De: popular rocio <popularocio@yahoo.com.ar>Fecha: 4 de agosto de 2009 12:13Asunto: urgente repudio a visita de Uribe

¡Por la unidad y el equilibrio del continente suramericano!
¡Por el respeto a la democracia que se viene construyendo en los países hermanos!
¡Por solidaridad con el pueblo colombiano que ha sufrido los embates de décadas de terrorismo de estado y conflicto interno!

¡NO A LA UBICACIÓN DE BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN COLOMBIA!

¡Movilización contra la visita del genocida Uribe a la Presidenta de la Nación en la Casa Rosada!

1. Durante los últimos años la intervención de Alvaro Uribe Vélez en el gobierno Colombiano a través de un programa de seguridad con apoyo y financiación del gobierno norteamericano, ha tenido como resultado:
2. La disminución del 35 al 25 % de la población rural del país.
3. La salida del país por parte de 5’000.000 de personas. Varias de ellas habitantes actuales de la nación argentina.
4. 4’000.000 de personas desplazadas.
5. La mitad de la población viviendo en la pobreza o la indigencia.
6. Colombia se convirtió en el país más riesgoso para la defensa de los derechos humanos.
7. Una cifra desconocida de víctimas por el velo de impunidad y desinformación que reina en el país junto con la continuación de acciones bélicas al interior del territorio, pero que según el Tribunal Permanente de los Pueblos alcanza 300.000 en los últimos 10 años.
8. Colombia es el único país en donde se practica fumigación o aspersión aérea de glifosato. Con este método el Estado ha acabado con cosechas enteras, contaminando fuentes de agua, ha generado enfermedades y la muerte de menores.
9. 25 comunidades indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer.
10. La mayoría de los derechos humanos se violan a la mayoría de la población
11. No ha sido posible concretar un acuerdo de paz que permita mínimamente la liberación de secuestrados y rehenes.
12. Continuos ataques al territorio ecuatoriano y a la legitimidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.
13. La implementación de políticas paramilitares como ejemplo para mandatarios que vean con buenos ojos los sistemas represivos.

Por lo anterior

¡MOVILIZACIÓN!


JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2009HORA 9:45 HRSPLAZA DE MAYO


MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
(MOVICE-CAPITULO ARGENTINA)

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
(PDA-CAPÍTULO ARGENTINA)
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA (REDHER)

La política exterior de Colombia en la relación con
los Estados Unidos y América Latina
Medófilo Medina
Revista virtual Razón pública
Colombia Plural
En medio de la confrontación con los vecinos, Colombia subordina su política exterior a su conflicto interno y a las políticas de Estados Unidos. Recuerdos inquietantes de Laureano Gómez, de los orígenes del Plan Colombia y de un reciente documento del Pentágono sobre la base aérea de Palanquero.
En el ojo del huracán
Está de nuevo Colombia en el ojo del huracán en las relaciones con los países vecinos. Es claro que la tempestad no se desprendió de un cielo sereno. En el párrafo final de un texto de análisis de la confrontación colombo-venezolana a propósito del caso Granda (13 de diciembre de 2004 - 18 de febrero de 2005) publicado en 2005, anoté: “Los motivos y situaciones objetivas que dieron lugar a la crisis están en pie. Una de las hipótesis que se ha esbozado a propósito del conflicto interno colombiano es la de su regionalización. Esta posibilidad está cargada de peligros para la preservación de la paz, al menos en los países andinos“[1].
Era una reacción escéptica frente a las declaraciones optimistas y de renovado afecto de los presidentes Uribe y Chávez, expresadas con ocasión de la visita del 18 de febrero de 2005 que el primero realizó a Venezuela. Dijo entonces el anfitrión: “Hemos decidido dar la vuelta a la página. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista“. Respondió el visitante: “No veía la hora de venir, pues el diálogo entre hermanos hay que mantenerlo y profundizarlo“[2]. Desde entonces hasta ahora se han registrado cuatro episodios de crisis entre los dos países.
Por otra parte, el ataque del las Fuerzas Armadas colombianas al campamento de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008 abrió el frente de conflicto con Ecuador. La hostilidad entre los dos países se ha mantenido y en la actualidad se ha incrementado peligrosamente.
El convenio para el uso de las bases militares colombianas que reemplazarán las funciones estratégicas que cumplía para el Pentágono la base de Manta en Ecuador ha implicado un escalamiento del conflicto en toda la región y una ampliación geográfica de su influencia. Michelle Bachelet y Luiz Inácio Lula da Silva han pedido la convocatoria del Consejo de Defensa Suramericano, órgano de defensa de UNASUR. Se pide al presidente Uribe explicar en ese escenario los alcances del acuerdo de cooperación militar con E.U. El gobierno colombiano ha expresado su intención de no asistir a la reunión de UNASUR que tendrá lugar el 10 de agosto y en la cual asumirá Ecuador para el próximo período la presidencia rotativa del organismo.
La continuidad a manotazos
Si se miran los distintos episodios que azarosamente van acotando el curso de la política exterior de Colombia, y si se tiene en cuenta su renuncia a considerar la visión internacional de los vecinos, se tiene la impresión de estar ante una política jalonada a manotazos. Más allá de esa percepción no injustificada, es posible advertir también una línea de continuidad, al menos durante el último decenio. Los dos elementos principales que caracterizan esa política son: (1) La inextricable asociación del curso exterior con la guerra interna contra la subversión, y (2) El alineamiento incondicional con la visión y las maneras como los Estados Unidos desarrollan sus intereses estratégicos en la región y en el mundo. En este punto es pertinente una digresión. Para cualquier país es cierto que la política exterior está vinculada a la interna. Pero ello no quiere decir que esa relación se haga con el privilegio asimétrico de un solo factor: el militar, como es el caso de Colombia.
También se va articulando cierta continuidad en la manera de reaccionar de los países que se sienten afectados por la política de seguridad de Colombia. No huelga al respecto recordar que con motivo de la firma del Plan Colombia en el año 2000, los gobiernos de los países que tienen fronteras con Colombia expresaron su preocupación aún cuando el mapa político de la región se diferenciaba notablemente del actual. El Plan Colombia no figuraba con antelación en la agenda de la cumbre de países suramericanos que inició sus deliberaciones el 31 de agosto de 2000. Sin embargo se le hizo objeto de controversia en dicha asamblea realizada en Brasilia.
En aquella ocasión dijo Fujimori: “Perú en su momento ha sido uno de los países en alertar del riesgo que significa introducir o tomar acciones de armas contra las guerrillas por un monto de tres mil millones de dólares“[3]. Gustavo Noboa, que tan obsecuente se mostró con los norteamericanos, acotó: “El Plan Colombia tiene muy preocupada a América, y con razón“[4]. El canciller brasileño Luis Felipe Lampreia señaló: “El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña“[5].
El establecimiento de la base de Manta en Ecuador y el Plan Colombia se inscribieron en la búsqueda por parte de los Estados Unidos de bases que llenaran el gran vacío que había dejado el retiro del Comando Sur de la Zona del Canal en Panamá. Hoy Manta no va más, pero la presencia militar gringa se refuerza en Colombia.
El recuerdo de una pesadilla
Por el detrimento de la soberanía nacional, el gobierno de la Seguridad Democrática sólo resulta comparable al de Laureano Gómez a comienzos de los años cincuenta del siglo XX. Recuérdese que no obstante que en América Latina reinaba el alineamiento junto a los Estados Unidos en el esquema planetario de la Guerra Fría, Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió tropas a la aventura norteamericana de Corea. De acuerdo con el decreto del 26 de diciembre de 1950 fueron despachados a Corea, la Fragata Almirate Padilla y un batallón de infantería. Así Colombia resultó, como anota la historiadora rusa I.G. Ilina, tomando parte en una guerra contra un país separado por el Océano Pacífico y con el cual jamás había tenido conflicto alguno.
En aquella coyuntura enseñoreada por el Gran Burundúm Burundá, Colombia y Estados Unidos firmaron el Pacto militar Bilateral el 17 de abril de 1952. El gobierno conservador no presentó el pacto a la aprobación del Congreso no obstante que el poder legislativo estaba integrado exclusivamente por miembros del partido de gobierno. Tan vergonzoso era el pacto que su texto no se publicaría en Colombia sino hasta 1960, ocho años después de firmado.
Hay un elemento que completa el sentido de la alusión a la política exterior de Laureano Gómez. Aquel borrascoso caudillo cargaba el estigma de su militancia a favor del Eje en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de esta. Era una cuerda más de la cual tiraba el Departamento de Estado para mantener a Gómez en sus manos. Las convenientes “filtraciones” de la CIA en nuestros días con respecto a supuestos nexos del Presidente Uribe o sus familiares, o la lectura de un reciente reportaje del embajador Frechette, me llevan a hacer memoria de las vulnerabilidades de Laureano y a admitir la importancia que pueden tener en los procesos políticos las circunstancias personales de un mandatario.
Después de firmado el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, tanto el Presidente Uribe como el canciller Jaime Bermúdez y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, han abundado en declaraciones sobre el respeto que estaría incorporado en el documento hacia la soberanía de otros Estados. Dijo el presidente Uribe: “Estos acuerdos nunca tienen por objeto crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana“[6].
Aún suponiendo sinceridad en esas palabras, surge la pregunta: ¿Están las autoridades colombianas en condiciones de responder por las acciones del personal norteamericano, cubierto por la inmunidad en los tratados? Y la alusión a la práctica colombiana, ¿puede resultar convincente a los venezolanos después del secuestro de Granda en Caracas, y a los ecuatorianos después de la violación de su territorio por parte de Colombia en el ataque al campamento de “Reyes”?
Quizá tiene más sentido atender a las fuentes norteamericanas sobre el tema. En un documento elaborado en abril de 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU. se pueden leer apartes a cual más preocupantes: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesarse en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad (CSL por su sigla en inglés, la forma como EE.UU. denomina las bases en otros países)”[7].
Pertenecen al mismo documento los siguientes apartes: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África“. “Hasta hace poco, las preocupaciones en seguridad en Suramérica se enfocaban sólo en antidrogas. Y el cumplimiento de esa misión no requería el uso estratégico del transporte aéreo“. “Hasta que el Comando Sur establezca un teatro de operaciones más robusto, Palanquero debe ser suficiente para el alcance en movilidad aérea“[8].
Cabe preguntarse: ¿A quién creerán los vecinos, al canciller Bermúdez o a los estrategas del Comando Aéreo para la Movilidad, que preside el general Arthur J. Lichte? El precandidato liberal y ex ministro de Defensa Rafael Pardo sabe muy bien de qué habla cuando dijo en estos días: “Entregar territorio a fuerzas de otro país para vigilar vecinos es una política exterior equivocada“. Seguramente se va a desarrollar en más amplio debate sobre la línea de peligro que está trazando la política exterior de la Seguridad Democrática.

Criterios y preguntas para audiencia sobre negociaciones sobre presencia militar de Estados Unidos en Colombia
John Lindsay-Poland* y Susana Pimiento, Movimiento de Reconciliación (FOR)
21 de Julio de 2009
Estamos siguiendo muy de cerca el debate sobre las negociaciones entre los gobiernos de Washington y Bogotá sobre bases militares de Estados Unidos en Colombia, e intentando instigar un debate sobre el asunto en Estados Unidos. Es un tema que el FOR ha trabajado durante muchos años. Este trabajo incluye una campaña para hacer cumplir los Tratados Torrijos-Carter para cerrar las bases militares en el área del Canal, posteriormente, una campaña para el cese del bombardeo y la limpieza ambiental del polígono de tiro en Vieques, Puerto Rico, y más recientemente, para la salida de Manta.
Nos ponemos a la disposición de los colombianos que se oponen a la presencia militar estadounidense en Colombia.
Todo legal y acordado con Colombia. A pesar de que en el resumen publicado por Cambio se dice que los militares en Colombia “harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas”, los ministros han insistido que los norteamericanos tendrían que tener permiso para entrar al espacio aéreo o territorio de otros países. Al respecto, es importante observar:
· El Presidente Obama, cuando era candidato en mayo de 2008, dijo claramente que apoyaba y apoyaría ataques transnacionales desde Colombia.[1] Y los ataques en Pakistán desde que asumió el poder demuestran que ha sido fiel a su palabra.
· Estados Unidos se ha negado a acatar a la Corte Penal Internacional, ni siquiera a los fallos de la Corte Internacional de La Haya, cuando los interpreta como contrarios a sus intereses.
· El acuerdo de operaciones para la base en Manta, Ecuador, estipulaba que “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos.” Sin embargo, se utilizó la base no solamente para operaciones marítimas, sino para operaciones en contra de buques que llevaban emigrantes, dentro de aguas ecuatorianas. Ver a “El extraño inquilino se va de Manta,” adjunto.
¿Por qué se debe confiar, entonces, en las promesas de respetar las fronteras y las leyes internacionales en este caso?
¿Base o no base? En general, creemos que es una distracción inútil hablar de si la presencia propuesta sería una “base militar” o no. Es mucho más importante qué se hace desde una instalación y la legalidad de las acciones, que el nombre de la instalación. Pero si se entra en la discusión, y se alude a que la presencia militar de EE.UU. en Manta “era una base” – como hizo Alfredo Rangel en el programa La Hora 20 en el que participó usted y el ex embajador Medellin– sería interesante tomar nota que Estados Unidos siempre insistió que la presencia en Manta no era una base, sino un Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés). Tal como están planteando para las bases en Colombia, la instalación de EE.UU en Manta existía dentro de una base militar nacional.
Sin controles. Las solicitudes anuales de fondos para el Plan Colombia durante las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, particularmente dentro la Ley de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Bill) han proporcionado un espacio para el debate en el Congreso Estadounidense sobre el financiamiento a las Fuerzas Armadas colombianas. Dicho financiamiento ha estado sometido un conjunto de condiciones y exigido informes sobre abusos de derechos humanos. Sin embargo, el financiamiento de operaciones militares en Colombia no afronta dicha discusión, salvo por el tope en el número de tropas y contratistas (que no pueden sobrepasar los 1.400). Incluso el oficial encargado de Colombia en el Departamento de Estado le dijo recientemente a FOR que no sabe cuánto dinero gasta el Departamento de Defensa en Colombia. Adicionalmente, con excepción de casos de alto perfil, como el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, el Congreso estadounidense no ejerce control sobre las actividades de Estados Unidos en bases militares ubicadas en territorio extranjero.
Relaciones con los vecinos. Se dijo en el programa “Hora 20“ que el Presidente Obama está mejorando relaciones con Venezuela, y que por eso está fuera del lugar sugerir que podrían utilizar bases en Colombia para atacar a Colombia.
Primero, hay que recordar que los acuerdos de 10 años renovables van mucho más allá de la administración Obama.
Segundo, que podría ser al revés – que el gobierno Uribe o un sucesor aproveche la presencia de tropas del imperio para una agresión en Venezuela.
Tercero, que entonces ¿no hay problema si Venezuela negocia una base militar de China, o Irán, en su territorio? Es decir, las bases son un elemento de una carrera militar peligrosa.
Cuarto, que si una base existe, es una herramienta disponible de poder, que desplaza a los recursos para otras herramientas civiles, comerciales, diplomáticas, y culturales. Las bases militares de Estados Unidos no son acordadas regionalmente para fortalecer la región andina.
Al respecto, cuando Panamá estuvo negociando la presencia militar de Estados Unidos en 1997, puso la condición de que sería acordado por otros países (México, Brasil, Argentina). Resultó que esos países ni siquiera fueron consultados, lo que contribuyó a que el pacto fuera rechazado en Panamá por falta de cobertura política regional. Ese acuerdo terminó con un texto acordado, y con el Canciller Panameño que no se hizo presente en la programada firma.
Limite en el número de tropas. En 2005 el Congreso de Estados Unidos impuso un límite en la legislación nacional en el número de tropas uniformadas en Colombia (800) y contratistas militares (600). La misma legislación, sin embargo, señala que el limite puede ser abrogado si el ejecutivo lo pide formalmente.
Además, el Comité de Fuerzas Armadas del Senado acaba de aprobar el 2 de julio lenguaje legislativo que dice:
“Dado el éxito de la Operación Espíritu Dispuesto, que rescató exitosamente a los tres rehenes Americanos en julio de 2008, las negociaciones permanentes con la República de Colombia sobre el acceso militar de EE.UU a las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Baranquilla, y la pérdida anticipada de la Base Aérea en Manta, Ecuador, el Comité dirige al Secretario de Defensa a hacer una evaluación de las limitaciones numéricas incluidas en la Sección 1021 de la Ley Pública 108-375, enmendada, y reportar a los comités congresionales de defensa 180 días después de la promulgación de esta Acta sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas, hacía arriba o abajo, o revocadas.”[2]
En su momento, el Presidente Bush dijo que interpretaría el limite en el número de tropas en Colombia “de una manera consistente con su autoridad como comandante en jefe, y para supervisar la rama unitaria ejecutiva”[3] (doctrina creada por la administración Bush para evitar el cumplimiento de las leyes).
Si le gustaría profundizar en estas cuestiones, estamos a su disposición para averiguar o conversar más.
* Autor de Emperadores en la Jungla: La historia escondida de Estados Unidos en Panamá (Universidad de Panamá y Duke University Press, 2003); miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional para la Abolición de Bases Militares Extranjeras, Ecuador, 2007; co-director del programa para América Latina y el Caribe del Fellowship of Reconciliation.
[1] “We will support Colombia’s right to strike terrorists who seek safe-haven across its borders. And we will shine a light on any support for the FARC that comes from neighboring governments. This behavior must be exposed to international condemnation, regional isolation, and – if need be – strong sanctions. It must not stand.” 28 de mayo 2008, en Miami. http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html

[2] “Given the success of Operation Willing Spirit, which successfully rescued three American hostages in July 2008, the ongoing negotiations with the Republic of Colombia regarding U.S. military access to Palanquero, Apiay, and Baranquilla air bases, and the scheduled loss of access to Manta Air Base in Ecuador, the committee directs the Secretary of Defense to perform an assessment of the numerical limitations included in section 1021 of Public Law 108-375, as amended, and report to the congressional defense committees 180 days after enactment of this Act on whether these numeric limitations should be changed, upward or downward, or repealed.” Senate Report 111-035 - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2010
[3] http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/10/20041029-6.html

La crisis internacional desatada por el gobierno colombiano a propósito de las bases militares es vista por la prensa como un cándido incidente y una demostración de firmeza de Uribe. En su interpretación, Uribe responde serenamente a las agresiones de Correa y Chávez. Dos entrevistas del presidente Correa han sido calificadas por el diario El Tiempo como “hostiles a Colombia” y de “agresivas” por otros comentaristas. Debe destacarse, al margen de los enfoques oficiales, la ponderación y la dignidad de las respuestas de Rafael Correa, que contrastan con los despropósitos del general Padilla de León, cuando fungía como canciller, de Juan Manuel Santos como precandidato, desde España y del propio Canciller Bermúdez.Los medios solo reseñan las opiniones de los voceros del establecimiento. Es una actitud irresponsable que silencia los argumentos críticos con la pretendida “defensa de la patria”. Los partidos del establecimiento, incluida la “oposición” liberal, obran con ese patrón.Parten de una premisa: rodear al gobierno, sin analizar y menos aún someter a la crítica la política.¿Están persuadidos de lo que dicen? Los más lúcidos piensan que basta que el presidente salga en su improvisada gira latinoamericana a dar explicaciones. Los más obsecuentes solo repiten las frases del gobierno.¿Para qué son, realmente, las bases? Ante la oposición de Venezuela y Ecuador el gobierno colombiano no oye razones. Maneja un escalamiento de la retórica ofensiva. La socialdemocracia española, detrás del diario El País, atiza el conflicto. El establecimiento pasa a un nuevo plano: pretende acusar ante tribunales internacionales a Chavez y Correa como “auxiliadores” de las Farc.Dos hechos merecen tenerse en cuenta: uno, el gobierno colombiano se juega por el derrocamiento de estos presidentes para poner fin a los procesos democráticos en el vecindario, a los que tilda de apoyar al terrorismo y el narcotráfico, con lo que hace el papel de perro de presa del sector más recalcitrante del imperialismo; dos, Uribe no calcula que tiene “rabo de paja”, el relación con el narcotráfico, el paramilitarismo, los “falsos positivos”, la violación de los derechos humanos, los compromisos adquiridos con los países latinoamericano tras la agresión a Ecuador.Como es de prever, la gira latinoamericana será un fracaso más. Lo que, naturalmente, tiene sin cuidado al gobierno colombiano, empeñado obsesiva y paranoicamente, en la reelección de Uribe. El único camino digno es abandonar el aventurerismo guerrerista que busca trasladar al exterior la crisis interna. Una guerra internacional sería la hecatombe que necesita Uribe para asegurar su reelección, por encima de los impedimentos institucionales.¿Por qué el gobierno no publica el texto del “tratado”, por qué no es “transparente”, qué quiere ocultar? ¿Por qué tánto secreto? ¿Cuáles son los efectos para el pueblo colombiano? ¿Qué pasa con la impunidad de los militares yanquis en Colombia?¿Por qué Estados Unidos no da explicaciones? ¿Por qué callan Obama y el departamento de Estado, no es un acuerdo bilateral?¿Por qué el presidente de Colombia se embarca en un “trabajo sucio” pensando en su interés personalista, en abierto desprecio por el país que representa? ¿Por qué no pensar con cabeza propia y exigir respeto a los gobernantes que tratan a Colombia como una finca y a los colombianos (as) como sus peones?

Eduardo Carreño W., abogado de Carlos Lozano*El abogado Eduardo Carreño, apoderado de Carlos Lozano, analiza el fallo judicial que precluyó el proceso a favor de su poderdante. Texto completo de la entrevista. En la edición de VOZ 2503 del 5 al 11 de agosto de 2009 se publica un resumen,*Hernando LópezEduardo Carreño Wilches fue el abogado de Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ y candidato a la Cámara de Representantes, en el proceso judicial por el presunto delito de rebelión, que le adelantó una fiscal de la Unidad contra el Terrorismo, a partir de los supuestos y fantásticos hallazgos del computador de Raúl Reyes. El doctor Carrerño es uno de los más destacados integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, reconocido por su persistente y firme labor democrática y humanitaria.El doctor Carreño, con la colaboración del abogado Reinaldo Villalba, otro de los miembros del Colectivo, tuvo a su cargo la ardua labor de defensa del periodista, dirigente comunista y facilitador de paz. “La labor jurídica de los doctores Carreño y Villalba fue fundamental para mi preclusión, junto a la solidaridad nacional e internacional, dice con gratitud Carlos Lozano.El proceso terminó bien y deja importantes lecciones, asegura Eduardo Carreño. Una de las más importantes es que la fiscal reconoce la lucha legal y por la paz, constante y persistente, del Partido Comunista Colombiano al que pertenece el periodista Lozano. Así lo explica el jurista en entrevista para este semanario.-La Fiscalía precluyó la investigación contra el director de VOZ, Carlos Lozano, ¿a usted que fue el apoderado, qué opinión le merece este fallo tan publicitado en los últimos días?-En primer lugar, compartimos la decisión en lo que tiene que ver con el análisis del delito político, para dejar claro que la rebelión como un alzamiento en armas contra el Gobierno legítimamente constituido o contra el régimen constitucional implica un principio de organización, unos postulados políticos e ideológicos, un programa y unas acciones para derrocar a ese Gobierno. Y que en este caso tal y como se debatió en el proceso y se reconoce en la providencia, aquí ni siquiera estamos llegando a los niveles de la conspiración, de tal forma que se reconoce la legitimidad de la actuación del Partido Comunista, del director del periódico, la labor del periodista y la labor humanitaria para buscar la solución política del conflicto y en este caso particular para buscar la liberación de los prisioneros.-¿Es decir, la labor humanitaria es legítima según el fallo judicial?-Es una labor humanitaria que se reconoce como legítima y más allá como un derecho de las personas para que se evite el desangre y termine la guerra en Colombia. No se puede llegar a la criminalización de la oposición política y de expresiones que lleven a la solución del conflicto o a opinar distinto o como lo que se conoce aquí como la libertad de conciencia y de pensamiento en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para decir que esa actividad es delictuosa porque se cree o se opina distinto al gobernante. Eso está reconocido en el fallo y lo compartimos. Esto lleva a la actividad legítima de una persona como facilitación o como mediador en el proceso.-Continuemos en la primera pregunta…Un segundo aspecto, tiene que ver con toda la actividad probatoria que se desarrolla para demostrar que Carlos toda su vida política, ha sido miembro del Partido Comunista, es una actividad legal reconocida y esto lo aseguran todos los testigos, desde el Presidente, los ex presidentes, el Alto Comisionado, la jerarquía eclesiástica, las organizaciones de paz, las organizaciones internacionales, las certificaciones que ellos expiden, hay un reconocimiento de su participación legal como miembro del Partido Comunista, Director de VOZ y facilitador de paz para buscar la solución política negociada del conflicto. Este argumento tiene una validez trascendental en el proceso. Que al nivel nacional e internacional reconozcan esa actividad como legítima, me parece de vital importancia.-¿Cómo evaluaron las pruebas solicitadas por la defensa?Este es el tercer aspecto. La decisión de la Fiscalía es oportuna después de haberse agotado esta etapa probatoria. Pero hay que decir que es mínima en el siguiente sentido: nosotros pedimos, recuerdo, como 150 testimonios, declaraciones, certificaciones, etcétera y solamente recibieron como 20, fue una pequeña muestra, pero muy significativa. Entonces esa actividad lleva a concluir que de lo que se trataba era de una actividad de persecución, estigmatización y descalificación de la labor de mediación y facilitación para la solución al conflicto armado en Colombia. Creo que eso quedó absolutamente desvirtuado.-¿Hay aspectos negativos en el pronunciamiento de la Fiscalía?Hay una circunstancia negativa en la medida en que la fiscalía no entra a analizar la legitimidad o no del operativo militar en el Ecuador, cuando en el proceso está plenamente probado y reconocido mediante testimonio de quienes participan en el operativo que ellos sí sabían que las coordenadas donde se realiza el operativo es territorio ecuatoriano. Eso implica la ilegalidad y la ilegitimidad de toda la prueba que ahí se consigue. Tampoco valoran la información que aparece en el disco duro, computadores y memorias USB que dijeron hallar en el sitio. Surge el interrogante de cómo se mantuvieron intactos los computadores, el disco duro y las memorias después del intenso bombardeo. Por lo menos debieron quedar afectados. Esto no se toca absolutamente para nada en el proceso. Igual no se toca el hecho de que esté probado en diferentes procesos, que Colombia no tiene la tecnología para utilizar bombas inteligentes. Eso excluye que el bombardeo fue realizado por la Fuerza Aérea Colombiana. La prueba técnica aportada por Ecuador demuestra que esto es imposible. Lo que hizo Colombia fue mandar los helicópteros después del bombardeo. No hay una explicación de por qué ellos sacan apenas dos cadáveres, los demás los dejan abandonados y además dejan abandonadas las mujeres heridas. Eso no lo analiza la Fiscalía porque argumenta que eso no es el objeto de la investigación. Tampoco analiza la cadena de custodia de la prueba y la violación a la reserva del sumario. Son elementos que deja por fuera. Para nosotros quedó claro que quienes ordenan el operativo en Ecuador son el Ministro de Defensa, el Director de Inteligencia de la Policía Nacional y el Director de la Policía Nacional y se supone que detrás está el superior que es el Presidente de la República. Uno no puede aceptar en términos de derecho que ellos den declaraciones públicas, que saquen los videos, que saquen las fotografías y después ni siquiera se investigue la violación a la reserva del sumario cuando las personas que reciben la información dicen que ellos nada tienen que ver, que respetaron la cadena de custodia, que ellos no han entregado información cuando la realidad demuestra todo lo contrario.-La Interpol avaló el computador…Aquí hay otro tema atravesado y es el papel de la Interpol y el estudio que se hace sobre los medios magnéticos. Aquí, igual, está demostrado que hubo adulteración de los medios magnéticos, se demostró en los estudios que ellos mismos realizan que hay registros de información con fechas de 2009 y 2010, cuando los hechos fueron en 2008, es imposible en términos técnicos o al menos es inexplicable que en un campamento guerrillero se trabaje en un computador con fechas y años adelantados. En el computador aparecen numerosos documentos con fecha de los años 2009 y 2010 en los discos duros extraíbles y en las memorias USB. Esta parte es la negativa que realiza la Fiscalía al validar este tipo de actuaciones de la Policía judicial.-¿Además de la eficacia que está demostrada en la asistencia jurídica a Carlos Lozano, qué otros factores influyeron en esta decisión de la Fiscalía?-Las certificaciones que llegaron a nivel internacional son contundentes al reconocer la legitimidad y la actuación transparente y clara de una persona que trabaja en la facilitación del proceso de paz. De la misma manera las declaraciones de la jerarquía eclesiástica son muy valiosas. porque reconocen esa labor. Igual la actividad de la Embajada y del Gobierno de Francia al concederle a Carlos la condecoración de Caballero de la Legión de Honor; las declaraciones de los altos comisionados de gobiernos anteriores y del ex presidente Ernesto Samper Pizano, que fue muy claro y preciso en el sentido que Carlos viene desarrollando esta labor desde el año 1995; de la misma forma las declaraciones de los ex secuestrados y sus familiares, ellos reconocen la labor humanitaria y que el hecho de conseguir pruebas de vida implica un alivio de carácter sicológico y que se está trabajando por la libertad de estas personas y ponerle fin al conflicto. Pero sobre todo la movilización social, la solidaridad nacional e internacional en esta lucha y en este propósito tiene un peso específico en la decisión, un poco demorada, porque ni siquiera ha debido abrirse investigación previa en estos casos como debe ser en derecho. La historia de criminalización y persecución política es una realidad en Colombia. La Fiscalía se ha prestado en algunos casos para detener a luchadores populares y darles la libertad un año o dos años después cuando se certifica su inocencia. El daño a las organizaciones populares es muy grande.El trabajo nacional e internacional que ha realizado Carlos, pesa mucho también en esta decisión. Así como la amplitud de sus relaciones políticas en el país que le han permitido un buen ganado prestigio.-¿Se está desmoronando la llamada “farcpolítica”?-La decisión de la Sala Penal de la Corte de archivar las indagaciones previas de los senadores Jaime Dussán y Gloria Inés Ramírez es un acierto jurídico. Pero creemos que siguen en la misma lógica, primero hay que investigar si efectivamente los miembros de la Comisión de Paz y de Derechos Humanos son delincuentes o no, si tienen relaciones con las organizaciones guerrilleras o no, cuando lo que cumplen es una labor política y el ejercicio del artículo 22 constitucional que habla del derecho a la paz, que es de todos los colombianos. Todos tenemos derecho a buscar la paz, no tenemos porque vivir permanentemente en guerra, porque a alguien le guste o porque a alguien le fascine o a un sector de la sociedad le guste la guerra. Sea nacional o incluso extranjero. Entonces no hay ninguna prueba que los que trabajan por la paz son miembros de la guerrilla. Que es un mandato constitucional el que están cumpliendo. La Corte buscó pruebas y no las encontró. Cuando se demuestra que nada tienen que ver con nada pues tienen que concederles la inocencia. Creo que todos los procesos tienen que terminar así por toda la argumentación que hemos dado. A las personas que viven y actúan en la legalidad en este sentido no se les puede criminalizar. Están haciendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. Los congresistas tienen libertad e inmunidad de conciencia. Son decisiones afortunadas y oportunas. Pero nunca se debieron abrir esas investigaciones. Aquí hay malas interpretaciones de la ley por parte de la fiscalía y los investigadores judiciales.Nosotros vamos más allá en los análisis. ¿Qué pasa cuando aquí se lucha en contra de la intervención militar extranjera a nivel amplio? Es una violación a la soberanía, es una intromisión en los asuntos internos, eso es colocarnos en una situación de neocolonial o de colonia, porque ellos están aquí y nosotros como colombianos no podemos saber quiénes son y qué hacen aquí. Es una violación de la Constitución Nacional. Hasta donde yo recuerdo no hay conceptos previos del Consejo de Estado ni autorización del Senado, pero aquí están. Son actuaciones de hecho. Hay que exigir que se investigue a los funcionarios públicos que han firmado esos tratados y esos convenios y a nivel amplio la gente puede ser más radical a nivel de exigencia en esas acciones. Y eso no convierte a quienes así lo dicen y hacen en alzados en armas, en guerrilleros y mucho menos en terroristas. No son enemigos del país sino todo lo contrario. La utilización de la Fiscalía de esos informes en forma mal intencionada no se puede aceptar en ningún caso.-Por último, que lección se puede sacar de este resultado, que a la postre es una victoria democrática?-Aquí hay que ser muy optimista, porque es claro que utilizando los mecanismos del sistema tanto en lo nacional como en lo internacional es posible obtener victorias jurídicas y políticas. Que uno no puede desfallecer a pesar de la adversidad, a pesar del control que se tiene por parte del Estado, de los grupos económicos nacionales e internacionales y la politización, así como del control por parte de las mafias y de los criminales en el caso del paramilitarismo de la estructura judicial y de los organismos de control de estas organizaciones de control. A pesar de eso no se puede desfallecer.Uno no puede decir, que en la Costa, por ejemplo a pesar del control de todo tipo, político, militar, social, cultural, del juego, educativo por parte de las mafias y el paramilitarismo y de los políticos tradicionales y de los empresarios, que allá no hay nada que hacer. Entonces nos tenemos que retirar y dejar a las víctimas y a las organizaciones que sobreviven sin ningún apoyo, sin ningún refuerzo y no llamarlos a que denuncien y que trabajen, a que eso se haga público. Lo que pasa es a los que nos llama es a que el ejercicio de la profesión hay que hacerlo distinto y yo creo que hay que romper un esquema. Las víctimas no tiene la obligación legal de ocultar lo que saben, esas verdades tienen que decirlas públicamente. Ahí no se está violando la reserva del sumario, ésta es para el abogado defensor y no para la víctima, ésta lo que tiene que hacer, y lo ha hecho en las audiencias públicas por la verdad frente a autoridades, en concreto es reconocer quién es el criminal, quién ha participado en los operativos, es una forma de actuación distinta del derecho. En estas condiciones lo que se ha demostrado es que los familiares sí conocen quiénes son los criminales en los municipios. Lo que hay que hacer es un proceso de acompañamiento de las altas autoridades y ahí cómo es posible que después de que se reconozca que el alcalde y el comandante de Policía y militar anda con los criminales, los protegen, andan con ellos, beben con ellos, pues ahí la misma autoridades es la que tiene que ordenar la captura y ahí se pide la protección para las personas que denuncian e informan del delito. La valentía y la dignidad que tienen las víctimas hay que reconocerlas y hay que acompañarlas. Y creo que en el ejercicio de estos procesos el acompañamiento de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otras tan importantes como Brigadas de Paz, entre otras, que acompañan a las víctimas. Cuando se colocan estas denuncias ante el Procurador o el fioscal y los órganos de control pues tienen que actuar porque son personas que saben de derecho.Esto sí tiene que cambiar, la estructura de justicia y los organismos de control del Estado tienen que cambiar, no podemos seguir aceptando que se nombre a personas que no tienen calidades para esos cargos, que no saben de estas cosas y que llegan a cumplir no sé qué papel. Lo decimos específicamente por el Procurador y el Fiscal. El Fiscal en Colombia debe ser una persona de las más altas dignidades, debe ser un experto en derecho penal, que conozca de la criminalidad, que conozca de las formas delincuenciales en Colombia y que sea un perfecto administrador para que maneje procesos de la magnitud que tiene y el presupuesto que tiene y las personas que tiene a su cargo. Una persona que va a administrar 25.000 funcionarios y el presupuesto que tiene para manejar la criminalidad en Colombia, no puede ser cualquier persona por más amigo y allegado que sea del Presidente de la República. Tiene que ser un experto en esta materia. En eso hay que persistir en acompañar a las víctimas a nivel internacional y nacional. La lucha contra la impunidad es un derecho de los pueblos y sobre todo de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad en Colombia están en la impunidad. Hay algunos militares, inclusive generales presos, como la cúpula paramilitar.-¿Cuántos son los militares y paramilitares presos?Estamos hablando de unos 600 militares presos, 3.000 investigados, jefes paramilitares 65 y unos 4.000 paramilitares más en la cárcel, pero de estos sólo 500 están en justicia y paz. Estamos en desacuerdo con justicia y paz, esta fracasó y una prueba palpable es que a cuatro años de su vigencia hay una sentencia parcial contra Salazar Carrascal (alias “Loro”) por tres homicidios y sigue investigado como por 25 y es simplemente un autor material. Al paso que vamos. Lo dicen inclusive los jefes paramilitares y sus abogados, no sé cuántos años se van a necesitar para que se puedan juzgar estos casos, cuando las penas son de cinco a ocho años, es decir, todos van a salir por pena cumplida máxima y no se han terminado los juicios. Contra esto es que estamos luchando para que esto cambie algún día. Pero bien, estamos en Colombia y aquí suceden estas cosas.