Viernes 30 de octubre de 2009. Un día que pasará a la historia de la vergüenza, la infamia y la humillación nacional. También un día de impotencia. Vergüenza de que Colombia se convierta en una gran base militar norteamericana. De un Ejército plagado de mercenarios que apuntan sus fusiles y sus bombas contra nuestros hermanos del continente. Infamia de un presidente que cree que el país es su finca, su feudo, su propiedad. Que inclina la cerviz, que vende la dignidad nacional por un plato de lentejas y que calla cobardemente ante los desafueros que ellos, los militares norteamericanos, han cometido en territorio colombiano. Violaciones de niñas, tráfico de drogas y otros delitos que están en la total impunidad por la inmunidad de que gozan. Humillación e impotencia de un país que no tiene todavía la capacidad para poder frenar los estrambóticos desafueros del dictador.
El acuerdo a firmar, hoy 30 de octubre, es clandestino.
El Consejo de Estado planteó que el tratado debía ser conocido, discutido y aprobado por el Parlamento tal como lo establece la constitución. Pero Uribe en su soberbia autoritaria se niega a llevar el acuerdo al Parlamento. Por algo no muestran el texto del acuerdo. Ese texto desnuda toda la miserableza de su régimen. Su falta de orgullo, de honor y vergüenza. Sus pecados horrendos los atan ante el imperio. Están secuestrados por sus culpas. Y el imperio los chantajea. Los usa y los desusa. Ellos aprovechan el cuarto de hora para el enriquecimiento escandaloso de sus hijos, hermanos, amigos y copartidarios.
Hasta que un día, quizás no lejano, como a Fujimori, les llegue todo el peso de la justicia.
Firmado acuerdo militar que “legaliza” instalación de bases de EEUU en Colombia
La suscripción se realizó en una ceremonia en la que participaron el canciller Jaime Bermúdez y el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield / El acuerdo no pasó por el Congreso colombiano / En cambio, si será revisado por el congreso de EEUU
Tras varios meses de negociaciones, Colombia y Estados Unidos firmaron este viernes en Bogotá el polémico acuerdo militar que permitirá la instalación de siete bases estadounidenses en territorio neogranadino. El pacto tendrá una duración "apenas" de 10 años.
La suscripción del pacto militar se realizó a puerta cerrada en una ceremonia en la que participaron el canciller Jaime Bermúdez y el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield.
Ecuador: Denuncias de espionaje pueden agravar relaciones con Colombia
El presidente Rafael Correa sostuvo que fue informado de la denuncia hecha por el ministro Tareck El Aissami - "En caso de que se verifiquen las denuncias, tendremos que dar otro tipo de respuesta", enfatizó el mandatario al término de su visita por Rusia
Calle 13, Orishas y Molotov actuarán este sábado en Caracas
Una veintena de grupos musicales, entre ellos Calle 13, Molotov y Orishas, participarán en un concierto gratuito el próximo sábado en Caracas, según ha anunciado el Gobierno venezolano en una nota de prensa.
El comunicado, que aparecio este jueves en la página web del ministerio de Turismo, surge después de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunciara que iba a cantar con Calle 13 “el sábado” en un concierto gratuito en Caracas.
La nota de prensa publicada en la página del ministerio venezolano subraya que “artistas nacionales e internacionales unirán sus voces este sábado 31 de octubre en el gran concierto ‘Canto por el Pueblo’”.
¿Quién diablos vota a favor del bloqueo? Hasta el vocero de Hillary Clinton se hace la pregunta
Jean-Guy Allard
Cuales son los dos únicos países que votaron al lado de Estados Unidos en la ONU sobre el bloqueo contra Cuba? En una conferencia de prensa después de la condena por décimo octavo año consecutivo de esa agresión norteamericana contra la Isla, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, se quedo anonadado: ¿Será las Islas Solomon o Micronesia?, se le sugirió sin poder reanimar sus facultades.
viernes, 30 de octubre de 2009
"Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; Soy un hombre dialéctico. El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme".
J.P.L.
Doctor
GELASIO CARDONA SERNA
Presidente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
E.S.D.
REF: UNA PROPOSICION.
Los abajo firmantes miembros del Comité de Base del PDA, de la Universidad Autónoma, en reunión efectuada el pasado 26 de octubre de 2009, acordamos por unanimidad presentar la siguiente propuesta a la presidencia que usted dignamente representa.
Con motivo de cumplirse en este mes de octubre el XXII aniversario de nuestro maestro el Dr. JAIME PARDO LEAL, le proponemos en aras de recuperar la memoria se retome el nombre del Consultorio Jurídico de nuestra Alma Mater llevando el de el ilustre profesor y exmagistrado que tanto aporto a nuestra institución y a la causa del derecho penal.
Dr. Gelasio, creemos que usted como defensor de derechos humanos entenderá que la imposibilidad de realizar el duelo, el olvido forzado y la ausencia de que nuestra universidad retome mecanismos de recuperar la memoria son problemas centrales de una comunidad universitaria que debe luchar por la democracia y la autonomía. El derecho a la memoria, al duelo y la reparación es fundamental para que nuestra universidad a través de este ejercicio al menos se haga justicia y permita afianzar los lazos de identidad que construyen el tejido universitario que hoy se ve atropellado por la intromisión de la fuerza pública en el campus universitario.
Atentamente,
WLDARICO FLOREZ PEÑA, Siguen mas firmas.
J.P.L.
Doctor
GELASIO CARDONA SERNA
Presidente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
E.S.D.
REF: UNA PROPOSICION.
Los abajo firmantes miembros del Comité de Base del PDA, de la Universidad Autónoma, en reunión efectuada el pasado 26 de octubre de 2009, acordamos por unanimidad presentar la siguiente propuesta a la presidencia que usted dignamente representa.
Con motivo de cumplirse en este mes de octubre el XXII aniversario de nuestro maestro el Dr. JAIME PARDO LEAL, le proponemos en aras de recuperar la memoria se retome el nombre del Consultorio Jurídico de nuestra Alma Mater llevando el de el ilustre profesor y exmagistrado que tanto aporto a nuestra institución y a la causa del derecho penal.
Dr. Gelasio, creemos que usted como defensor de derechos humanos entenderá que la imposibilidad de realizar el duelo, el olvido forzado y la ausencia de que nuestra universidad retome mecanismos de recuperar la memoria son problemas centrales de una comunidad universitaria que debe luchar por la democracia y la autonomía. El derecho a la memoria, al duelo y la reparación es fundamental para que nuestra universidad a través de este ejercicio al menos se haga justicia y permita afianzar los lazos de identidad que construyen el tejido universitario que hoy se ve atropellado por la intromisión de la fuerza pública en el campus universitario.
Atentamente,
WLDARICO FLOREZ PEÑA, Siguen mas firmas.
viernes, 23 de octubre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
La responsabilidad política de un presidente
Alpher Rojas Carvajal
Rebelión
Hay ocasiones -decía Carlos Marx- en que los sectores dominantes llegan a tales niveles de degradación ética que hasta la propia legalidad les parece subversiva. Sin duda, no se trataba sólo de un retrato de la turbulenta época en que le correspondió reflexionar a este lúcido progenitor de las ciencias sociales. También era un pronóstico de largo plazo que entrañaba una aguda observación premonitoria relacionada con las dinámicas del sistema de acumulación por él criticado.
En efecto, el debilitamiento del Estado, las aceleradas globalizaciones de los flujos financieros y de las comunicaciones, la gigantesca ola consumista, la racionalidad instrumental medio-fin (Weber) y el perverso individualismo metodológico, que atrapó a una parte de la sociedad en las vacuidades novedosas del pensamiento posmoderno, ha conducido a un transitorio congelamiento de las expectativas democráticas por una sociedad más ética, más igualitaria y respetuosa de las diferencias. Y en su lugar ha puesto en la escena fulgurante de los medios el paradigma de la competencia, una praxis lujuriosa del libre mercado en el que la regla de oro es, sencillamente, que no hay reglas y que en su más prístino significado traduce: “sálvese quien pueda”.
La paradoja es que casi siempre esa “competencia” no es entre iguales, sino que se reduce al pulso librado entre un opulento magnate (léase país, banco o multinacional) bien dormido y bien comido y un famélico individuo sin reflejos (léase país, empresa o ciudadano), publicitada por las tecnocracias transfronterizas como panacea para asegurar la “confianza inversionista”.
La sociología jurídica moderna, en especial aquella que tiene que ver con la formación de las leyes, visibiliza las costuras del modelo competitivo e indica cómo a partir de la vigencia del Consenso de Washington –pivote de la globalización neoliberal-, los ordenamientos legales son diseñados por los abogados de las corporaciones transnacionales en las reuniones de los países poderosos cuyo objetivo es la maximización de utilidades. Flexibilización, exenciones, subsidios, garantismo corporativo, son figuras inscritas en la matriz del nuevo sistema mundial, pues el progreso anunciado al final no consiste en un esfuerzo común por desplazar la pobreza o las fronteras de la escasez, sino en juegos que no sumen nada porque una parte debe pagar lo que otros ganan.
Hay que recordar que los países desarrollados, que abrigan el 21% de la población mundial, controlan el 78% de la producción de bienes y servicios y consumen el 75% de toda la energía generada (1). En ese escenario en el que la economía subordina a la política, los mandatarios tercermundistas, cual autómatas secuenciales, cumplen acríticamente el papel de legitimar ante sus parlamentos los intereses del mercado mundial para el usufructo de los recursos nacionales, en enmascarados procesos que desembocan a mediano plazo en macrocrímenes (biológicos, ambientales, económicos, culturales, militares o políticos) disfrazados como contingencias de la crisis para facilitar la “cohesión social”.
En estas circunstancias, los resquicios por los que se refina el crimen de cuello blanco y, aún, la pequeña y mediana industria de la delincuencia -que así entrecruza sus planos con el poder legítimo-, son múltiples. Pero los principales están en los respiraderos móviles y en las falsas barreras de las nuevas leyes, facilitadoras y propiciadoras de impunidad y privilegios. “Nunca antes los criminales habían sido tan globales, tan ricos ni tan políticamente influyentes” (2) advierte Moisés Naim, editor de la acreditada revista Foreing Policy. Para quien estas elites corruptas representan un poder económico que mueve el diez por ciento del comercio mundial.
En esa misma línea ilustrativa, muchos años después de su deceso el notable dramaturgo alemán Berthold Brecht (“ Pero, ¿cómo puedo comer y beber cuando le arranco al hambriento lo que como, y mi vaso de agua le falta a un sediento?”), vería -en el contexto de la crisis financiera mundial del siglo XXI- hecho realidad su apotegma moral sobre la similitud delictual entre crear un banco y atracarlo.
Esa realidad transnacional que, a todas luces resulta aplastante para los países pobres y decepcionante para los espíritus frágiles, es transvasada en apropiadas dosis a nuestra cultura institucional. Colombia, en lo que va corrido de este siglo ha metabolizado modelos depredadores, normatividades complacientes y jurisprudencias exculpatorias que, de alguna manera, son extrañas a nuestra personalidad histórica y que generan las condiciones de exclusión y fractura social en que se asienta el modelo de desarrollo violento actualmente en boga.
La apropiación de estas concepciones ha entrañado para el país la profundización de irritantes desequilibrios sociales, que se expresan tanto en los factores de concentración de la riqueza y las oportunidades, como en una rampante corrupción de las elites en el poder. El gobierno neoconservador del presidente Uribe Vélez, pese a las estrategias mediáticas para ocultar su descomposición ética, no ha logrado taponar la filtración semanal de frecuentes hechos de venalidad desde el primer día de gobierno en que designó al hoy sujeto procesal Fernando Londoño Hoyos como ministro del Interior hasta el escándalo de este mes “Agro Ingreso seguro”, programa que ha repartido 1,4 billones de pesos, especialmente a familias terratenientes multimillonarias, con fuertes lazos políticos y partidistas con el gobierno.
El Instituto del Pensamiento Liberal, bajo el título de “El Frenesí del Poder” (3) publicó entre los años 2003 y 2007 una investigación en dos folletos con la antología de los actos de corrupción de la administración Uribe Vélez, en la que se registran más de 167 conductas delictuales, que en su momento causaron asombro. Y en la serie “El embrujo autoritario” (4), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, consigna una amplia reseña de los favorecimientos, apropiaciones violentas de tierras, desplazamiento de campesinos y violación de derechos. Pero aún no habían aparecido en escena las “Chuzadas” y el espionaje del DAS ni los “falsos positivos”, eufemismo para disfrazar las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos a manos de la Fuerza Pública, ni el cohecho notarial de la presidencia ni las macabras revelaciones de los jefes paramilitares, ni las zonas francas de la familia presidencial, ni el estudio del investigador Luís Jorge Garay sobre la contrarreforma agraria que despojó a los campesinos colombianos de 5.5 millones de hectáreas de tierras productivas.
No obstante, Uribe Vélez a través de diversas modalidades de control social y con el ejercicio simbólico de ritos de sacralización, jerarquización, compasión y miedo, ha sustraído su figura a las constantes sindicaciones. Salvar responsabilidades y adjudicarlas a construcciones ilusorias de sus adversarios, o restarles importancia mediante la activación de sorpresivas bombas de humo con las que hábilmente encubre el hecho precedente, es una característica de su estilo de gobernar.
Según la tradición constitucional, el gobierno lo conforman el Presidente y sus ministros. Ello implica que la responsabilidad política está en cabeza del jefe del gobierno. De no ser que los propios colombianos ejerzamos una suerte de “voto castigo” a la conducta presidencial, sólo la Corte Penal Internacional, como mecanismo de la Justicia global podría asumir el juzgamiento de la responsabilidad política del mandatario. Una sabia sentencia árabe dice: “Los heraldos que tocan a tú puerta tú los has llamado y no te has dado cuenta”.
- Alpher Rojas Carvajal es analista político, investigador social y director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural.
1 Santos, Boaventura de Souza (2006) La caída del Angelus Novus. Ilsa, Universidad Nacional de Colombia
2 Naim, Moisés (2006) Ilícito, Debate editorial.
3 Instituto del Pensamiento Liberal (2005/2007) El Frenesí del Poder. Sherditores IPL
3 Plataforma colombiana de DD.HH., (2003/04/05/06/07) www.plataforma-colombiana.org
Alpher Rojas Carvajal
Rebelión
Hay ocasiones -decía Carlos Marx- en que los sectores dominantes llegan a tales niveles de degradación ética que hasta la propia legalidad les parece subversiva. Sin duda, no se trataba sólo de un retrato de la turbulenta época en que le correspondió reflexionar a este lúcido progenitor de las ciencias sociales. También era un pronóstico de largo plazo que entrañaba una aguda observación premonitoria relacionada con las dinámicas del sistema de acumulación por él criticado.
En efecto, el debilitamiento del Estado, las aceleradas globalizaciones de los flujos financieros y de las comunicaciones, la gigantesca ola consumista, la racionalidad instrumental medio-fin (Weber) y el perverso individualismo metodológico, que atrapó a una parte de la sociedad en las vacuidades novedosas del pensamiento posmoderno, ha conducido a un transitorio congelamiento de las expectativas democráticas por una sociedad más ética, más igualitaria y respetuosa de las diferencias. Y en su lugar ha puesto en la escena fulgurante de los medios el paradigma de la competencia, una praxis lujuriosa del libre mercado en el que la regla de oro es, sencillamente, que no hay reglas y que en su más prístino significado traduce: “sálvese quien pueda”.
La paradoja es que casi siempre esa “competencia” no es entre iguales, sino que se reduce al pulso librado entre un opulento magnate (léase país, banco o multinacional) bien dormido y bien comido y un famélico individuo sin reflejos (léase país, empresa o ciudadano), publicitada por las tecnocracias transfronterizas como panacea para asegurar la “confianza inversionista”.
La sociología jurídica moderna, en especial aquella que tiene que ver con la formación de las leyes, visibiliza las costuras del modelo competitivo e indica cómo a partir de la vigencia del Consenso de Washington –pivote de la globalización neoliberal-, los ordenamientos legales son diseñados por los abogados de las corporaciones transnacionales en las reuniones de los países poderosos cuyo objetivo es la maximización de utilidades. Flexibilización, exenciones, subsidios, garantismo corporativo, son figuras inscritas en la matriz del nuevo sistema mundial, pues el progreso anunciado al final no consiste en un esfuerzo común por desplazar la pobreza o las fronteras de la escasez, sino en juegos que no sumen nada porque una parte debe pagar lo que otros ganan.
Hay que recordar que los países desarrollados, que abrigan el 21% de la población mundial, controlan el 78% de la producción de bienes y servicios y consumen el 75% de toda la energía generada (1). En ese escenario en el que la economía subordina a la política, los mandatarios tercermundistas, cual autómatas secuenciales, cumplen acríticamente el papel de legitimar ante sus parlamentos los intereses del mercado mundial para el usufructo de los recursos nacionales, en enmascarados procesos que desembocan a mediano plazo en macrocrímenes (biológicos, ambientales, económicos, culturales, militares o políticos) disfrazados como contingencias de la crisis para facilitar la “cohesión social”.
En estas circunstancias, los resquicios por los que se refina el crimen de cuello blanco y, aún, la pequeña y mediana industria de la delincuencia -que así entrecruza sus planos con el poder legítimo-, son múltiples. Pero los principales están en los respiraderos móviles y en las falsas barreras de las nuevas leyes, facilitadoras y propiciadoras de impunidad y privilegios. “Nunca antes los criminales habían sido tan globales, tan ricos ni tan políticamente influyentes” (2) advierte Moisés Naim, editor de la acreditada revista Foreing Policy. Para quien estas elites corruptas representan un poder económico que mueve el diez por ciento del comercio mundial.
En esa misma línea ilustrativa, muchos años después de su deceso el notable dramaturgo alemán Berthold Brecht (“ Pero, ¿cómo puedo comer y beber cuando le arranco al hambriento lo que como, y mi vaso de agua le falta a un sediento?”), vería -en el contexto de la crisis financiera mundial del siglo XXI- hecho realidad su apotegma moral sobre la similitud delictual entre crear un banco y atracarlo.
Esa realidad transnacional que, a todas luces resulta aplastante para los países pobres y decepcionante para los espíritus frágiles, es transvasada en apropiadas dosis a nuestra cultura institucional. Colombia, en lo que va corrido de este siglo ha metabolizado modelos depredadores, normatividades complacientes y jurisprudencias exculpatorias que, de alguna manera, son extrañas a nuestra personalidad histórica y que generan las condiciones de exclusión y fractura social en que se asienta el modelo de desarrollo violento actualmente en boga.
La apropiación de estas concepciones ha entrañado para el país la profundización de irritantes desequilibrios sociales, que se expresan tanto en los factores de concentración de la riqueza y las oportunidades, como en una rampante corrupción de las elites en el poder. El gobierno neoconservador del presidente Uribe Vélez, pese a las estrategias mediáticas para ocultar su descomposición ética, no ha logrado taponar la filtración semanal de frecuentes hechos de venalidad desde el primer día de gobierno en que designó al hoy sujeto procesal Fernando Londoño Hoyos como ministro del Interior hasta el escándalo de este mes “Agro Ingreso seguro”, programa que ha repartido 1,4 billones de pesos, especialmente a familias terratenientes multimillonarias, con fuertes lazos políticos y partidistas con el gobierno.
El Instituto del Pensamiento Liberal, bajo el título de “El Frenesí del Poder” (3) publicó entre los años 2003 y 2007 una investigación en dos folletos con la antología de los actos de corrupción de la administración Uribe Vélez, en la que se registran más de 167 conductas delictuales, que en su momento causaron asombro. Y en la serie “El embrujo autoritario” (4), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, consigna una amplia reseña de los favorecimientos, apropiaciones violentas de tierras, desplazamiento de campesinos y violación de derechos. Pero aún no habían aparecido en escena las “Chuzadas” y el espionaje del DAS ni los “falsos positivos”, eufemismo para disfrazar las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos a manos de la Fuerza Pública, ni el cohecho notarial de la presidencia ni las macabras revelaciones de los jefes paramilitares, ni las zonas francas de la familia presidencial, ni el estudio del investigador Luís Jorge Garay sobre la contrarreforma agraria que despojó a los campesinos colombianos de 5.5 millones de hectáreas de tierras productivas.
No obstante, Uribe Vélez a través de diversas modalidades de control social y con el ejercicio simbólico de ritos de sacralización, jerarquización, compasión y miedo, ha sustraído su figura a las constantes sindicaciones. Salvar responsabilidades y adjudicarlas a construcciones ilusorias de sus adversarios, o restarles importancia mediante la activación de sorpresivas bombas de humo con las que hábilmente encubre el hecho precedente, es una característica de su estilo de gobernar.
Según la tradición constitucional, el gobierno lo conforman el Presidente y sus ministros. Ello implica que la responsabilidad política está en cabeza del jefe del gobierno. De no ser que los propios colombianos ejerzamos una suerte de “voto castigo” a la conducta presidencial, sólo la Corte Penal Internacional, como mecanismo de la Justicia global podría asumir el juzgamiento de la responsabilidad política del mandatario. Una sabia sentencia árabe dice: “Los heraldos que tocan a tú puerta tú los has llamado y no te has dado cuenta”.
- Alpher Rojas Carvajal es analista político, investigador social y director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural.
1 Santos, Boaventura de Souza (2006) La caída del Angelus Novus. Ilsa, Universidad Nacional de Colombia
2 Naim, Moisés (2006) Ilícito, Debate editorial.
3 Instituto del Pensamiento Liberal (2005/2007) El Frenesí del Poder. Sherditores IPL
3 Plataforma colombiana de DD.HH., (2003/04/05/06/07) www.plataforma-colombiana.org
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