paramilitarismo y el narcotráfico. El delito de cohecho para la reelección en 2006, las fosas comunes, los hornos crematorios, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las detenciones masivas y arbitrarias, los montajes judiciales a la oposición, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes conocidas como “falsos positivos”, el nepotismo, los lesivos Tratados de Libre Comercio (TLCs), el destino de los dineros de cooperación y solidaridad internacional, y el sin número de atrocidades cometidas desde el año 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra el pueblo colombiano.
En este marco los jóvenes llamaron a la solidaridad y cooperación para la paz real, es decir a realizar acciones para solventar las profundas raíces de exclusión económica, política y social cimentadas históricamente en la sociedad colombiana, origen y alimento del conflicto armado interno. La delegación llamó la atención sobre la necesidad de Acuerdos Humanitarios urgentes que garanticen los derechos fundamentales de la población inmersa en el conflicto y sobre la necesidad de una Solución Política Negociada al Conflicto de acuerdo a los protocolos internacionales de Derechos Humanos. También se pronunciaron a favor de una integración regional bajo los principios de soberanía y autodeterminación, rechazando toda injerencia de potencias extranjeras a través de acuerdos comerciales como los TLCs o la injerencia militar directa por parte de Estados Unidos. Llamó a estar atentos a la amenaza de las bases militares en territorio Colombiano, a estar observantes a la violación sistemática de los derechos del pueblo colombiano y a rodear tanto los procesos de movilización política y social que se darán a partir del segundo semestre de 2009 como también de los procesos electorales del año 2010.El trabajo de denuncia y solidaridad que realizan las y los colombianos que viven en el viejo continente por diferentes razones –principalmente por exilio- ha hecho eco con el llamado de la delegación juvenil y han sido escuchados en una sola voz de esperanza que grita que otra Colombia es posible. Se han fortalecido los lazos de fraternidad con organizaciones políticas y sociales, se ha multiplicado la denuncia a diferentes latitudes del planeta y los ojos del mundo apuntan con mas fuerza al rincón noroccidental de Suramérica, la comunidad internacional grita por el final del terrorismo de estado en Colombia reconociendo la importancia de la unidad de la izquierda representada en el Polo Democrático Alternativo junto con los movimientos sociales y populares, tanto para llegar a los anhelados cambios que demanda Colombia urgentemente, como para transitar por la senda transformadora de la gran América de hoy que soñaron Hidalgo, Martí, Bolívar, Sucre, San Martín y los tantos miles y miles de héroes que dejaron y siguen dejando sus vidas por un mundo más justo, libre y en paz.pcc/Sergio Salazar

De: popular rocio <popularocio@yahoo.com.ar>Fecha: 4 de agosto de 2009 12:13Asunto: urgente repudio a visita de Uribe

¡Por la unidad y el equilibrio del continente suramericano!
¡Por el respeto a la democracia que se viene construyendo en los países hermanos!
¡Por solidaridad con el pueblo colombiano que ha sufrido los embates de décadas de terrorismo de estado y conflicto interno!

¡NO A LA UBICACIÓN DE BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN COLOMBIA!

¡Movilización contra la visita del genocida Uribe a la Presidenta de la Nación en la Casa Rosada!

1. Durante los últimos años la intervención de Alvaro Uribe Vélez en el gobierno Colombiano a través de un programa de seguridad con apoyo y financiación del gobierno norteamericano, ha tenido como resultado:
2. La disminución del 35 al 25 % de la población rural del país.
3. La salida del país por parte de 5’000.000 de personas. Varias de ellas habitantes actuales de la nación argentina.
4. 4’000.000 de personas desplazadas.
5. La mitad de la población viviendo en la pobreza o la indigencia.
6. Colombia se convirtió en el país más riesgoso para la defensa de los derechos humanos.
7. Una cifra desconocida de víctimas por el velo de impunidad y desinformación que reina en el país junto con la continuación de acciones bélicas al interior del territorio, pero que según el Tribunal Permanente de los Pueblos alcanza 300.000 en los últimos 10 años.
8. Colombia es el único país en donde se practica fumigación o aspersión aérea de glifosato. Con este método el Estado ha acabado con cosechas enteras, contaminando fuentes de agua, ha generado enfermedades y la muerte de menores.
9. 25 comunidades indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer.
10. La mayoría de los derechos humanos se violan a la mayoría de la población
11. No ha sido posible concretar un acuerdo de paz que permita mínimamente la liberación de secuestrados y rehenes.
12. Continuos ataques al territorio ecuatoriano y a la legitimidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.
13. La implementación de políticas paramilitares como ejemplo para mandatarios que vean con buenos ojos los sistemas represivos.

Por lo anterior

¡MOVILIZACIÓN!


JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2009HORA 9:45 HRSPLAZA DE MAYO


MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
(MOVICE-CAPITULO ARGENTINA)

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
(PDA-CAPÍTULO ARGENTINA)
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA (REDHER)

La política exterior de Colombia en la relación con
los Estados Unidos y América Latina
Medófilo Medina
Revista virtual Razón pública
Colombia Plural
En medio de la confrontación con los vecinos, Colombia subordina su política exterior a su conflicto interno y a las políticas de Estados Unidos. Recuerdos inquietantes de Laureano Gómez, de los orígenes del Plan Colombia y de un reciente documento del Pentágono sobre la base aérea de Palanquero.
En el ojo del huracán
Está de nuevo Colombia en el ojo del huracán en las relaciones con los países vecinos. Es claro que la tempestad no se desprendió de un cielo sereno. En el párrafo final de un texto de análisis de la confrontación colombo-venezolana a propósito del caso Granda (13 de diciembre de 2004 - 18 de febrero de 2005) publicado en 2005, anoté: “Los motivos y situaciones objetivas que dieron lugar a la crisis están en pie. Una de las hipótesis que se ha esbozado a propósito del conflicto interno colombiano es la de su regionalización. Esta posibilidad está cargada de peligros para la preservación de la paz, al menos en los países andinos“[1].
Era una reacción escéptica frente a las declaraciones optimistas y de renovado afecto de los presidentes Uribe y Chávez, expresadas con ocasión de la visita del 18 de febrero de 2005 que el primero realizó a Venezuela. Dijo entonces el anfitrión: “Hemos decidido dar la vuelta a la página. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista“. Respondió el visitante: “No veía la hora de venir, pues el diálogo entre hermanos hay que mantenerlo y profundizarlo“[2]. Desde entonces hasta ahora se han registrado cuatro episodios de crisis entre los dos países.
Por otra parte, el ataque del las Fuerzas Armadas colombianas al campamento de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008 abrió el frente de conflicto con Ecuador. La hostilidad entre los dos países se ha mantenido y en la actualidad se ha incrementado peligrosamente.
El convenio para el uso de las bases militares colombianas que reemplazarán las funciones estratégicas que cumplía para el Pentágono la base de Manta en Ecuador ha implicado un escalamiento del conflicto en toda la región y una ampliación geográfica de su influencia. Michelle Bachelet y Luiz Inácio Lula da Silva han pedido la convocatoria del Consejo de Defensa Suramericano, órgano de defensa de UNASUR. Se pide al presidente Uribe explicar en ese escenario los alcances del acuerdo de cooperación militar con E.U. El gobierno colombiano ha expresado su intención de no asistir a la reunión de UNASUR que tendrá lugar el 10 de agosto y en la cual asumirá Ecuador para el próximo período la presidencia rotativa del organismo.
La continuidad a manotazos
Si se miran los distintos episodios que azarosamente van acotando el curso de la política exterior de Colombia, y si se tiene en cuenta su renuncia a considerar la visión internacional de los vecinos, se tiene la impresión de estar ante una política jalonada a manotazos. Más allá de esa percepción no injustificada, es posible advertir también una línea de continuidad, al menos durante el último decenio. Los dos elementos principales que caracterizan esa política son: (1) La inextricable asociación del curso exterior con la guerra interna contra la subversión, y (2) El alineamiento incondicional con la visión y las maneras como los Estados Unidos desarrollan sus intereses estratégicos en la región y en el mundo. En este punto es pertinente una digresión. Para cualquier país es cierto que la política exterior está vinculada a la interna. Pero ello no quiere decir que esa relación se haga con el privilegio asimétrico de un solo factor: el militar, como es el caso de Colombia.
También se va articulando cierta continuidad en la manera de reaccionar de los países que se sienten afectados por la política de seguridad de Colombia. No huelga al respecto recordar que con motivo de la firma del Plan Colombia en el año 2000, los gobiernos de los países que tienen fronteras con Colombia expresaron su preocupación aún cuando el mapa político de la región se diferenciaba notablemente del actual. El Plan Colombia no figuraba con antelación en la agenda de la cumbre de países suramericanos que inició sus deliberaciones el 31 de agosto de 2000. Sin embargo se le hizo objeto de controversia en dicha asamblea realizada en Brasilia.
En aquella ocasión dijo Fujimori: “Perú en su momento ha sido uno de los países en alertar del riesgo que significa introducir o tomar acciones de armas contra las guerrillas por un monto de tres mil millones de dólares“[3]. Gustavo Noboa, que tan obsecuente se mostró con los norteamericanos, acotó: “El Plan Colombia tiene muy preocupada a América, y con razón“[4]. El canciller brasileño Luis Felipe Lampreia señaló: “El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña“[5].
El establecimiento de la base de Manta en Ecuador y el Plan Colombia se inscribieron en la búsqueda por parte de los Estados Unidos de bases que llenaran el gran vacío que había dejado el retiro del Comando Sur de la Zona del Canal en Panamá. Hoy Manta no va más, pero la presencia militar gringa se refuerza en Colombia.
El recuerdo de una pesadilla
Por el detrimento de la soberanía nacional, el gobierno de la Seguridad Democrática sólo resulta comparable al de Laureano Gómez a comienzos de los años cincuenta del siglo XX. Recuérdese que no obstante que en América Latina reinaba el alineamiento junto a los Estados Unidos en el esquema planetario de la Guerra Fría, Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió tropas a la aventura norteamericana de Corea. De acuerdo con el decreto del 26 de diciembre de 1950 fueron despachados a Corea, la Fragata Almirate Padilla y un batallón de infantería. Así Colombia resultó, como anota la historiadora rusa I.G. Ilina, tomando parte en una guerra contra un país separado por el Océano Pacífico y con el cual jamás había tenido conflicto alguno.
En aquella coyuntura enseñoreada por el Gran Burundúm Burundá, Colombia y Estados Unidos firmaron el Pacto militar Bilateral el 17 de abril de 1952. El gobierno conservador no presentó el pacto a la aprobación del Congreso no obstante que el poder legislativo estaba integrado exclusivamente por miembros del partido de gobierno. Tan vergonzoso era el pacto que su texto no se publicaría en Colombia sino hasta 1960, ocho años después de firmado.
Hay un elemento que completa el sentido de la alusión a la política exterior de Laureano Gómez. Aquel borrascoso caudillo cargaba el estigma de su militancia a favor del Eje en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de esta. Era una cuerda más de la cual tiraba el Departamento de Estado para mantener a Gómez en sus manos. Las convenientes “filtraciones” de la CIA en nuestros días con respecto a supuestos nexos del Presidente Uribe o sus familiares, o la lectura de un reciente reportaje del embajador Frechette, me llevan a hacer memoria de las vulnerabilidades de Laureano y a admitir la importancia que pueden tener en los procesos políticos las circunstancias personales de un mandatario.
Después de firmado el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, tanto el Presidente Uribe como el canciller Jaime Bermúdez y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, han abundado en declaraciones sobre el respeto que estaría incorporado en el documento hacia la soberanía de otros Estados. Dijo el presidente Uribe: “Estos acuerdos nunca tienen por objeto crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana“[6].
Aún suponiendo sinceridad en esas palabras, surge la pregunta: ¿Están las autoridades colombianas en condiciones de responder por las acciones del personal norteamericano, cubierto por la inmunidad en los tratados? Y la alusión a la práctica colombiana, ¿puede resultar convincente a los venezolanos después del secuestro de Granda en Caracas, y a los ecuatorianos después de la violación de su territorio por parte de Colombia en el ataque al campamento de “Reyes”?
Quizá tiene más sentido atender a las fuentes norteamericanas sobre el tema. En un documento elaborado en abril de 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU. se pueden leer apartes a cual más preocupantes: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesarse en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad (CSL por su sigla en inglés, la forma como EE.UU. denomina las bases en otros países)”[7].
Pertenecen al mismo documento los siguientes apartes: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África“. “Hasta hace poco, las preocupaciones en seguridad en Suramérica se enfocaban sólo en antidrogas. Y el cumplimiento de esa misión no requería el uso estratégico del transporte aéreo“. “Hasta que el Comando Sur establezca un teatro de operaciones más robusto, Palanquero debe ser suficiente para el alcance en movilidad aérea“[8].
Cabe preguntarse: ¿A quién creerán los vecinos, al canciller Bermúdez o a los estrategas del Comando Aéreo para la Movilidad, que preside el general Arthur J. Lichte? El precandidato liberal y ex ministro de Defensa Rafael Pardo sabe muy bien de qué habla cuando dijo en estos días: “Entregar territorio a fuerzas de otro país para vigilar vecinos es una política exterior equivocada“. Seguramente se va a desarrollar en más amplio debate sobre la línea de peligro que está trazando la política exterior de la Seguridad Democrática.

Criterios y preguntas para audiencia sobre negociaciones sobre presencia militar de Estados Unidos en Colombia
John Lindsay-Poland* y Susana Pimiento, Movimiento de Reconciliación (FOR)
21 de Julio de 2009
Estamos siguiendo muy de cerca el debate sobre las negociaciones entre los gobiernos de Washington y Bogotá sobre bases militares de Estados Unidos en Colombia, e intentando instigar un debate sobre el asunto en Estados Unidos. Es un tema que el FOR ha trabajado durante muchos años. Este trabajo incluye una campaña para hacer cumplir los Tratados Torrijos-Carter para cerrar las bases militares en el área del Canal, posteriormente, una campaña para el cese del bombardeo y la limpieza ambiental del polígono de tiro en Vieques, Puerto Rico, y más recientemente, para la salida de Manta.
Nos ponemos a la disposición de los colombianos que se oponen a la presencia militar estadounidense en Colombia.
Todo legal y acordado con Colombia. A pesar de que en el resumen publicado por Cambio se dice que los militares en Colombia “harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas”, los ministros han insistido que los norteamericanos tendrían que tener permiso para entrar al espacio aéreo o territorio de otros países. Al respecto, es importante observar:
· El Presidente Obama, cuando era candidato en mayo de 2008, dijo claramente que apoyaba y apoyaría ataques transnacionales desde Colombia.[1] Y los ataques en Pakistán desde que asumió el poder demuestran que ha sido fiel a su palabra.
· Estados Unidos se ha negado a acatar a la Corte Penal Internacional, ni siquiera a los fallos de la Corte Internacional de La Haya, cuando los interpreta como contrarios a sus intereses.
· El acuerdo de operaciones para la base en Manta, Ecuador, estipulaba que “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos.” Sin embargo, se utilizó la base no solamente para operaciones marítimas, sino para operaciones en contra de buques que llevaban emigrantes, dentro de aguas ecuatorianas. Ver a “El extraño inquilino se va de Manta,” adjunto.
¿Por qué se debe confiar, entonces, en las promesas de respetar las fronteras y las leyes internacionales en este caso?
¿Base o no base? En general, creemos que es una distracción inútil hablar de si la presencia propuesta sería una “base militar” o no. Es mucho más importante qué se hace desde una instalación y la legalidad de las acciones, que el nombre de la instalación. Pero si se entra en la discusión, y se alude a que la presencia militar de EE.UU. en Manta “era una base” – como hizo Alfredo Rangel en el programa La Hora 20 en el que participó usted y el ex embajador Medellin– sería interesante tomar nota que Estados Unidos siempre insistió que la presencia en Manta no era una base, sino un Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés). Tal como están planteando para las bases en Colombia, la instalación de EE.UU en Manta existía dentro de una base militar nacional.
Sin controles. Las solicitudes anuales de fondos para el Plan Colombia durante las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, particularmente dentro la Ley de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Bill) han proporcionado un espacio para el debate en el Congreso Estadounidense sobre el financiamiento a las Fuerzas Armadas colombianas. Dicho financiamiento ha estado sometido un conjunto de condiciones y exigido informes sobre abusos de derechos humanos. Sin embargo, el financiamiento de operaciones militares en Colombia no afronta dicha discusión, salvo por el tope en el número de tropas y contratistas (que no pueden sobrepasar los 1.400). Incluso el oficial encargado de Colombia en el Departamento de Estado le dijo recientemente a FOR que no sabe cuánto dinero gasta el Departamento de Defensa en Colombia. Adicionalmente, con excepción de casos de alto perfil, como el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, el Congreso estadounidense no ejerce control sobre las actividades de Estados Unidos en bases militares ubicadas en territorio extranjero.
Relaciones con los vecinos. Se dijo en el programa “Hora 20“ que el Presidente Obama está mejorando relaciones con Venezuela, y que por eso está fuera del lugar sugerir que podrían utilizar bases en Colombia para atacar a Colombia.
Primero, hay que recordar que los acuerdos de 10 años renovables van mucho más allá de la administración Obama.
Segundo, que podría ser al revés – que el gobierno Uribe o un sucesor aproveche la presencia de tropas del imperio para una agresión en Venezuela.
Tercero, que entonces ¿no hay problema si Venezuela negocia una base militar de China, o Irán, en su territorio? Es decir, las bases son un elemento de una carrera militar peligrosa.
Cuarto, que si una base existe, es una herramienta disponible de poder, que desplaza a los recursos para otras herramientas civiles, comerciales, diplomáticas, y culturales. Las bases militares de Estados Unidos no son acordadas regionalmente para fortalecer la región andina.
Al respecto, cuando Panamá estuvo negociando la presencia militar de Estados Unidos en 1997, puso la condición de que sería acordado por otros países (México, Brasil, Argentina). Resultó que esos países ni siquiera fueron consultados, lo que contribuyó a que el pacto fuera rechazado en Panamá por falta de cobertura política regional. Ese acuerdo terminó con un texto acordado, y con el Canciller Panameño que no se hizo presente en la programada firma.
Limite en el número de tropas. En 2005 el Congreso de Estados Unidos impuso un límite en la legislación nacional en el número de tropas uniformadas en Colombia (800) y contratistas militares (600). La misma legislación, sin embargo, señala que el limite puede ser abrogado si el ejecutivo lo pide formalmente.
Además, el Comité de Fuerzas Armadas del Senado acaba de aprobar el 2 de julio lenguaje legislativo que dice:
“Dado el éxito de la Operación Espíritu Dispuesto, que rescató exitosamente a los tres rehenes Americanos en julio de 2008, las negociaciones permanentes con la República de Colombia sobre el acceso militar de EE.UU a las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Baranquilla, y la pérdida anticipada de la Base Aérea en Manta, Ecuador, el Comité dirige al Secretario de Defensa a hacer una evaluación de las limitaciones numéricas incluidas en la Sección 1021 de la Ley Pública 108-375, enmendada, y reportar a los comités congresionales de defensa 180 días después de la promulgación de esta Acta sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas, hacía arriba o abajo, o revocadas.”[2]
En su momento, el Presidente Bush dijo que interpretaría el limite en el número de tropas en Colombia “de una manera consistente con su autoridad como comandante en jefe, y para supervisar la rama unitaria ejecutiva”[3] (doctrina creada por la administración Bush para evitar el cumplimiento de las leyes).
Si le gustaría profundizar en estas cuestiones, estamos a su disposición para averiguar o conversar más.
* Autor de Emperadores en la Jungla: La historia escondida de Estados Unidos en Panamá (Universidad de Panamá y Duke University Press, 2003); miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional para la Abolición de Bases Militares Extranjeras, Ecuador, 2007; co-director del programa para América Latina y el Caribe del Fellowship of Reconciliation.
[1] “We will support Colombia’s right to strike terrorists who seek safe-haven across its borders. And we will shine a light on any support for the FARC that comes from neighboring governments. This behavior must be exposed to international condemnation, regional isolation, and – if need be – strong sanctions. It must not stand.” 28 de mayo 2008, en Miami. http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html

[2] “Given the success of Operation Willing Spirit, which successfully rescued three American hostages in July 2008, the ongoing negotiations with the Republic of Colombia regarding U.S. military access to Palanquero, Apiay, and Baranquilla air bases, and the scheduled loss of access to Manta Air Base in Ecuador, the committee directs the Secretary of Defense to perform an assessment of the numerical limitations included in section 1021 of Public Law 108-375, as amended, and report to the congressional defense committees 180 days after enactment of this Act on whether these numeric limitations should be changed, upward or downward, or repealed.” Senate Report 111-035 - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2010
[3] http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/10/20041029-6.html

La crisis internacional desatada por el gobierno colombiano a propósito de las bases militares es vista por la prensa como un cándido incidente y una demostración de firmeza de Uribe. En su interpretación, Uribe responde serenamente a las agresiones de Correa y Chávez. Dos entrevistas del presidente Correa han sido calificadas por el diario El Tiempo como “hostiles a Colombia” y de “agresivas” por otros comentaristas. Debe destacarse, al margen de los enfoques oficiales, la ponderación y la dignidad de las respuestas de Rafael Correa, que contrastan con los despropósitos del general Padilla de León, cuando fungía como canciller, de Juan Manuel Santos como precandidato, desde España y del propio Canciller Bermúdez.Los medios solo reseñan las opiniones de los voceros del establecimiento. Es una actitud irresponsable que silencia los argumentos críticos con la pretendida “defensa de la patria”. Los partidos del establecimiento, incluida la “oposición” liberal, obran con ese patrón.Parten de una premisa: rodear al gobierno, sin analizar y menos aún someter a la crítica la política.¿Están persuadidos de lo que dicen? Los más lúcidos piensan que basta que el presidente salga en su improvisada gira latinoamericana a dar explicaciones. Los más obsecuentes solo repiten las frases del gobierno.¿Para qué son, realmente, las bases? Ante la oposición de Venezuela y Ecuador el gobierno colombiano no oye razones. Maneja un escalamiento de la retórica ofensiva. La socialdemocracia española, detrás del diario El País, atiza el conflicto. El establecimiento pasa a un nuevo plano: pretende acusar ante tribunales internacionales a Chavez y Correa como “auxiliadores” de las Farc.Dos hechos merecen tenerse en cuenta: uno, el gobierno colombiano se juega por el derrocamiento de estos presidentes para poner fin a los procesos democráticos en el vecindario, a los que tilda de apoyar al terrorismo y el narcotráfico, con lo que hace el papel de perro de presa del sector más recalcitrante del imperialismo; dos, Uribe no calcula que tiene “rabo de paja”, el relación con el narcotráfico, el paramilitarismo, los “falsos positivos”, la violación de los derechos humanos, los compromisos adquiridos con los países latinoamericano tras la agresión a Ecuador.Como es de prever, la gira latinoamericana será un fracaso más. Lo que, naturalmente, tiene sin cuidado al gobierno colombiano, empeñado obsesiva y paranoicamente, en la reelección de Uribe. El único camino digno es abandonar el aventurerismo guerrerista que busca trasladar al exterior la crisis interna. Una guerra internacional sería la hecatombe que necesita Uribe para asegurar su reelección, por encima de los impedimentos institucionales.¿Por qué el gobierno no publica el texto del “tratado”, por qué no es “transparente”, qué quiere ocultar? ¿Por qué tánto secreto? ¿Cuáles son los efectos para el pueblo colombiano? ¿Qué pasa con la impunidad de los militares yanquis en Colombia?¿Por qué Estados Unidos no da explicaciones? ¿Por qué callan Obama y el departamento de Estado, no es un acuerdo bilateral?¿Por qué el presidente de Colombia se embarca en un “trabajo sucio” pensando en su interés personalista, en abierto desprecio por el país que representa? ¿Por qué no pensar con cabeza propia y exigir respeto a los gobernantes que tratan a Colombia como una finca y a los colombianos (as) como sus peones?

Eduardo Carreño W., abogado de Carlos Lozano*El abogado Eduardo Carreño, apoderado de Carlos Lozano, analiza el fallo judicial que precluyó el proceso a favor de su poderdante. Texto completo de la entrevista. En la edición de VOZ 2503 del 5 al 11 de agosto de 2009 se publica un resumen,*Hernando LópezEduardo Carreño Wilches fue el abogado de Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, en el proceso judicial por el presunto delito de rebelión, que le adelantó una fiscal de la Unidad contra el Terrorismo, a partir de los supuestos y fantásticos hallazgos del computador de Raúl Reyes. El doctor Carrerño es uno de los más destacados integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, reconocido por su persistente y firme labor democrática y humanitaria.El doctor Carreño, con la colaboración del abogado Reinaldo Villalba, otro de los miembros del Colectivo, tuvo a su cargo la ardua labor de defensa del periodista, dirigente comunista y facilitador de paz. “La labor jurídica de los doctores Carreño y Villalba fue fundamental para mi preclusión, junto a la solidaridad nacional e internacional, dice con gratitud Carlos Lozano.El proceso terminó bien y deja importantes lecciones, asegura Eduardo Carreño. Una de las más importantes es que la fiscal reconoce la lucha legal y por la paz, constante y persistente, del Partido Comunista Colombiano al que pertenece el periodista Lozano. Así lo explica el jurista en entrevista para este semanario.-La Fiscalía precluyó la investigación contra el director de VOZ, Carlos Lozano, ¿a usted que fue el apoderado, qué opinión le merece este fallo tan publicitado en los últimos días?-En primer lugar, compartimos la decisión en lo que tiene que ver con el análisis del delito político, para dejar claro que la rebelión como un alzamiento en armas contra el Gobierno legítimamente constituido o contra el régimen constitucional implica un principio de organización, unos postulados políticos e ideológicos, un programa y unas acciones para derrocar a ese Gobierno. Y que en este caso tal y como se debatió en el proceso y se reconoce en la providencia, aquí ni siquiera estamos llegando a los niveles de la conspiración, de tal forma que se reconoce la legitimidad de la actuación del Partido Comunista, del director del periódico, la labor del periodista y la labor humanitaria para buscar la solución política del conflicto y en este caso particular para buscar la liberación de los prisioneros.-¿Es decir, la labor humanitaria es legítima según el fallo judicial?-Es una labor humanitaria que se reconoce como legítima y más allá como un derecho de las personas para que se evite el desangre y termine la guerra en Colombia. No se puede llegar a la criminalización de la oposición política y de expresiones que lleven a la solución del conflicto o a opinar distinto o como lo que se conoce aquí como la libertad de conciencia y de pensamiento en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para decir que esa actividad es delictuosa porque se cree o se opina distinto al gobernante. Eso está reconocido en el fallo y lo compartimos. Esto lleva a la actividad legítima de una persona como facilitación o como mediador en el proceso.-Continuemos en la primera pregunta…Un segundo aspecto, tiene que ver con toda la actividad probatoria que se desarrolla para demostrar que Carlos toda su vida política, ha sido miembro del Partido Comunista, es una actividad legal reconocida y esto lo aseguran todos los testigos, desde el Presidente, los ex presidentes, el Alto Comisionado, la jerarquía eclesiástica, las organizaciones de paz, las organizaciones internacionales, las certificaciones que ellos expiden, hay un reconocimiento de su participación legal como miembro del Partido Comunista, Director de VOZ y facilitador de paz para buscar la solución política negociada del conflicto. Este argumento tiene una validez trascendental en el proceso. Que al nivel nacional e internacional reconozcan esa actividad como legítima, me parece de vital importancia.-¿Cómo evaluaron las pruebas solicitadas por la defensa?Este es el tercer aspecto. La decisión de la Fiscalía es oportuna después de haberse agotado esta etapa probatoria. Pero hay que decir que es mínima en el siguiente sentido: nosotros pedimos, recuerdo, como 150 testimonios, declaraciones, certificaciones, etcétera y solamente recibieron como 20, fue una pequeña muestra, pero muy significativa. Entonces esa actividad lleva a concluir que de lo que se trataba era de una actividad de persecución, estigmatización y descalificación de la labor de mediación y facilitación para la solución al conflicto armado en Colombia. Creo que eso quedó absolutamente desvirtuado.-¿Hay aspectos negativos en el pronunciamiento de la Fiscalía?Hay una circunstancia negativa en la medida en que la fiscalía no entra a analizar la legitimidad o no del operativo militar en el Ecuador, cuando en el proceso está plenamente probado y reconocido mediante testimonio de quienes participan en el operativo que ellos sí sabían que las coordenadas donde se realiza el operativo es territorio ecuatoriano. Eso implica la ilegalidad y la ilegitimidad de toda la prueba que ahí se consigue. Tampoco valoran la información que aparece en el disco duro, computadores y memorias USB que dijeron hallar en el sitio. Surge el interrogante de cómo se mantuvieron intactos los computadores, el disco duro y las memorias después del intenso bombardeo. Por lo menos debieron quedar afectados. Esto no se toca absolutamente para nada en el proceso. Igual no se toca el hecho de que esté probado en diferentes procesos, que Colombia no tiene la tecnología para utilizar bombas inteligentes. Eso excluye que el bombardeo fue realizado por la Fuerza Aérea Colombiana. La prueba técnica aportada por Ecuador demuestra que esto es imposible. Lo que hizo Colombia fue mandar los helicópteros después del bombardeo. No hay una explicación de por qué ellos sacan apenas dos cadáveres, los demás los dejan abandonados y además dejan abandonadas las mujeres heridas. Eso no lo analiza la Fiscalía porque argumenta que eso no es el objeto de la investigación. Tampoco analiza la cadena de custodia de la prueba y la violación a la reserva del sumario. Son elementos que deja por fuera. Para nosotros quedó claro que quienes ordenan el operativo en Ecuador son el Ministro de Defensa, el Director de Inteligencia de la Policía Nacional y el Director de la Policía Nacional y se supone que detrás está el superior que es el Presidente de la República. Uno no puede aceptar en términos de derecho que ellos den declaraciones públicas, que saquen los videos, que saquen las fotografías y después ni siquiera se investigue la violación a la reserva del sumario cuando las personas que reciben la información dicen que ellos nada tienen que ver, que respetaron la cadena de custodia, que ellos no han entregado información cuando la realidad demuestra todo lo contrario.-La Interpol avaló el computador…Aquí hay otro tema atravesado y es el papel de la Interpol y el estudio que se hace sobre los medios magnéticos. Aquí, igual, está demostrado que hubo adulteración de los medios magnéticos, se demostró en los estudios que ellos mismos realizan que hay registros de información con fechas de 2009 y 2010, cuando los hechos fueron en 2008, es imposible en términos técnicos o al menos es inexplicable que en un campamento guerrillero se trabaje en un computador con fechas y años adelantados. En el computador aparecen numerosos documentos con fecha de los años 2009 y 2010 en los discos duros extraíbles y en las memorias USB. Esta parte es la negativa que realiza la Fiscalía al validar este tipo de actuaciones de la Policía judicial.-¿Además de la eficacia que está demostrada en la asistencia jurídica a Carlos Lozano, qué otros factores influyeron en esta decisión de la Fiscalía?-Las certificaciones que llegaron a nivel internacional son contundentes al reconocer la legitimidad y la actuación transparente y clara de una persona que trabaja en la facilitación del proceso de paz. De la misma manera las declaraciones de la jerarquía eclesiástica son muy valiosas. porque reconocen esa labor. Igual la actividad de la Embajada y del Gobierno de Francia al concederle a Carlos la condecoración de Caballero de la Legión de Honor; las declaraciones de los altos comisionados de gobiernos anteriores y del ex presidente Ernesto Samper Pizano, que fue muy claro y preciso en el sentido que Carlos viene desarrollando esta labor desde el año 1995; de la misma forma las declaraciones de los ex secuestrados y sus familiares, ellos reconocen la labor humanitaria y que el hecho de conseguir pruebas de vida implica un alivio de carácter sicológico y que se está trabajando por la libertad de estas personas y ponerle fin al conflicto. Pero sobre todo la movilización social, la solidaridad nacional e internacional en esta lucha y en este propósito tiene un peso específico en la decisión, un poco demorada, porque ni siquiera ha debido abrirse investigación previa en estos casos como debe ser en derecho. La historia de criminalización y persecución política es una realidad en Colombia. La Fiscalía se ha prestado en algunos casos para detener a luchadores populares y darles la libertad un año o dos años después cuando se certifica su inocencia. El daño a las organizaciones populares es muy grande.El trabajo nacional e internacional que ha realizado Carlos, pesa mucho también en esta decisión. Así como la amplitud de sus relaciones políticas en el país que le han permitido un buen ganado prestigio.-¿Se está desmoronando la llamada “farcpolítica”?-La decisión de la Sala Penal de la Corte de archivar las indagaciones previas de los senadores Jaime Dussán y Gloria Inés Ramírez es un acierto jurídico. Pero creemos que siguen en la misma lógica, primero hay que investigar si efectivamente los miembros de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos son delincuentes o no, si tienen relaciones con las organizaciones guerrilleras o no, cuando lo que cumplen es una labor política y el ejercicio del artículo 22 constitucional que habla del derecho a la paz, que es de todos los colombianos. Todos tenemos derecho a buscar la paz, no tenemos porque vivir permanentemente en guerra, porque a alguien le guste o porque a alguien le fascine o a un sector de la sociedad le guste la guerra. Sea nacional o incluso extranjero. Entonces no hay ninguna prueba que los que trabajan por la paz son miembros de la guerrilla. Que es un mandato constitucional el que están cumpliendo. La Corte buscó pruebas y no las encontró. Cuando se demuestra que nada tienen que ver con nada pues tienen que concederles la inocencia. Creo que todos los procesos tienen que terminar así por toda la argumentación que hemos dado. A las personas que viven y actúan en la legalidad en este sentido no se les puede criminalizar. Están haciendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Los congresistas tienen libertad e inmunidad de conciencia. Son decisiones afortunadas y oportunas. Pero nunca se debieron abrir esas investigaciones. Aquí hay malas interpretaciones de la ley por parte de la fiscalía y los investigadores judiciales.Nosotros vamos más allá en los análisis. ¿Qué pasa cuando aquí se lucha en contra de la intervención militar extranjera a nivel amplio? Es una violación a la soberanía, es una intromisión en los asuntos internos, eso es colocarnos en una situación de neocolonial o de colonia, porque ellos están aquí y nosotros como colombianos no podemos saber quiénes son y qué hacen aquí. Es una violación de la Constitución Nacional. Hasta donde yo recuerdo no hay conceptos previos del Consejo de Estado ni autorización del Senado, pero aquí están. Son actuaciones de hecho. Hay que exigir que se investigue a los funcionarios públicos que han firmado esos tratados y esos convenios y a nivel amplio la gente puede ser más radical a nivel de exigencia en esas acciones. Y eso no convierte a quienes así lo dicen y hacen en alzados en armas, en guerrilleros y mucho menos en terroristas. No son enemigos del país sino todo lo contrario. La utilización de la Fiscalía de esos informes en forma mal intencionada no se puede aceptar en ningún caso.-Por último, que lección se puede sacar de este resultado, que a la postre es una victoria democrática?-Aquí hay que ser muy optimista, porque es claro que utilizando los mecanismos del sistema tanto en lo nacional como en lo internacional es posible obtener victorias jurídicas y políticas. Que uno no puede desfallecer a pesar de la adversidad, a pesar del control que se tiene por parte del Estado, de los grupos económicos nacionales e internacionales y la politización, así como del control por parte de las mafias y de los criminales en el caso del paramilitarismo de la estructura judicial y de los organismos de control de estas organizaciones de control. A pesar de eso no se puede desfallecer.Uno no puede decir, que en la Costa, por ejemplo a pesar del control de todo tipo, político, militar, social, cultural, del juego, educativo por parte de las mafias y el paramilitarismo y de los políticos tradicionales y de los empresarios, que allá no hay nada que hacer. Entonces nos tenemos que retirar y dejar a las víctimas y a las organizaciones que sobreviven sin ningún apoyo, sin ningún refuerzo y no llamarlos a que denuncien y que trabajen, a que eso se haga público. Lo que pasa es a los que nos llama es a que el ejercicio de la profesión hay que hacerlo distinto y yo creo que hay que romper un esquema. Las víctimas no tiene la obligación legal de ocultar lo que saben, esas verdades tienen que decirlas públicamente. Ahí no se está violando la reserva del sumario, ésta es para el abogado defensor y no para la víctima, ésta lo que tiene que hacer, y lo ha hecho en las audiencias públicas por la verdad frente a autoridades, en concreto es reconocer quién es el criminal, quién ha participado en los operativos, es una forma de actuación distinta del derecho. En estas condiciones lo que se ha demostrado es que los familiares sí conocen quiénes son los criminales en los municipios. Lo que hay que hacer es un proceso de acompañamiento de las altas autoridades y ahí cómo es posible que después de que se reconozca que el alcalde y el comandante de Policía y militar anda con los criminales, los protegen, andan con ellos, beben con ellos, pues ahí la misma autoridades es la que tiene que ordenar la captura y ahí se pide la protección para las personas que denuncian e informan del delito. La valentía y la dignidad que tienen las víctimas hay que reconocerlas y hay que acompañarlas. Y creo que en el ejercicio de estos procesos el acompañamiento de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otras tan importantes como Brigadas de Paz, entre otras, que acompañan a las víctimas. Cuando se colocan estas denuncias ante el Procurador o el fioscal y los órganos de control pues tienen que actuar porque son personas que saben de derecho.Esto sí tiene que cambiar, la estructura de justicia y los organismos de control del Estado tienen que cambiar, no podemos seguir aceptando que se nombre a personas que no tienen calidades para esos cargos, que no saben de estas cosas y que llegan a cumplir no sé qué papel. Lo decimos específicamente por el Procurador y el Fiscal. El Fiscal en Colombia debe ser una persona de las más altas dignidades, debe ser un experto en derecho penal, que conozca de la criminalidad, que conozca de las formas delincuenciales en Colombia y que sea un perfecto administrador para que maneje procesos de la magnitud que tiene y el presupuesto que tiene y las personas que tiene a su cargo. Una persona que va a administrar 25.000 funcionarios y el presupuesto que tiene para manejar la criminalidad en Colombia, no puede ser cualquier persona por más amigo y allegado que sea del Presidente de la República. Tiene que ser un experto en esta materia. En eso hay que persistir en acompañar a las víctimas a nivel internacional y nacional. La lucha contra la impunidad es un derecho de los pueblos y sobre todo de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad en Colombia están en la impunidad. Hay algunos militares, inclusive generales presos, como la cúpula paramilitar.-¿Cuántos son los militares y paramilitares presos?Estamos hablando de unos 600 militares presos, 3.000 investigados, jefes paramilitares 65 y unos 4.000 paramilitares más en la cárcel, pero de estos sólo 500 están en justicia y paz. Estamos en desacuerdo con justicia y paz, esta fracasó y una prueba palpable es que a cuatro años de su vigencia hay una sentencia parcial contra Salazar Carrascal (alias “Loro”) por tres homicidios y sigue investigado como por 25 y es simplemente un autor material. Al paso que vamos. Lo dicen inclusive los jefes paramilitares y sus abogados, no sé cuántos años se van a necesitar para que se puedan juzgar estos casos, cuando las penas son de cinco a ocho años, es decir, todos van a salir por pena cumplida máxima y no se han terminado los juicios. Contra esto es que estamos luchando para que esto cambie algún día. Pero bien, estamos en Colombia y aquí suceden estas cosas.

CONSTITUCION DEL 91



Art. 173.- Son atribuciones del senado:
4o) Permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la republica.

¿SERA QUE EL SANADO DE LA REPÚBLICA HARÁ ALGO?

El Gobierno de Álvaro Uribe, ha anunciado la determinación, de otorgar a los Estados Unidos el uso de bases militares en el territorio nacional a través de un acuerdo que pondría a su disposición toda la geografía colombiana para todo tipo de operaciones dentro y fuera del país. Con las primeras, se involucra a un ejército extranjero en el conflicto interno, se atiza la confrontación y se aleja la paz. Con las segundas, Colombia se convierte en una plataforma para el asentamiento y la expansión bélica de esta potencia, que afecta no solo la estabilidad de los gobierno democráticos y progresistas, sino también los importantes proyectos de integración Latinoamericana y caribeña.
2. Además de la indigna condición a la que queda sometida la soberanía nacional, es evidente que tal decisión hace de Colombia una punta de lanza de las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados para agredir a los estados latinoamericanos que no le son afines o que podrían debilitar su hegemonía continental, y se suma a la ofensiva de fuerzas reaccionarias y del imperio que como en Honduras, provocaron el Golpe de Estado contra el Presidente legítimo de ese país, José Manuel Zelaya.
3. Esta aberrante concesión es contraria a la Constitución. Ni los artículos concernientes a estos asuntos, ni las instancias a las cuales deberían consultarse, han sido respetados. Es una de las más flagrantes violaciones que ha cometido este gobierno al Estado Social de Derecho.
4. La guerra es negocio de un reducido grupo de empresas multinacionales que dependen de los contratos de seguridad y defensa del Departamento de Estado y del Pentágono. Tras el sofisma de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, existen jugosos negocios del complejo militar industrial estadounidense, que abarca desde las fábricas de armas y municiones hasta las firmas contratistas de mercenarios a escala global.
5. La profundización del sometimiento militar de Colombia es la continuación de la fracasada política antidrogas enmarada en el Plan Colombia. Con ello se amplificaran los daños económicos, sociales y ambientales que se han padecido por más de una década, y se agravará aún más, la crisis humanitaria y de derechos humanos.
6. Un hecho aún más inadmisible es la expedición de la inmunidad jurídica dada a los militares y mercenarios norteamericanos para toda clase de delitos cometidos en Colombia, quienes tendrán el estatus diplomático. Los antecedentes de las conductas delictuosas de los efectivos del ejército de Estado Unidos - aquí y en otros países - hacen concluir que esta inmunidad es una abierta impunidad.
Por estas consideraciones, el Polo Democrático Alternativo – PDA – convoca a:
a). Invitar a las Fuerzas Política y Sociales, a los demócratas, Intelectuales y Defensores de Derechos Humanos de Colombia y el Continente, a reunirnos prontamente para acordar una AGENDA COMUN y un PRONUNCIAMIENTO contra este Acuerdo que vulnera la soberanía Nacional y afecta la estabilidad democrática y pacífica de la región.
b). Convocar la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACION Y PROTESTA contra la Guerra, las Bases Militares en Colombia, por la Soberanía Nacional y la Paz en la Región.
c). Impulsar una CAMPAÑA NACIONAL Y CONTINENTAL contra la militarización y la intervención de Estados Unidos en América Latina, a la que esperamos se sumen las Fuerzas Progresistas y Democráticas del mundo.
d). Expresar nuestros sentimientos de fraternidad, solidaridad y apoyo a todos los países latinoamericanos, a sus pueblos y a los gobiernos que legítimamente los representan.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Bases militares: muerte de la soberanía; violaciòn de la ConstituciónLunes 27 de julio de 2009 //-->
Po: Jaime Araujo Rentería. Ex-Presidente Corte Constitucional
El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplico al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana.
A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.
La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitucion). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobierno confeso que el acuerdo ya se celebro, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.
Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).
Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar. El gobierno quiere ponerle conejo al control del congreso y de la corte constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados ya existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.
No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la clausula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.
Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.
La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU: siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).
Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.
Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero.
Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional