La responsabilidad política de un presidente
Alpher Rojas Carvajal
Rebelión
Hay ocasiones -decía Carlos Marx- en que los sectores dominantes llegan a tales niveles de degradación ética que hasta la propia legalidad les parece subversiva. Sin duda, no se trataba sólo de un retrato de la turbulenta época en que le correspondió reflexionar a este lúcido progenitor de las ciencias sociales. También era un pronóstico de largo plazo que entrañaba una aguda observación premonitoria relacionada con las dinámicas del sistema de acumulación por él criticado.
En efecto, el debilitamiento del Estado, las aceleradas globalizaciones de los flujos financieros y de las comunicaciones, la gigantesca ola consumista, la racionalidad instrumental medio-fin (Weber) y el perverso individualismo metodológico, que atrapó a una parte de la sociedad en las vacuidades novedosas del pensamiento posmoderno, ha conducido a un transitorio congelamiento de las expectativas democráticas por una sociedad más ética, más igualitaria y respetuosa de las diferencias. Y en su lugar ha puesto en la escena fulgurante de los medios el paradigma de la competencia, una praxis lujuriosa del libre mercado en el que la regla de oro es, sencillamente, que no hay reglas y que en su más prístino significado traduce: “sálvese quien pueda”.
La paradoja es que casi siempre esa “competencia” no es entre iguales, sino que se reduce al pulso librado entre un opulento magnate (léase país, banco o multinacional) bien dormido y bien comido y un famélico individuo sin reflejos (léase país, empresa o ciudadano), publicitada por las tecnocracias transfronterizas como panacea para asegurar la “confianza inversionista”.
La sociología jurídica moderna, en especial aquella que tiene que ver con la formación de las leyes, visibiliza las costuras del modelo competitivo e indica cómo a partir de la vigencia del Consenso de Washington –pivote de la globalización neoliberal-, los ordenamientos legales son diseñados por los abogados de las corporaciones transnacionales en las reuniones de los países poderosos cuyo objetivo es la maximización de utilidades. Flexibilización, exenciones, subsidios, garantismo corporativo, son figuras inscritas en la matriz del nuevo sistema mundial, pues el progreso anunciado al final no consiste en un esfuerzo común por desplazar la pobreza o las fronteras de la escasez, sino en juegos que no sumen nada porque una parte debe pagar lo que otros ganan.
Hay que recordar que los países desarrollados, que abrigan el 21% de la población mundial, controlan el 78% de la producción de bienes y servicios y consumen el 75% de toda la energía generada (1). En ese escenario en el que la economía subordina a la política, los mandatarios tercermundistas, cual autómatas secuenciales, cumplen acríticamente el papel de legitimar ante sus parlamentos los intereses del mercado mundial para el usufructo de los recursos nacionales, en enmascarados procesos que desembocan a mediano plazo en macrocrímenes (biológicos, ambientales, económicos, culturales, militares o políticos) disfrazados como contingencias de la crisis para facilitar la “cohesión social”.
En estas circunstancias, los resquicios por los que se refina el crimen de cuello blanco y, aún, la pequeña y mediana industria de la delincuencia -que así entrecruza sus planos con el poder legítimo-, son múltiples. Pero los principales están en los respiraderos móviles y en las falsas barreras de las nuevas leyes, facilitadoras y propiciadoras de impunidad y privilegios. “Nunca antes los criminales habían sido tan globales, tan ricos ni tan políticamente influyentes” (2) advierte Moisés Naim, editor de la acreditada revista Foreing Policy. Para quien estas elites corruptas representan un poder económico que mueve el diez por ciento del comercio mundial.
En esa misma línea ilustrativa, muchos años después de su deceso el notable dramaturgo alemán Berthold Brecht (“ Pero, ¿cómo puedo comer y beber cuando le arranco al hambriento lo que como, y mi vaso de agua le falta a un sediento?”), vería -en el contexto de la crisis financiera mundial del siglo XXI- hecho realidad su apotegma moral sobre la similitud delictual entre crear un banco y atracarlo.
Esa realidad transnacional que, a todas luces resulta aplastante para los países pobres y decepcionante para los espíritus frágiles, es transvasada en apropiadas dosis a nuestra cultura institucional. Colombia, en lo que va corrido de este siglo ha metabolizado modelos depredadores, normatividades complacientes y jurisprudencias exculpatorias que, de alguna manera, son extrañas a nuestra personalidad histórica y que generan las condiciones de exclusión y fractura social en que se asienta el modelo de desarrollo violento actualmente en boga.
La apropiación de estas concepciones ha entrañado para el país la profundización de irritantes desequilibrios sociales, que se expresan tanto en los factores de concentración de la riqueza y las oportunidades, como en una rampante corrupción de las elites en el poder. El gobierno neoconservador del presidente Uribe Vélez, pese a las estrategias mediáticas para ocultar su descomposición ética, no ha logrado taponar la filtración semanal de frecuentes hechos de venalidad desde el primer día de gobierno en que designó al hoy sujeto procesal Fernando Londoño Hoyos como ministro del Interior hasta el escándalo de este mes “Agro Ingreso seguro”, programa que ha repartido 1,4 billones de pesos, especialmente a familias terratenientes multimillonarias, con fuertes lazos políticos y partidistas con el gobierno.
El Instituto del Pensamiento Liberal, bajo el título de “El Frenesí del Poder” (3) publicó entre los años 2003 y 2007 una investigación en dos folletos con la antología de los actos de corrupción de la administración Uribe Vélez, en la que se registran más de 167 conductas delictuales, que en su momento causaron asombro. Y en la serie “El embrujo autoritario” (4), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, consigna una amplia reseña de los favorecimientos, apropiaciones violentas de tierras, desplazamiento de campesinos y violación de derechos. Pero aún no habían aparecido en escena las “Chuzadas” y el espionaje del DAS ni los “falsos positivos”, eufemismo para disfrazar las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos a manos de la Fuerza Pública, ni el cohecho notarial de la presidencia ni las macabras revelaciones de los jefes paramilitares, ni las zonas francas de la familia presidencial, ni el estudio del investigador Luís Jorge Garay sobre la contrarreforma agraria que despojó a los campesinos colombianos de 5.5 millones de hectáreas de tierras productivas.
No obstante, Uribe Vélez a través de diversas modalidades de control social y con el ejercicio simbólico de ritos de sacralización, jerarquización, compasión y miedo, ha sustraído su figura a las constantes sindicaciones. Salvar responsabilidades y adjudicarlas a construcciones ilusorias de sus adversarios, o restarles importancia mediante la activación de sorpresivas bombas de humo con las que hábilmente encubre el hecho precedente, es una característica de su estilo de gobernar.
Según la tradición constitucional, el gobierno lo conforman el Presidente y sus ministros. Ello implica que la responsabilidad política está en cabeza del jefe del gobierno. De no ser que los propios colombianos ejerzamos una suerte de “voto castigo” a la conducta presidencial, sólo la Corte Penal Internacional, como mecanismo de la Justicia global podría asumir el juzgamiento de la responsabilidad política del mandatario. Una sabia sentencia árabe dice: “Los heraldos que tocan a tú puerta tú los has llamado y no te has dado cuenta”.
- Alpher Rojas Carvajal es analista político, investigador social y director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural.
1 Santos, Boaventura de Souza (2006) La caída del Angelus Novus. Ilsa, Universidad Nacional de Colombia
2 Naim, Moisés (2006) Ilícito, Debate editorial.
3 Instituto del Pensamiento Liberal (2005/2007) El Frenesí del Poder. Sherditores IPL
3 Plataforma colombiana de DD.HH., (2003/04/05/06/07) www.plataforma-colombiana.org
jueves, 22 de octubre de 2009
www.reddhfic.org
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
DENUNCIA PÚBLICA
Continúa el uso de armas de guerra convencional y no convencional de fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano y el abuso de autoridad contra de Estudiantes de la Universidad del Valle.
Un herido con arma de fuego y decenas de heridos con armas no convencionales en desarrollo de actos de represión contra jornadas de movilización Universitaria.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
Sur occidente de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali, Universidad del Valle;
El Estado Colombiano mediante operaciones sistemáticas y combinadas de integrantes de las Fuerzas Especiales del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) y Metropolitana de Santiago de Cali al mando del Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA, del Comandando del Departamento del Valle del Cauca al mando del Coronel NELSON ACEROS RANGEL, entre los que se destacan los integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) y Policías Motorizados y Narco Paramilitares, en desarrollo de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática, reprime brutal e indiscriminadamente, con todo tipo de armamento de guerra a un grupo de estudiantes que en ejercicio de sus derechos constitucionales participaban de las Jornadas Nacionales de Movilización Universitarias.
Varios estudiantes que participaron en la jornada de protesta presentan heridas con armas no convencionales y uno con arma de fuego, el campus universitario y un centro de salud nuevamente fue violentado, en desarrollo de la agresión de las fuerzas armadas regulares e irregulares colombianas.
Sobre las Universidades Colombianas y en particular en la Universidad del Valle, Estado colombiano continúa desarrollando una campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento de integrantes de la comunidad universitaria y sus organizaciones.
Por lo tanto, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (Narco Paramilitares) del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones estudiantiles y sus líderes naturales, en el Departamento del Valle del Cauca.
HECHOS
Al sur occidente de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, municipio de Santiago de Cali
Lunes 19 de octubre de 2009
Sede Meléndez de la Universidad del Valle, hacia las 12:00 de la tarde, se inicia una jornada de manifestación estudiantil pacifica enmarcada dentro del contexto nacional de luchas universitarias por la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria y la financiación estatal.
Cerca de las 12:15 de la tarde en momentos en que la concentración de estudiantes universitarios se localizaba sobre la Avenida Pasoancho, un hombre vestido de civil ubicado al interior de un automotor Mazda 6 de color gris apostado en inmediaciones de la unidad Multicentro II, realiza disparos indiscriminados de arma de fuego contra los manifestantes, resultando herido el estudiante DUVAN ARLÉS GUALTERO. Uno de los proyectiles de arma de fuego le impacto sobre el tronco de su persona.
Posterior a este hecho los ocupantes del automóvil parten a gran velocidad de la zona.
Cerca de las 12:20 de la tarde hacen presencia en el lugar de los hechos, un grupo de integrantes de las fuerzas Especiales de la Policía del Estado Colombiano pertenecientes al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), así como tanquetas, camionetas y unidades motorizadas de la misma jurisdicción.
Posteriormente integrantes del ESMAD, sin orden judicial ingresan al campus universitario e inician una brutal represión utilizando indiscriminadamente armas convencionales y no convencionales sobre la humanidad de los concentrados, entre las que se destacan: Gases lacrimógenos, Granadas de esparcimiento, objetos explosivos cargados con canicas, metralla (vidrio molido y lata picada) y perdigones y bombas de aturdimiento y ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma.
La acción Terrorista de las fuerzas Regulares del Estado Colombiano dejo un saldo indeterminado de heridos, de los cuales a la fecha y hora están confirmados:
DUVAN ARLÉS GUALTERO, Herido con proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado al Servicio Médico de la Universidad del Valle en el bloque 384 del Campus de Meléndez. El edificio y quienes se encontraban en su interior igualmente fueron atacados con gases lacrimógenos por efectivos del ESMAD. Ante la gravedad de la herida, el estudiante tiene que ser trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, en donde se encuentra estable y recuperándose.
Una persona (al parecer trabajador de Coca Cola) resulta víctima de un arma no convencional lanzada por la Policía, con el resultado de que se le revienta el tímpano derecho siendo trasladado a la Clínica Valle de Lili.
EN RECHAZO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, QUE HACE DE LA EXTRALIMITACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL ESTADO COLOMBIANO.
EN RECHAZO AL TERRORISMO DE ESTADO QUE MATERIALIZAN LAS FUERZAS DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE Santiago de Cali.
EN RECHAZO A LA PASIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL FRENTE LA CRISIS HUMANITARIA QUE PADECE LA REGIÓN Y A LA FALTA DE ACCIONES CONCRETAS DIRIGIDAS A FRENAR ESTA POLÍTICA DEL RÉGIMEN FASCISTA DE ALVARO URIBE VELEZ.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DE Los estudiantes universitarios.
FRENTE AL FUNDADO TEMOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN RECHAZO A LAS EXTRALIMITACIONES DE LAS FUERZAS REGULARES E IRREGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Y ANTE EL TEMOR DEL NÚCLEO FAMILIAR DEL CIUDADANO COLOMBIANO DUVAN ANDRÉS GUALTERO
Señalando que
DUVAN ARLÉS GUALTERO, En la actualidad es estudiante del programa de Sociología de la Universidad del Valle, integrante de las organizaciones gremiales Círculos Populares de Estudios Latinoamericanos (CPEL), así como de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle.
RESPONSABILIZAMOS
Al estado colombiano, y en particular al Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA (Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) y Metropolitana de Santiago de Cali), y al Coronel NELSON ACEROS RANGEL (Comandando del Departamento del Valle del Cauca), por acción y omisión de serias violaciones a los Derechos Humanos. Y en especial por la vida e integridad física del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO, asentado en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos a vida, la salud, la seguridad personal, la organización y el trabajo del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los estudiantes y sus organizaciones en la Universidad del Valle, en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los estudiantes y sus organizaciones en la Universidad del Valle, en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
20 DE OCTUBRE DE 2009
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
GABRIEL SILVA LUJAN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
FABIO VALENCIA COSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
DENUNCIA PÚBLICA
Continúa el uso de armas de guerra convencional y no convencional de fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano y el abuso de autoridad contra de Estudiantes de la Universidad del Valle.
Un herido con arma de fuego y decenas de heridos con armas no convencionales en desarrollo de actos de represión contra jornadas de movilización Universitaria.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
Sur occidente de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali, Universidad del Valle;
El Estado Colombiano mediante operaciones sistemáticas y combinadas de integrantes de las Fuerzas Especiales del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) y Metropolitana de Santiago de Cali al mando del Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA, del Comandando del Departamento del Valle del Cauca al mando del Coronel NELSON ACEROS RANGEL, entre los que se destacan los integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) y Policías Motorizados y Narco Paramilitares, en desarrollo de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática, reprime brutal e indiscriminadamente, con todo tipo de armamento de guerra a un grupo de estudiantes que en ejercicio de sus derechos constitucionales participaban de las Jornadas Nacionales de Movilización Universitarias.
Varios estudiantes que participaron en la jornada de protesta presentan heridas con armas no convencionales y uno con arma de fuego, el campus universitario y un centro de salud nuevamente fue violentado, en desarrollo de la agresión de las fuerzas armadas regulares e irregulares colombianas.
Sobre las Universidades Colombianas y en particular en la Universidad del Valle, Estado colombiano continúa desarrollando una campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento de integrantes de la comunidad universitaria y sus organizaciones.
Por lo tanto, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (Narco Paramilitares) del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones estudiantiles y sus líderes naturales, en el Departamento del Valle del Cauca.
HECHOS
Al sur occidente de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, municipio de Santiago de Cali
Lunes 19 de octubre de 2009
Sede Meléndez de la Universidad del Valle, hacia las 12:00 de la tarde, se inicia una jornada de manifestación estudiantil pacifica enmarcada dentro del contexto nacional de luchas universitarias por la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria y la financiación estatal.
Cerca de las 12:15 de la tarde en momentos en que la concentración de estudiantes universitarios se localizaba sobre la Avenida Pasoancho, un hombre vestido de civil ubicado al interior de un automotor Mazda 6 de color gris apostado en inmediaciones de la unidad Multicentro II, realiza disparos indiscriminados de arma de fuego contra los manifestantes, resultando herido el estudiante DUVAN ARLÉS GUALTERO. Uno de los proyectiles de arma de fuego le impacto sobre el tronco de su persona.
Posterior a este hecho los ocupantes del automóvil parten a gran velocidad de la zona.
Cerca de las 12:20 de la tarde hacen presencia en el lugar de los hechos, un grupo de integrantes de las fuerzas Especiales de la Policía del Estado Colombiano pertenecientes al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), así como tanquetas, camionetas y unidades motorizadas de la misma jurisdicción.
Posteriormente integrantes del ESMAD, sin orden judicial ingresan al campus universitario e inician una brutal represión utilizando indiscriminadamente armas convencionales y no convencionales sobre la humanidad de los concentrados, entre las que se destacan: Gases lacrimógenos, Granadas de esparcimiento, objetos explosivos cargados con canicas, metralla (vidrio molido y lata picada) y perdigones y bombas de aturdimiento y ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma.
La acción Terrorista de las fuerzas Regulares del Estado Colombiano dejo un saldo indeterminado de heridos, de los cuales a la fecha y hora están confirmados:
DUVAN ARLÉS GUALTERO, Herido con proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado al Servicio Médico de la Universidad del Valle en el bloque 384 del Campus de Meléndez. El edificio y quienes se encontraban en su interior igualmente fueron atacados con gases lacrimógenos por efectivos del ESMAD. Ante la gravedad de la herida, el estudiante tiene que ser trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, en donde se encuentra estable y recuperándose.
Una persona (al parecer trabajador de Coca Cola) resulta víctima de un arma no convencional lanzada por la Policía, con el resultado de que se le revienta el tímpano derecho siendo trasladado a la Clínica Valle de Lili.
EN RECHAZO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, QUE HACE DE LA EXTRALIMITACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL ESTADO COLOMBIANO.
EN RECHAZO AL TERRORISMO DE ESTADO QUE MATERIALIZAN LAS FUERZAS DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE Santiago de Cali.
EN RECHAZO A LA PASIVIDAD DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL FRENTE LA CRISIS HUMANITARIA QUE PADECE LA REGIÓN Y A LA FALTA DE ACCIONES CONCRETAS DIRIGIDAS A FRENAR ESTA POLÍTICA DEL RÉGIMEN FASCISTA DE ALVARO URIBE VELEZ.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DE Los estudiantes universitarios.
FRENTE AL FUNDADO TEMOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN RECHAZO A LAS EXTRALIMITACIONES DE LAS FUERZAS REGULARES E IRREGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Y ANTE EL TEMOR DEL NÚCLEO FAMILIAR DEL CIUDADANO COLOMBIANO DUVAN ANDRÉS GUALTERO
Señalando que
DUVAN ARLÉS GUALTERO, En la actualidad es estudiante del programa de Sociología de la Universidad del Valle, integrante de las organizaciones gremiales Círculos Populares de Estudios Latinoamericanos (CPEL), así como de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad del Valle.
RESPONSABILIZAMOS
Al estado colombiano, y en particular al Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA (Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) y Metropolitana de Santiago de Cali), y al Coronel NELSON ACEROS RANGEL (Comandando del Departamento del Valle del Cauca), por acción y omisión de serias violaciones a los Derechos Humanos. Y en especial por la vida e integridad física del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO, asentado en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos a vida, la salud, la seguridad personal, la organización y el trabajo del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los estudiantes y sus organizaciones en la Universidad del Valle, en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los estudiantes y sus organizaciones en la Universidad del Valle, en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano DUVAN ARLÉS GUALTERO y su núcleo familiar.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la violación a la Autonomía Universitaria, al principio de distinción y la afectación a bienes protegidos.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
20 DE OCTUBRE DE 2009
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
GABRIEL SILVA LUJAN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
FABIO VALENCIA COSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
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URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
DENUNCIA PÚBLICA
Requisas ilegales, actos de señalamiento y detención arbitraria, cometidas por integrantes del Comando de Policía del Estado Colombiano, lesionan la libertad e integridad personal de líder campesino y integrante del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, Integrante de la Coordinación Departamental Valle del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
Al sur occidente de Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Florida, integrantes del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) del Estado Colombiano, al mando del Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA, en desarrollo de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática, reprime arbitrariamente a dos ciudadanos campesinos.
Como política de Estado, los “policías de la patria” del presidente Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de su accionar ilegal violan frecuente y reiteradamente el carácter de protección que tienen los civiles y sus derechos inalienables.
Sobre las organizaciones populares, sus líderes y en especial contra las Jornadas de Protesta que se desarrollan en el territorio Colombiano, el Estado colombiano continúa desarrollando una campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento.
Por lo tanto, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (Narco Paramilitares) del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Valle del Cauca.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca,
Viernes 16 de octubre de 2009
Municipio de Florida, casco urbano, se lleva a cabo una movilización pacífica de indígenas pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) en la que participan cerca de 1.000 indígenas que se ubican en el edificio de la Alcaldía Municipal.
Cerca de la las 9:45 de la mañana los ciudadanos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA se dirigen a una cafetería en los alrededores de la Alcaldía Municipal para digitar en un computador portátil unos oficios relativos a proyectos productivos para las zonas rurales dirigidos al Alcalde del Municipio de Florida.
Hacia las 10:40 de la mañana cuatro efectivos de la Policía Nacional hacen presencia en la cafetería, incluyendo un sargento que llega en moto. El grupo de policías les solicitan a los señores CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA una requisa, les piden las cédulas de ciudadanía y les dicen que los tienen que llevar a la estación, además realizan una requisa desproporcionada al maletín de LÓPEZ MENESES, decomisándole arbitrariamente un paquete con volantes de la campaña por la libertad del líder indígena del Cauca, Jesús Eduardo Mestizo.
Uno de los policías acusa al señor LÓPEZ MENESES, señalando que el, se encontraba en Florida para “armar desorden” y que por esta razón debía acompañarlo a la estación. Así mismo lo señalan de ser un supuesto “agitador de la Universidad del Valle” vinculados con la movilización indígena. López Meneses aclara que él no estudia en la Universidad del Valle y que hace parte del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca en lo referente al tema de Producción y Medio Ambiente, y que se encuentra con ISIDRO MENDOZA redactando una carta dirigida al alcalde municipal, ante esto los agentes solicitan ver la carta, la cual les es mostrada en el portátil.
Uno de los policías procede a gritar de manera amenazante a los señores LÓPEZ MENESES y MENDOZA, ordenándoles que tienen que desplazarse con ellos a la estación y acusándolos de ser “revoltosos”. Los policías proceden a organizarse en formación intimidante contra los dos líderes y uno de ellos amenaza con llamar a la patrulla panel.
Ante la amenaza de de fuerza contra su integridad personal los señores LÓPEZ MENESES y MENDOZA acceden a desplazarse a la Estación de Policía de Florida acompañados de los agentes mencionados.
Al llegar a la Estación el señor LÓPEZ MENESES recibe una llamada a su celular, uno de los agentes le retiene el teléfono y se lo apagan. Posteriormente también incomunican a MENDOZA, apagándole su celular. Los retenidos se niegan a entrar al edificio ante lo cual un agente de policía armado con un fusil ubicado a la entrada de la estación procede a actuar de manera intimidante contra estas dos personas. Ante esta postura los retenidos proceden a ingresar al edificio, una vez allí los separan en cuartos diferentes.
Camilo Ernesto López Meneses es interrogado por un agente de la SIJIN quien procede a preguntarle por su identidad, residencia, ocupación, que qué hace en Florida ese día. El ingeniero procede a explicarle sobre su función en la CCVC y la interlocución que se viene llevando con la alcaldía para la creación de una “mesa de concertación campesina”. Similar interrogatorio se le hace a Isidro Mendoza, a quien por su adscripción como líder campesino proceden a preguntarle sobre la guerrilla en las zonas rurales.
Hacia las 12:00 de la tarde ingresa al sitio de interrogatorio de López Meneses el sargento de la policía responsable de la detención ilegal quien procede a disculparse, que se trataba de un requerimiento de rutina, que lo habían llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a preguntarles por los dos detenidos, y que quedaban en libertad. Así mismo le señalan que la Policía de Florida tenía información sobre la supuesta presencia de “agitadores de la Universidad del Valle” vinculados a la movilización indígena que hacía presencia en la Alcaldía Municipal.
Los dos detenidos firman un documento de salida y les son devueltas sus cédulas de ciudadanía (que no se habían devuelto en ningún momento). La Policía se queda con los comunicados de la Campaña por la Libertad de Jesús Eduardo Mestizo.
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE POLICIAS DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL ABUSO DE AUTORIDAD
Señalando que
CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES, En la actualidad es ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional, responsable de Producción y Medio Ambiente del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC).
ISIDRO MENDOZA, en la actualidad es un líder campesino del municipio de Florida, miembro en calidad de vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), filial de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), y de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano, y en particular al Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA, Comandante del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) del Estado Colombiano, por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Florida en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Florida en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
19 DE OCTUBRE DE 2009
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
GABRIEL SILVA LUJAN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
FABIO VALENCIA COSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
DENUNCIA PÚBLICA
Requisas ilegales, actos de señalamiento y detención arbitraria, cometidas por integrantes del Comando de Policía del Estado Colombiano, lesionan la libertad e integridad personal de líder campesino y integrante del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, Integrante de la Coordinación Departamental Valle del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:
Al sur occidente de Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Florida, integrantes del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) del Estado Colombiano, al mando del Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA, en desarrollo de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática, reprime arbitrariamente a dos ciudadanos campesinos.
Como política de Estado, los “policías de la patria” del presidente Álvaro Uribe Vélez, en desarrollo de su accionar ilegal violan frecuente y reiteradamente el carácter de protección que tienen los civiles y sus derechos inalienables.
Sobre las organizaciones populares, sus líderes y en especial contra las Jornadas de Protesta que se desarrollan en el territorio Colombiano, el Estado colombiano continúa desarrollando una campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento.
Por lo tanto, responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (Narco Paramilitares) del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Valle del Cauca.
HECHOS.
Al sur occidente de Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca,
Viernes 16 de octubre de 2009
Municipio de Florida, casco urbano, se lleva a cabo una movilización pacífica de indígenas pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) en la que participan cerca de 1.000 indígenas que se ubican en el edificio de la Alcaldía Municipal.
Cerca de la las 9:45 de la mañana los ciudadanos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA se dirigen a una cafetería en los alrededores de la Alcaldía Municipal para digitar en un computador portátil unos oficios relativos a proyectos productivos para las zonas rurales dirigidos al Alcalde del Municipio de Florida.
Hacia las 10:40 de la mañana cuatro efectivos de la Policía Nacional hacen presencia en la cafetería, incluyendo un sargento que llega en moto. El grupo de policías les solicitan a los señores CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA una requisa, les piden las cédulas de ciudadanía y les dicen que los tienen que llevar a la estación, además realizan una requisa desproporcionada al maletín de LÓPEZ MENESES, decomisándole arbitrariamente un paquete con volantes de la campaña por la libertad del líder indígena del Cauca, Jesús Eduardo Mestizo.
Uno de los policías acusa al señor LÓPEZ MENESES, señalando que el, se encontraba en Florida para “armar desorden” y que por esta razón debía acompañarlo a la estación. Así mismo lo señalan de ser un supuesto “agitador de la Universidad del Valle” vinculados con la movilización indígena. López Meneses aclara que él no estudia en la Universidad del Valle y que hace parte del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca en lo referente al tema de Producción y Medio Ambiente, y que se encuentra con ISIDRO MENDOZA redactando una carta dirigida al alcalde municipal, ante esto los agentes solicitan ver la carta, la cual les es mostrada en el portátil.
Uno de los policías procede a gritar de manera amenazante a los señores LÓPEZ MENESES y MENDOZA, ordenándoles que tienen que desplazarse con ellos a la estación y acusándolos de ser “revoltosos”. Los policías proceden a organizarse en formación intimidante contra los dos líderes y uno de ellos amenaza con llamar a la patrulla panel.
Ante la amenaza de de fuerza contra su integridad personal los señores LÓPEZ MENESES y MENDOZA acceden a desplazarse a la Estación de Policía de Florida acompañados de los agentes mencionados.
Al llegar a la Estación el señor LÓPEZ MENESES recibe una llamada a su celular, uno de los agentes le retiene el teléfono y se lo apagan. Posteriormente también incomunican a MENDOZA, apagándole su celular. Los retenidos se niegan a entrar al edificio ante lo cual un agente de policía armado con un fusil ubicado a la entrada de la estación procede a actuar de manera intimidante contra estas dos personas. Ante esta postura los retenidos proceden a ingresar al edificio, una vez allí los separan en cuartos diferentes.
Camilo Ernesto López Meneses es interrogado por un agente de la SIJIN quien procede a preguntarle por su identidad, residencia, ocupación, que qué hace en Florida ese día. El ingeniero procede a explicarle sobre su función en la CCVC y la interlocución que se viene llevando con la alcaldía para la creación de una “mesa de concertación campesina”. Similar interrogatorio se le hace a Isidro Mendoza, a quien por su adscripción como líder campesino proceden a preguntarle sobre la guerrilla en las zonas rurales.
Hacia las 12:00 de la tarde ingresa al sitio de interrogatorio de López Meneses el sargento de la policía responsable de la detención ilegal quien procede a disculparse, que se trataba de un requerimiento de rutina, que lo habían llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a preguntarles por los dos detenidos, y que quedaban en libertad. Así mismo le señalan que la Policía de Florida tenía información sobre la supuesta presencia de “agitadores de la Universidad del Valle” vinculados a la movilización indígena que hacía presencia en la Alcaldía Municipal.
Los dos detenidos firman un documento de salida y les son devueltas sus cédulas de ciudadanía (que no se habían devuelto en ningún momento). La Policía se queda con los comunicados de la Campaña por la Libertad de Jesús Eduardo Mestizo.
ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE POLICIAS DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL ABUSO DE AUTORIDAD
Señalando que
CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES, En la actualidad es ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional, responsable de Producción y Medio Ambiente del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC).
ISIDRO MENDOZA, en la actualidad es un líder campesino del municipio de Florida, miembro en calidad de vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), filial de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), y de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano, y en particular al Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAUTE TAPIA, Comandante del Comando de Policía Región 4 (Sur Occidente) del Estado Colombiano, por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA que se están viendo afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.
AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Florida en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Florida en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los ciudadanos colombianos CAMILO ERNESTO LÓPEZ MENESES y ISIDRO MENDOZA y su núcleo familiar que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia Pública.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
19 DE OCTUBRE DE 2009
INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
GABRIEL SILVA LUJAN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
FABIO VALENCIA COSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es
Bogotá D.C., 20 de octubre de 2009
Informe de la representación estudiantil al CSU respecto a lo aprobado en el congreso el día martes 20 de octubre de 2009.
Después de una exitosa marcha de alrededor de 40.000 estudiantes de la mayoría de universidades públicas país, pudimos ingresar a la sesión del Senado y de la Cámara dos estudiantes de la universidad nacional, el profesor Pedro Hernández y un estudiante de la UPTC de Boyacá, intervenimos en el Senado siendo enfáticos en la responsabilidad del Estado de financiar la educación superior, exigiendo un aumento de 600 mil millones de pesos para la universidades los cuales deberían destinarse directamente a la base presupuestal de las universidades sin intermediación del ICETEX, Colciencias, el MEN o el ministerio de educación, de igual forma se exigieron garantías para los derechos humanos de la comunidad universitaria y por último se dejó claro que los congresistas podrían ser responsables de la quiebra de las universidades sino se tomaban las decisiones adecuadas.
Finalmente lo aprobado fue:
Además del IPC proyectado para el 2010
Un incremento de 70 mil millones de pesos que irán para las universidades públicas mediante una fiducia del ICETEX, presupuesto que será repartido por el ministerio de educación mediante concurso de acuerdo a los indicadores de aumento de cobertura y el otro criterio es la “equidad” (lo que en pocas palabras implica menos dinero para la Nacional, la de Antioquia y la del Valle. Y más para las universidades regionales)
Un incremento de 30 mil millones de pesos a través de Colciencias, es decir únicamente para proyectos de investigación de las universidades que sean aprobados por las convocatorias de Colciencias.
42 mil millones de pesos que serán destinados al ICFES y que posteriormente serán devueltos a las universidades según los criterios que establezca la ministra de educación.
Y el pago de 19 mil millones de pesos que hacen parte del monto total que el gobierno nacional le debe a las universidades públicas por el descuento del 10% en el pago de las matrículas para los estudiantes que muestren su certificado electoral.
--
****************************
COMISIÓN DE MEDIOS,
ASAMBLEA DE ESTUDIANTES UTP
Blog:
http://asambleautp.blogspot.com
Informe de la representación estudiantil al CSU respecto a lo aprobado en el congreso el día martes 20 de octubre de 2009.
Después de una exitosa marcha de alrededor de 40.000 estudiantes de la mayoría de universidades públicas país, pudimos ingresar a la sesión del Senado y de la Cámara dos estudiantes de la universidad nacional, el profesor Pedro Hernández y un estudiante de la UPTC de Boyacá, intervenimos en el Senado siendo enfáticos en la responsabilidad del Estado de financiar la educación superior, exigiendo un aumento de 600 mil millones de pesos para la universidades los cuales deberían destinarse directamente a la base presupuestal de las universidades sin intermediación del ICETEX, Colciencias, el MEN o el ministerio de educación, de igual forma se exigieron garantías para los derechos humanos de la comunidad universitaria y por último se dejó claro que los congresistas podrían ser responsables de la quiebra de las universidades sino se tomaban las decisiones adecuadas.
Finalmente lo aprobado fue:
Además del IPC proyectado para el 2010
Un incremento de 70 mil millones de pesos que irán para las universidades públicas mediante una fiducia del ICETEX, presupuesto que será repartido por el ministerio de educación mediante concurso de acuerdo a los indicadores de aumento de cobertura y el otro criterio es la “equidad” (lo que en pocas palabras implica menos dinero para la Nacional, la de Antioquia y la del Valle. Y más para las universidades regionales)
Un incremento de 30 mil millones de pesos a través de Colciencias, es decir únicamente para proyectos de investigación de las universidades que sean aprobados por las convocatorias de Colciencias.
42 mil millones de pesos que serán destinados al ICFES y que posteriormente serán devueltos a las universidades según los criterios que establezca la ministra de educación.
Y el pago de 19 mil millones de pesos que hacen parte del monto total que el gobierno nacional le debe a las universidades públicas por el descuento del 10% en el pago de las matrículas para los estudiantes que muestren su certificado electoral.
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COMISIÓN DE MEDIOS,
ASAMBLEA DE ESTUDIANTES UTP
Blog:
http://asambleautp.blogspot.com
Saravena, 20 de octubre de 2009.
ACCIÓN URGENTE
ENTRE DETENCIONES, AMENAZAS, MUERTES E INVASIÓN MILITAR DE SU COTIDIANIDAD, DISCURRE LA VIDA DE LOS POBLADORES DEL ORIENTE COLOMBIANO.
Han transcurrido cinco meses, luego de la detención masiva desarrollada en Saravena el 10 de mayo del presente año, cuando nuevamente el departamento de Arauca y sus pobladores vuelven a ser víctimas del eje de judicialización en el marco de la estrategia de agresión contra el pueblo araucano. En efecto el día de ayer 19 de octubre, se desarrolló en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauca capital, la “operación ABC” del DAS y Ejército Nacional, que dejó como resultado allanamientos a las viviendas y la captura de 20 ciudadanos de esta región del país, acusados de pertenecer a las estructura de la Organización Rebelde FARC-EP.
Según informes periodísticos, 17 de las 20 nuevas víctimas de esta táctica, fueron las siguientes:
DEISY OVIEDO LEAL, GLADYS LEAL BASTOS y ELISEO REINA BARÓN, quienes fueron detenidos en el casco urbano del municipio de Tame.
Mientras tanto, MAYERLY ANDREA MEDINA BUITRAGO, MARÍA ELIDA ACEVEDO CLAVIJO, YANETH ALVARADO REINA, RODRIGO CARRILLO PAYARES, NELLY FONTECHA ZEA, ÁLVARO DE JESÚS PERTUS QUINTERO, LIGIA TERESA RINCÓN, ÁLVARO ROJAS RÍOS, BENITO TARAZONA VARGAS, GLORIA ISABEL VEGA TRUJILLO, SONIA TERESA BARBOSA, ROSA CECILIA ARIZA VARGAS, JHOANNA ASTRID MARÍN ARIZA, JAIME PAREDES ROJAS, fueron privados de su libertad en los municipios de Fortul y Saravena.
Todos los detenidos, fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y se encuentran en los calabozos del DAS en Paloquemado y se encuentran a disposición de la Fiscalía 104 Seccional destacada ante el DAS.
Este eje de la estrategia de agresión se ha basado en “informes de inteligencia” y declaraciones de supuestos reinsertados de las organizaciones rebeldes, que reciben beneficios económicos, jurídicos y de otra índole, para efectuar imputaciones, y con base en ellas formar un proceso para mostrar, de un lado, unos resultados en la lucha contra la insurgencia, que no se han obtenido y por otro, desarticular el tejido social. Existen denuncias penales a cerca de la forma como estos “testigos de cargo” aparte de declarar en los diferentes asuntos judiciales también se dedican a extorsionar, amenazar y constreñir a los pobladores de esta región, intimidándolos que de no acceder a sus pretensiones se vincularan a investigaciones penales como la que hoy nos ocupa. Ejemplo de ello es la investigación seguida por la Fiscalía Seccional de Saravena con base en la denuncia formulada por la señora Ana Benilda Patiño, que a pesar de contar con material probatorio suficiente, no ha tenido mayores desarrollos, pero sí se permite que estos delincuentes sigan actuando como único elemento probatorio para privar de la libertad a los araucanos.
Mientras la fuerza pública, los organismos de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, persigue a los dirigentes sociales, comerciantes y población en general con las judicializaciones, sigue el baño de sangre en esta región; a los hechos denunciados en las acciones urgentes que hemos puesto en conocimiento de la opinión regional, nacional e internacional, se añaden las muertes y atentados que a continuación reseñamos:
El 14 de octubre, fueron asesinados en el casco urbano de Saravena, los señores JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MOSQUERA y JOSÉ ANTONIO VARGAS, en horas de la tarde cuando departían en un establecimiento comercial en el sector conocido como Chiquimotos.
El sábado, 17 de octubre, resultó con heridas de consideración el joven de 21 años de edad, JOEL CORREA, en un atentado con arma de fuego que tuvo lugar cerca de su casa de habitación en el Barrio El Prado, del municipio de Saravena.
El 10 de octubre, en la vereda Tamacay del municipio de Tame, fue asesinado el señor ARTURO ACOSTA, de profesión agricultor, en este mismo hecho resultaron heridos LUIS ARTURO CÁRDENAS y la señora ARACELY CARRILLO LIZARAZO.
Exigimos al Estado colombiano, dejar de separar a las personas de sus familias y su trabajo social con estos reiterados montajes judiciales, se respete el debido proceso y las garantías legales y constitucionales de las mujeres y hombres, y que así como actúan sin mayores elementos de prueba para capturar a las personas, también le impriman eficacia y celeridad a los procesos contra los servidores públicos y supuestos testigos que están orquestando estos hechos. De la misma manera exigimos se investigue los hechos de sangre ocurridos en esta región durante el año que avanza, y que se proteja a los individuos en su vida e integridad personal y el desarrollo de sus acciones legítimas en las luchas reivindicativas y políticas.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA
ACCIÓN URGENTE
ENTRE DETENCIONES, AMENAZAS, MUERTES E INVASIÓN MILITAR DE SU COTIDIANIDAD, DISCURRE LA VIDA DE LOS POBLADORES DEL ORIENTE COLOMBIANO.
Han transcurrido cinco meses, luego de la detención masiva desarrollada en Saravena el 10 de mayo del presente año, cuando nuevamente el departamento de Arauca y sus pobladores vuelven a ser víctimas del eje de judicialización en el marco de la estrategia de agresión contra el pueblo araucano. En efecto el día de ayer 19 de octubre, se desarrolló en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauca capital, la “operación ABC” del DAS y Ejército Nacional, que dejó como resultado allanamientos a las viviendas y la captura de 20 ciudadanos de esta región del país, acusados de pertenecer a las estructura de la Organización Rebelde FARC-EP.
Según informes periodísticos, 17 de las 20 nuevas víctimas de esta táctica, fueron las siguientes:
DEISY OVIEDO LEAL, GLADYS LEAL BASTOS y ELISEO REINA BARÓN, quienes fueron detenidos en el casco urbano del municipio de Tame.
Mientras tanto, MAYERLY ANDREA MEDINA BUITRAGO, MARÍA ELIDA ACEVEDO CLAVIJO, YANETH ALVARADO REINA, RODRIGO CARRILLO PAYARES, NELLY FONTECHA ZEA, ÁLVARO DE JESÚS PERTUS QUINTERO, LIGIA TERESA RINCÓN, ÁLVARO ROJAS RÍOS, BENITO TARAZONA VARGAS, GLORIA ISABEL VEGA TRUJILLO, SONIA TERESA BARBOSA, ROSA CECILIA ARIZA VARGAS, JHOANNA ASTRID MARÍN ARIZA, JAIME PAREDES ROJAS, fueron privados de su libertad en los municipios de Fortul y Saravena.
Todos los detenidos, fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y se encuentran en los calabozos del DAS en Paloquemado y se encuentran a disposición de la Fiscalía 104 Seccional destacada ante el DAS.
Este eje de la estrategia de agresión se ha basado en “informes de inteligencia” y declaraciones de supuestos reinsertados de las organizaciones rebeldes, que reciben beneficios económicos, jurídicos y de otra índole, para efectuar imputaciones, y con base en ellas formar un proceso para mostrar, de un lado, unos resultados en la lucha contra la insurgencia, que no se han obtenido y por otro, desarticular el tejido social. Existen denuncias penales a cerca de la forma como estos “testigos de cargo” aparte de declarar en los diferentes asuntos judiciales también se dedican a extorsionar, amenazar y constreñir a los pobladores de esta región, intimidándolos que de no acceder a sus pretensiones se vincularan a investigaciones penales como la que hoy nos ocupa. Ejemplo de ello es la investigación seguida por la Fiscalía Seccional de Saravena con base en la denuncia formulada por la señora Ana Benilda Patiño, que a pesar de contar con material probatorio suficiente, no ha tenido mayores desarrollos, pero sí se permite que estos delincuentes sigan actuando como único elemento probatorio para privar de la libertad a los araucanos.
Mientras la fuerza pública, los organismos de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, persigue a los dirigentes sociales, comerciantes y población en general con las judicializaciones, sigue el baño de sangre en esta región; a los hechos denunciados en las acciones urgentes que hemos puesto en conocimiento de la opinión regional, nacional e internacional, se añaden las muertes y atentados que a continuación reseñamos:
El 14 de octubre, fueron asesinados en el casco urbano de Saravena, los señores JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MOSQUERA y JOSÉ ANTONIO VARGAS, en horas de la tarde cuando departían en un establecimiento comercial en el sector conocido como Chiquimotos.
El sábado, 17 de octubre, resultó con heridas de consideración el joven de 21 años de edad, JOEL CORREA, en un atentado con arma de fuego que tuvo lugar cerca de su casa de habitación en el Barrio El Prado, del municipio de Saravena.
El 10 de octubre, en la vereda Tamacay del municipio de Tame, fue asesinado el señor ARTURO ACOSTA, de profesión agricultor, en este mismo hecho resultaron heridos LUIS ARTURO CÁRDENAS y la señora ARACELY CARRILLO LIZARAZO.
Exigimos al Estado colombiano, dejar de separar a las personas de sus familias y su trabajo social con estos reiterados montajes judiciales, se respete el debido proceso y las garantías legales y constitucionales de las mujeres y hombres, y que así como actúan sin mayores elementos de prueba para capturar a las personas, también le impriman eficacia y celeridad a los procesos contra los servidores públicos y supuestos testigos que están orquestando estos hechos. De la misma manera exigimos se investigue los hechos de sangre ocurridos en esta región durante el año que avanza, y que se proteja a los individuos en su vida e integridad personal y el desarrollo de sus acciones legítimas en las luchas reivindicativas y políticas.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA
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