Algo hay podrido en la terna para Procurador
Dentro del esquema de separación con pesos y contrapesos de las diferentes ramas del poder público en Colombia, la Procuraduría, como organismo de control ocupa un papel de primer orden.
Su existencia a la cabeza del ministerio público en representación de la sociedad dentro del mismo estado y su papel de vigilante de la legalidad y de entidad que vigila el cumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios es esencial para hacer realidad los derechos humanos y las garantías constitucionales de los asociados.
La fiebre reeleccionista ha afectado también a esta institución y si bien ya parece haberse descartado una nueva postulación del actual Procurador, Edgardo José Maya Villazón, las aspiraciones del Faraón Álvaro I, a quien la historia recordará, entre otras cosas, por las pirámides, unas financieras y otras de víctimas de falsos positivos, gravitan de forma decisiva en el mercado persa en que se ha convertido la escogencia de quienes integren la terna para la elección por el Senado del nuevo Procurador General.
En este marco se ha iniciado la carrera por la escogencia de ese alto dignatorio y desde ya se evidencia la voracidad del uribismo para imponer en el cargo a un incondicional del gobierno y garantizar así el copamiento de las pocas las instituciones independientes que quedan dentro del sistema autoritario instalado en la sede presidencial, ahora conocida en los bajos fondos como la “Casa de Nari”.
La escogencia del doctor Darío Martínez Betancourt, reconocido demócrata, por parte del Consejo de Estado, como su candidato para integrar la terna para Procurador infundía algunas esperanzas de que al frente de la institución podía quedar una persona respetuosa del estado social de derecho, de sus principios e instituciones. Sin embargo poco duró esta ilusión porque inmediatamente se hicieron sentir los llamados presidenciales a buscar un candidato que le hiciera contrapeso y a esto se añadieron presiones y maniobras de distinta índole.
El resultado ha sido la renuncia del doctor Martínez a su aspiración, argumentando “razones familiares y personales” que no están muy claras y que seguramente no son ajenas a las intimidaciones y amenazas provenientes del ejecutivo y de los sectores que desde el estado o el paraestado lo apoyan.
Este cuadro se complementa con las más escandalosas componendas entre los diferentes partidos integrantes de la coalición de gobierno y el presidente, con miras a escoger el integrante de la terna por parte de Álvaro Uribe, barajando nombres de personas que no muestran credenciales diferentes a la sumisión total al príncipe y por su capacidad de moverse en el Senado de la República, cuerpo legislativo al que pertenecen o pertenecieron algunos de ellos...
Baste mencionar que entre los más opcionados se ubican en actual secretario general del Senado, Emilio Otero Dajud y el exsecretario de una comisión senatorial recordado por las diferentes denuncias de acoso sexual que se le han formulado y por sus posiciones a favor de la justicia penal militar cuando fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rubén Darío Henao.
Esta justificada alerta se convierte en grave alarma al saber que ante la renuncia del doctor Martínez el Consejo de Estado postuló como su candidato a Alejandro Ordóñez, reconocido por sus posiciones cavernarias y militaristas. Baste recordar que hace poco denunció penalmente al director de la revista Soho por la publicación de un montaje del cuadro de La Última Cena en la que aparecía semidesnuda una reconocida actriz junto a otros personajes de la vida nacional, por considerar que se atentaba contra la moral.
Las organizaciones sociales y populares deben exigir que la elección de nuevo Procurador se haga con criterios claros de idoneidad moral, capacidad jurídica, compromiso con los derechos humanos e independencia de quien sea postulado (a) para tan alta dignidad.
A la vez, por el bien de la democracia y por la transparencia que debe haber en los asuntos públicos el país debe conocer los motivos que llevaron al doctor Darío Martínez a renunciar porque en este tema también es necesario que se conozca la verdad de un proceso que al enturbiarse siembra serias dudas y desconfianzas en una sociedad con ya sobrados motivos para descreer de la manera en que se viene manejando la cosa pública.
Dentro del esquema de separación con pesos y contrapesos de las diferentes ramas del poder público en Colombia, la Procuraduría, como organismo de control ocupa un papel de primer orden.
Su existencia a la cabeza del ministerio público en representación de la sociedad dentro del mismo estado y su papel de vigilante de la legalidad y de entidad que vigila el cumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios es esencial para hacer realidad los derechos humanos y las garantías constitucionales de los asociados.
La fiebre reeleccionista ha afectado también a esta institución y si bien ya parece haberse descartado una nueva postulación del actual Procurador, Edgardo José Maya Villazón, las aspiraciones del Faraón Álvaro I, a quien la historia recordará, entre otras cosas, por las pirámides, unas financieras y otras de víctimas de falsos positivos, gravitan de forma decisiva en el mercado persa en que se ha convertido la escogencia de quienes integren la terna para la elección por el Senado del nuevo Procurador General.
En este marco se ha iniciado la carrera por la escogencia de ese alto dignatorio y desde ya se evidencia la voracidad del uribismo para imponer en el cargo a un incondicional del gobierno y garantizar así el copamiento de las pocas las instituciones independientes que quedan dentro del sistema autoritario instalado en la sede presidencial, ahora conocida en los bajos fondos como la “Casa de Nari”.
La escogencia del doctor Darío Martínez Betancourt, reconocido demócrata, por parte del Consejo de Estado, como su candidato para integrar la terna para Procurador infundía algunas esperanzas de que al frente de la institución podía quedar una persona respetuosa del estado social de derecho, de sus principios e instituciones. Sin embargo poco duró esta ilusión porque inmediatamente se hicieron sentir los llamados presidenciales a buscar un candidato que le hiciera contrapeso y a esto se añadieron presiones y maniobras de distinta índole.
El resultado ha sido la renuncia del doctor Martínez a su aspiración, argumentando “razones familiares y personales” que no están muy claras y que seguramente no son ajenas a las intimidaciones y amenazas provenientes del ejecutivo y de los sectores que desde el estado o el paraestado lo apoyan.
Este cuadro se complementa con las más escandalosas componendas entre los diferentes partidos integrantes de la coalición de gobierno y el presidente, con miras a escoger el integrante de la terna por parte de Álvaro Uribe, barajando nombres de personas que no muestran credenciales diferentes a la sumisión total al príncipe y por su capacidad de moverse en el Senado de la República, cuerpo legislativo al que pertenecen o pertenecieron algunos de ellos...
Baste mencionar que entre los más opcionados se ubican en actual secretario general del Senado, Emilio Otero Dajud y el exsecretario de una comisión senatorial recordado por las diferentes denuncias de acoso sexual que se le han formulado y por sus posiciones a favor de la justicia penal militar cuando fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Rubén Darío Henao.
Esta justificada alerta se convierte en grave alarma al saber que ante la renuncia del doctor Martínez el Consejo de Estado postuló como su candidato a Alejandro Ordóñez, reconocido por sus posiciones cavernarias y militaristas. Baste recordar que hace poco denunció penalmente al director de la revista Soho por la publicación de un montaje del cuadro de La Última Cena en la que aparecía semidesnuda una reconocida actriz junto a otros personajes de la vida nacional, por considerar que se atentaba contra la moral.
Las organizaciones sociales y populares deben exigir que la elección de nuevo Procurador se haga con criterios claros de idoneidad moral, capacidad jurídica, compromiso con los derechos humanos e independencia de quien sea postulado (a) para tan alta dignidad.
A la vez, por el bien de la democracia y por la transparencia que debe haber en los asuntos públicos el país debe conocer los motivos que llevaron al doctor Darío Martínez a renunciar porque en este tema también es necesario que se conozca la verdad de un proceso que al enturbiarse siembra serias dudas y desconfianzas en una sociedad con ya sobrados motivos para descreer de la manera en que se viene manejando la cosa pública.
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