El general en retiro Rito Alejo del Río pasó de la gloria militar, cuando vestía camuflado y era fue considerado el pacificador de Urabá, a la desazón de ser detenido, el jueves pasado, por orden de un fiscal de derechos humanos
El paramilitar Fredy Rendón, más conocido como el ‘Alemán’, ha dicho en versión libre que los militares bajo el mando de Rito Alejo del Río patrullaban conjuntamente con los paramilitares. A la derecha, Ever Veloza, quien fuera jefe militar de las autodefensas en Urabá, es uno de los principales acusadores contra el general
El gobierno del presidente Bill Clinton le quitó la visa de Estados Unidos al general Rito Alejo del Río, y el presidente Andrés Pastrana lo retiró del Ejército 
Esos supuestos encuentros con los 'paras' son parte de las preguntas que los fiscales tienen para el general retirado, que ayer empezó su indagatoria en una instalación militar de Bogotá.
Investigan más muertes
El asesinato del campesino Marino López es uno de los 85 homicidios denunciados desde hace once años por los pobladores de 15 caseríos ubicados en la zona del medio Atrato, en el Urabá chocoano.
Sus testimonios, que fueron la base de la Fiscalía para abrir la investigación contra el general Del Río fueron recogidos en su momento por la Fundación Intereclesial de Justicia y Paz.
Según los voceros de la fundación religiosa, documentaron 500 crímenes en la zona entre asesinatos, violaciones y desplazamiento forzado cometidos por los paramilitares con la supuesta complacencia de las tropas de la Brigada XVII.El Espectador, 5 Sep 2008
El Espectador, 5 Sep 2008
El pacificador
Por: Alfredo Molano Bravo
LA TARDE SE ANUNCIABA TRANQUIla. La cancha de golf del club, bien humedecida, esperaba a los jugadores que almorzaban con calma. Los meseros, de punta en blanco, estaban particularmente activos. A ninguno se le cayó, como solía sucederles, uno de esos bellísimos y enormes platos de porcelana con reborde dorado y escudo de Colombia.
Los comensales habrían alcanzado a tomar dos cucharadas de la crema de alcachofa, cuando aparecieron en la puerta del salón dos hombres de civil con sendos portafolios de cuero. Parecían decididos. El silencio sustituyó lo que segundos antes era un cuchicheo animado: General del Río dijeron, somos del CTI, acompáñenos.
Al general, ahora retirado y vestido de civil, se le paró el bigote untado de sopa, temblaba. No pudo levantarse con la agilidad con que en la Brigada XVII daba las órdenes de montar un retén con los paramilitares a la salida de Apartadó, de llevar a cabo la Operación Génesis contra las comunidades campesinas del Cacarica, o de levantar la mano para que los aviones despegaran de Necoclí repletos de paracos con destino a San José del Guaviare para ir a Mapiripán a matar colonos.
Estuvo tentado de llamar al Presidente para pedirle una vez más un “respaldo a las Fuerzas Armadas y a la justicia”, como lo hizo diez años atrás en el banquete ofrecido por don Plinio Apuleyo, don Fernando Londoño y por el entonces Dr. Uribe Vélez en honor de “Los que no se rinden”, tal como decía la invitación y el enorme letrero puesto detrás de la mesa principal. El general ya había sido condecorado por el gobernador de Antioquia, dado su valor en el bombardeo contra una población de campesinos en el río Salaqui.
Al ponerse de pie, su enorme abdomen volteó la crema de alcachofa y su corbata rosada quedo empapada en ese verde militar tan querido por el alto oficial retirado del Ejército por orden del mismísimo Departamento de Estado, acusándolo de violación de los Derechos Humanos. Sin duda, ya los gringos sabían lo que dirían años más tarde H.H. y Mancuso: que el general era cómplice de este par de asesinos, que confesaron entraban a la Brigada como si fueran de la casa.
También el coronel Velásquez lo había denunciado y Gloria Cuartas y el padre Javier Giraldo, y los campesinos de San José de Apartadó y las ONG, todos lo habían hecho. En Urabá todo el mundo lo sabía. El fiscal Alfonso Gómez Méndez había librado orden de captura contra el “Pacificador de Urabá”. El general no había logrado calentar la celda cuando el sucesor de Gómez, el fiscal Luis Camilo Osorio, hoy embajador en México, le abrió la puerta de la cárcel. Orondo salió el general, echando su panza por delante.
Uno de los señalamientos que hizo Mancuso, que después H.H. repitió, fue que don Rito Alejo había estado dos veces en los campamentos de los paras para reunirse, entre otros, con El Alemán, hermano de Don Mario, protegido por el ex director de Fiscalías de Antioquia, Dr. Valencia Cossio. Ya era hora de que los enlaces entre funcionarios de la Fiscalía, en este caso un conspicuo funcionario y un no menos conspicuo comandante paramilitar, salieran de la oscuridad.
Como saldrá a flote también la íntima complicidad del general con los altos comandantes del paramilitarismo. Esas relaciones daban gritos. No obstante, así como la cúpula paramilitar fue extraditada a EE.UU. para hacerles el quite a las víctimas, la captura y juicio del general podría salvarlo de que la Corte Penal Internacional les echara mano a él y a quienes lo han protegido y aplaudido.
El Tiempo, septiembre 7 del 2008
Ex paramilitar del bloque 'Élmer Cárdenas' de las Auc, testigo clave en caso Del Río
Foto: Fiscalía
El pasado jueves agentes del CTI capturaron al general Rito Alejo Del Río en las instalaciones del Club Militar en Bogotá.
Su versión es coincidente con la que ya habían dado antes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Héber Veloza, 'H.H'.
Hace dos meses este hombre, recluido en la cárcel de Popayán, se comunicó telefónicamente con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Bogotá.
El hombre dijo que tenía información sobre el general retirado Rito Alejo Del Río y pidió una cita urgente con un fiscal. La comisión que recibió su primer testimonio lo escuchó hablar de una supuesta alianza entre 'paras' y militares, entre ellos algunos altos mandos, para desalojar a las Farc de Urabá.
El hombre, quien también perteneció al bloque 'Calima' y que no estaba en Justicia y Paz, mencionó la operación 'Génesis', una de las más grandes ordenadas por el general Del Río en su carrera, y aseguró que en esa ofensiva iniciada en febrero de 1997 sobre el sector de Bijao Cacarica (Chocó) las tropas y los 'paras' fueron aliados.
Dijo que Del Río y otros oficiales se habrían reunido con 'el Alemán', jefe del 'Élmer Cárdenas' para sacar a la guerrilla.
La estrategia, aseguró, era que los 'paras' entraran una vez el Ejército hubiera debilitado los campamentos de las Farc con bombardeos y ametrallamientos aéreos. "El Ejército bombardeó e hizo presencia en el Cacarica. Nos preparó el terreno para que nosotros entráramos", dijo el ex Auc. En el Chocó, para esa época, la aparición de las 'papayas' (los helicópteros militares MI rusos), fue mencionada por los desplazados como anuncio de la irrupción de los 'paras'.
Lo cierto es que dos días después del inicio de 'Génesis' los hombres de Carlos Castaño y de 'el Alemán' entraron al Cacarica -que era una de las llamadas zonas de retaguardia usadas por el bloque 'José María Córdova' de las Farc- y sembraron el terror con decenas de desaparecidos y muertos, entre ellos el líder campesino Marino López Mena. El suyo es uno de los casos documentados sobre los crímenes de los temidos 'mochacabezas' de las Auc.
Este testimonio, sumado a otras pruebas y las declaraciones de Mancuso y 'H.H', sirvieron de sustento para la orden de detención contra Del Río, quien estuvo en la cárcel dos semanas en el 2001 por presuntos nexos con los paramilitares. En ese caso, que el fiscal Luis Camilo Osorio cerró en el 2004 y que ahora Fiscalía y Procuraduría piden reabrir, los crímenes cometidos por los 'paras' bajo la supuesta sombra de 'Génesis' no fueron investigados.
Verificaciones en Urabá
Desde hace seis meses un equipo de investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, apoyados por el CTI, se dio a la tarea de desempolvar expedientes sobre las matanzas del 'Cárdenas'. El equipo viajó a la zona e hizo verificaciones, buscó a familiares de víctimas y pobladores, testigos de excepción de lo que ocurrió por esos días, entre ellos personas que conocieron el caso de López. También contaron con testimonios de desplazados que decidieron regresar.
El material está siendo evaluado y ha sido base para construir ese expediente sobre supuestas alianzas entre militares e ilegales.
Y han llegado nuevas versiones. Otro ex Auc le dijo a la Fiscalía que, después de 'Génesis', hubo acuerdos para que los 'paras' se atribuyeran muertes que supuestamente fueron cometidas por miembros de la Fuerza Pública. En las investigaciones han resurgido también versiones sobre supuesto tráfico de armas y material de intendencia hacia las Auc con complicidad de algunos uniformados. Un desmovilizado dijo que hubo cargamentos de armas que llegaron del exterior al golfo y que entraron a Urabá custodiadas por tropas.
La visita de la Corte Penal
En el proceso anterior, la defensa del general anexó decenas de órdenes a sus mandos para que combatieran por igual a 'paras' y guerrilla y el material será, de nuevo, evaluado por la Fiscalía. Y en Urabá, además, hay decenas de empresarios y habitantes que están dispuestos a testificar a favor de Rito Alejo Del Río.
A través del general, el Gobierno supo hace dos años que 'H.H', uno de los 'paras' que acusan a Del Río, se estaba rearmando y había convocado a reuniones a empresarios y habitantes para anunciar que era el nuevo poder en Urabá.
Gente cercana al oficial dice que eso explicaría que, tras su captura, 'H.H' la emprendiera contra Rito Alejo, de quien dijo que " también debe responder por los hechos que ocurrieron cuando sus tropas patrullaban directamente con nosotros y cometieron delitos con nosotros".
Los últimos movimientos del expediente del general se dieron una semana después de la visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Si bien la Fiscalía ha aclarado que la reactivación de la investigación fue producto de la aparición de nuevas pruebas, altas fuentes confirmaron que durante su corta visita al país Moreno habló con el fiscal General, Mario Iguarán, sobre el caso del general Del Río. Iguarán le explicó que desde meses atrás sus fiscales estaban trabajando en el tema y dio detalles de la decisión que en su momento tomó Luis Camilo Osorio.
La captura
Los agentes del CTI de la Fiscalía que el jueves capturaron al general retirado, en el Club Militar, respiraron tranquilos cuando, casi a las tres de la tarde, salieron sin problemas hacia el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
No era para menos. Acababan de detener en una instalación militar a un general que, aunque lleva casi una década por fuera del Ejército, sigue siendo una figura reconocida entre las tropas y que, además, se las ha arreglado para continuar al tanto de qué se mueve en el campo de la guerra, la seguridad y hasta de la criminalidad en el país.
La segunda captura de Del Río removió el malestar que hay en círculos castrenses y de algunos sectores empresariales hacia lo que consideran una persecución de la Fiscalía. Pero era una noticia que el propio ex general venía anticipando desde hace varios meses, desde cuando su nombre empezó a rondar las audiencias de los ex 'paras' ante los fiscales de Justicia y Paz.
En la mitad de los que consideran que se cometió una injusticia contra el llamado 'Pacificador' de Urabá y sectores de Derechos Humanos que hace años vienen pidiendo que incluso procesen a Del Río por genocidio está un fiscal de Derechos Humanos que lleva varios meses elaborando la reconstrucción de qué fue lo que pasó en la convulsionada región de Urabá a mediados de los 90.
Esa fue la época de las matanzas de las Farc en contra de los desmovilizados del Epl, a los que señalaban de haberse aliado con los 'paras', y de la expansión paramilitar que tiñó de sangre el Urabá y las selvas chocoanas. También marcó el inicio de los grandes desplazamientos de comunidades negras de tierras que habían ocupado por décadas, algunas de las cuales fueron utilizadas para proyectos agroindustriales
El Tiempo, septiembre 7 del 2008
Abogados de víctimas de 'paras' preocupados por fuero del general (r) Rito Alejo del Río
El general Del Río (izq) y el general Fernando Millán recibieron un homenaje de desagravio en 1999, tras su retiro del Ejército debido a presiones de E.U.
Ellos y la ex alcaldesa de Apartadó (Antioquia) Gloria Cuartas, promotora de acciones contra el oficial, alertarán el lunes a la Fiscalía sobre la posibilidad de que la historia se repita.
En el nuevo expediente contra Del Río es un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos quien investiga y quien ordena su captura.
En la propia Fiscalía ronda la duda. EL TIEMPO conoció un documento interno en el que se advierte lo sucedido en agosto del 2001.
"Los cargos que se le imputan a Del Río están relacionados con el ejercicio de sus funciones de General, no como un particular", asegura un alto funcionario de la entidad.
Y añade que por eso no está en una cárcel ordinaria sino en una guarnición militar: "Él mismo la eligió para que su señora madre, de 88 años, lo pueda visitar", agrega la fuente.
Antecedentes
Catorce días. Eso fue lo que duró preso el general Rito Alejo cuando la Fiscalía lo capturó por primera vez, el 21 de julio del 2001, en tiempos de Alfonso Gómez Méndez.
El fugaz carcelazo terminó cuando el juez 31 penal de Bogotá dejó sin efecto la medida de aseguramiento, a través de un hábeas corpus, argumentando que Del Río está amparado por un fuero especial y solo el Fiscal General puede investigarlo y acusarlo.
Tal vez por eso, las primeras palabras que el oficial (r) pronunció el jueves pasado, cuando agentes del CTI le notificaron la nueva orden de detenerlo, fue "yo tengo fuero".
Efecto Noguera
Según explicaron los abogados de Gloria Cuartas, se trata del mismo asunto por el cual el ex director del DAS Jorge Noguera Cote recuperó su libertad a pesar de estar acusado de concierto para delinquir.
La Sala Penal de la Corte Suprema anuló el proceso contra Noguera, argumentando que quien lo acusó no fue su juez natural: el Fiscal General de la Nación.
Esa batalla la ganó Orlando Perdomo, abogado de Noguera y, coincidencialmente, del general (r) Rito Alejo del Río.
Se trata del mismo jurista que logró la libertad del oficial en agosto del 2001 a través del hábeas corpus.
En el caso del ex director del DAS, aunque la Fiscalía era de la tesis de que Mario Iguarán podía delegar sus funciones, optó por acoger el punto de vista de la Corte.
Ahora se espera que se pronuncie sobre el caso Del Río, antes de que, como temen los abogados de Cuartas, suceda lo mismo de hace siete años.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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El pasado no perdona
La detención del general Rito Alejo del Río abre el capítulo de los nexos entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares.
Fecha: 09/06/2008 -1375
En la historia de Colombia quizá no existe un militar más cuestionado que Rito Alejo del Río. Su nombre aparece en diversos informes sobre violaciones a los derechos humanos de organismos internacionales. Las ONG lo consideran el símbolo del terrorismo de Estado. El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa hace nueve años por sus presuntos vínculos con los paramilitares, lo que también llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a retirarlo del Ejército ese mismo año. La Fiscalía lo investigó durante cinco años, y tuvo un breve período en la cárcel. La preclusión de esta investigación en 2004 desató una controversia que aún hoy continúa.
Este controvertido general, odiado por muchos, y aclamado como un héroe por otros, fue capturado por segunda vez el jueves pasado, al finalizar un almuerzo con su familia en el Club Militar de Bogotá. Los fiscales del CTI se le acercaron y de manera discreta, sin armas ni uniformes, le anunciaron la detención. En dos camionetas civiles lo llevaron hasta el búnker de la Fiscalía. El general especuló durante el trayecto sobre los motivos de su detención. Por unos momentos alegó que estaba protegido por el fuero militar. Después decidió que las ONG le estaban molestando con alguna denuncia. Pero sólo cuando se enteró de que se le acusa de homicidio en persona protegida, palideció. No recordaba cuál era la Operación Génesis, que él mismo ordenó en 1997, ni quién era Marino López, un campesino que fue asesinado por los paramilitares, y de cuya muerte se le considera cómplice.
Los hechos que reposan en el expediente y que motivaron su captura son escalofriantes. El 24 de febrero de 1997 el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII con sede en Urabá, ordenó que se iniciara la Operación Génesis que tenía como propósito retomar zonas con presencia guerrillera en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio, Chocó. Una región adyacente al Golfo de Urabá. Según testimonios de los habitantes de esta zona, los bombardeos del Ejército fueron tan violentos que de inmediato se desplazaron más de 2.000 campesinos. Otros se quedaron, sólo para ver la terrible incursión de paramilitares y militares que, según testimonios del expediente, actuaron conjuntamente en las riberas de los ríos Cacarica y Salaquí.
El general en retiro Rito Alejo del Río pasó de la gloria militar, cuando vestía camuflado y era fue considerado el pacificador de Urabá, a la desazón de ser detenido, el jueves pasado, por orden de un fiscal de derechos humanos
El agricultor Marino López fue asesinado y decapitado por los paramilitares en Cacarica, Chocó, en 1997. Por su homicidio fue detenido el general Rito Alejo del Río. Testigos aseguran que los militares que actuaban en la Operación Génesis que ordenó Del Río fueron cómplices de la incursión de las autodefensas
El paramilitar Fredy Rendón, más conocido como el ‘Alemán’, ha dicho en versión libre que los militares bajo el mando de Rito Alejo del Río patrullaban conjuntamente con los paramilitares. A la derecha, Ever Veloza, quien fuera jefe militar de las autodefensas en Urabá, es uno de los principales acusadores contra el general
El gobierno del presidente Bill Clinton le quitó la visa de Estados Unidos al general Rito Alejo del Río, y el presidente Andrés Pastrana lo retiró del Ejército
Tres días después de los bombardeos, ya la zona estaba copada por los hombres de las autodefensas (Bloque Élmer Cárdenas), comandados por el ‘Alemán’. Cerca de 30 paramilitares llegaron a una comunidad llamada Bijao. Allí se encontraron a Marino López, un agricultor de contextura maciza, que tenía a lo sumo 30 años, y dos hijos pequeños. Lo obligaron a bajar varios cocos para calmar la sed con el agua. Marino, invadido por el miedo, cumplió la orden y se trepó a las palmeras. Una vez saciados, un paramilitar desenvainó el machete y en cuestión de segundos le cortó una mano al campesino. Éste se lanzó al río, intentando huir, pero ante la inminencia de que no sobreviviría, se devolvió. Al salir a la orilla, el filo mortal del machete lo esperaba y de un solo golpe, fue decapitado. Luego, su cuerpo aún tembloroso fue cortado en pedazos ante la mirada estupefacta de sus vecinos. Como si fuera poco, los paramilitares tomaron la cabeza de Marino y la patearon en varias ocasiones –dice el expediente–, como si se tratara de un balón de fútbol, a la vista de una niña, una mujer y un hombre. Después de este episodio, y a lo largo de un año, este grupo de paramilitares tomó posesión de ese territorio y cometió en ese lapso otros 81 crímenes, casi todos documentados.
Este increíble episodio de sevicia y crueldad ha sido relatado muchas veces por los sobrevivientes de esta zona –organizados en Cavida, y por Justicia y Paz, organización cristiana que ha liderado el sacerdote jesuita Javier Giraldo– ante la Fiscalía y ante organismos de derechos humanos. Muchos pensaban que podría ser más leyenda que realidad. Pero varios paramilitares confesaron en sus versiones libres esta incursión, y por lo menos cuatro de ellos, incluido Freddy Rendón el ‘Alemán’, han ratificado que “se trató de una operación conjunta” con la Brigada XVII del Ejército, que comandaba Rito Alejo del Río.
Historia de vida
Pero este es apenas un episodio en una larga cadena de denuncias que han convertido al general Del Río en una leyenda negra. Cuando era apenas teniente coronel en el Magdalena Medio, ya sonaba su nombre asociado a los paramilitares. Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir”, quizá el más temido sicario de la primera generación de los paramilitares, dijo en una indagatoria en 1995 que Rito Alejo del Río se había reunido con las autodefensas de Puerto Boyacá en varias ocasiones. Otro testigo incluso afirmó que el entonces coronel había facilitado el transporte de varios fusiles desde Medellín hasta el Magdalena Medio. No obstante, Rito Alejo del Río siguió siendo uno de los hombres fuertes del Ejército. Un oficial considerado tropero, que daba excelentes resultados y mostraba grandes cifras de bajas en el bando enemigo. Su fama creció, así como sus medallas de honor, y a principios de los 90 obtuvo como premio un viaje al Sinaí, lo que se considera un privilegio reservado a los mejores en las Fuerzas Militares.
Pero sería a mediados de la década pasada cuando llegaría al cenit de su carrera y su fama. En diciembre de 1995, ya convertido en General de la República, asumió la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, en un momento en el que la región afrontaba uno de sus peores momentos de violencia guerrillera.
Después de la desmovilización de la guerrilla del EPL la región se había hundido en un caos político y una honda disputa armada entre las Farc, que les declaró la guerra a los desmovilizados, un sector de estos que se rearmó y que, peor aún, buscó el amparo de los paramilitares. Las masacres eran pan de todos los días y la disputa por el control de la región era a muerte entre los paras y las Farc.
En medio de esta guerra, en diciembre de 1995, llegó Rito Alejo del Río a la región. Cuando salió de ella, dos años después, la guerra ya había sido ganada por el Estado en alianza con los paramilitares. La guerrilla había sido arrojada a la periferia de Urabá, y reducida a su mínima expresión en esa región del país. Por eso Del Río se convirtió para empresarios, comerciantes, ganaderos en el ‘pacificador’ y Urabá en un modelo que todos querían replicar.
Pero el modelo estaba lejos de ser ejemplar. En los años que Rito Alejo estuvo al frente de la Brigada en Urabá, la guerra se recrudeció. Entre 1995 y 1997 en esta zona hubo 216 muertes por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Vicepresidencia de la República. Los paramilitares lograron apoderarse de la región e imponer un régimen de terror excluyente y mafioso. Todas las empresas de la región, incluidas multinacionales como Chiquita Brands tuvieron que pagarles altas extorsiones para financiar a sus ejércitos privados. Desplazaron a miles de campesinos, robaron tierras, y el narcotráfico se apropió de una de las esquinas más estratégicas del país, que conecta los dos océanos. Acumularon mucho de ese poder gracias a la complacencia y la connivencia de los militares, que si bien no se inició, al parecer sí se exacerbó con el paso del ‘pacificador’ por la Brigada XVII.
Desde allí Rito Alejo del Río, con el apoyo de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, y del propio gobernador Álvaro Uribe Vélez, promovió abiertamente la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir. El único problema es que, según se sabía en la época, y parece demostrado hoy, muchas de éstas pertenecían a los paramilitares. Pedro Hazbún, Antonio Peñuela, y otros paramilitares hoy desmovilizados fueron los líderes de las Convivir, que obraron apenas como fachadas para sus campañas de exterminio. “Todas las Convivir eran nuestras” ha dicho en su versión libre Éver Veloza, conocido como ‘H.H.’ y quien fue el jefe militar de Urabá, bajo órdenes directas de Carlos Castaño.
Como si fuera poco, algunas organizaciones de derechos humanos relacionan a la Brigada XVII comandada por Rito Alejo del Río con desapariciones forzadas. El Banco de Datos del Cinep en su libro Deuda con la Humanidad cuenta que Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Brigada XVII en diciembre de 1995. Muchos testigos vieron la captura, y los familiares alcanzaron a llegar a la guarnición militar donde esperaron en la puerta para saber de ellos. Jamás se volvió a saber de su paradero, a pesar de que Del Río afirmó que habían sido liberados.
Este episodio puede llegar a complicar aún más la situación del general puesto que la desaparición forzada es un crimen que no prescribe, y porque ‘H.H.’ ha reconocido, en su versión libre, que sacó a dos hombres de la guarnición militar y que luego los mató.
Las denuncias sobre operaciones y patrullajes conjuntos entre militares y paramilitares también son múltiples. Por un lado, subalternos del general Del Río han denunciado esta complicidad ante las autoridades. En febrero de 1999 un soldado que había prestado servicios en Urabá, Oswaldo de Jesús Giraldo, declaró ante la Procuraduría que los soldados eran obligados a patrullar y apoyar a los paramilitares y que con frecuencia los asesinatos de las autodefensas era ‘legalizados’ y presentados como muertos en combate. Giraldo fue asesinado y muchas organizaciones no tienen duda de que su muerte está vinculada con sus declaraciones.
Pero quizá el testimonio más poderoso contra el general Del Río fue el del coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien siendo su segundo comandante se atrevió a denunciarlo ante sus superiores. Primero ante el general Manuel José Bonnet que había ido a inspeccionar a la Brigada, y luego ante el alto mando en Bogotá. Velásquez expresaba su preocupación porque Del Río no consideraba como una amenaza a los paramilitares y veía que claramente no tenía intención de combatirlos. Pero en lugar de ser escuchado, Velásquez fue vapuleado, sancionado severamente y finalmente separado de la institución.
Las denuncias de Velásquez y las de muchas organizaciones de la región le dieron la vuelta al mundo. Por ellas fue investigado y exonerado Del Río. La situación actual es que hay nuevos elementos que pueden revivir cargos en su contra por promoción de grupos paramilitares. En lo fundamental los testimonios de los jefes paramilitares ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso. ‘H.H.’ ha sido contundente: “El general también debe responder por los hechos que ocurrieron cuando sus tropas patrullaban directamente con nosotros y cometieron delitos con nosotros”, dijo en octubre del año pasado. También dijo que “el señor Rito Alejo se reunía con ‘Doble Cero’ y con Carlos Castaño, de quien era amigo personal”. Aunque ‘H.H.’ no fue testigo de estas reuniones, Salvatore Mancuso sí admitió que se reunió con el general Del Río, Castaño y el ‘Alemán’ en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, donde funcionaba la base principal de las AUC. Incluso Mancuso dice recordar que el general llegó con el uniforme camuflado pero en un helicóptero civil. Y agrega que en dicha reunión se habló sobre la expansión de los paramilitares.
Justamente la expansión de las autodefensas es un tema por el que el general Del Río deberá también responder. El año pasado la Fiscalía ordenó que se investigara la actuación de la Brigada XVII en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997. Como se sabe, hasta el sur del país llegaron 200 paramilitares que salieron de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó en Urabá, que eran custodiados por el Ejército, y viajaron en aviones que generalmente les prestaban servicios a los militares. Llegaron a cometer una de las peores masacres de las que se tenga memoria y aunque se ha investigado a los militares que fueron cómplices cuando llegaron al Meta, apenas se empieza a analizar a quienes propiciaron su salida de Urabá, cuyo mando estaba en manos del general Del Río.
De la gloria a la cárcel
Aunque el general Rito Alejo del Río salió de Urabá en medio de aplausos por sus resultados en la lucha antisubversiva ese mismo año, exhibiendo en el pecho una condecoración que le otorgó el gobernador de Antioquia, su carrera estaba por terminar abruptamente. Tuvo un fugaz pero controvertido paso por la Brigada XIII con sede en Cundinamarca, pues su hombre de confianza y jefe de inteligencia, tanto en Urabá como en la Brigada XIII, era el coronel Alfonso Plazas Acevedo, quien resultó involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari, hecho que destapó una red de corrupción dentro de un sector militar, especialmente en el área de inteligencia. Rito Alejo logró sortear la crisis y seguir su carrera ascendente, pues pasó a convertirse en jefe de operaciones del Ejército, cargo que lo ponía muy cerca de ser comandante general del Ejército.
Pero para 1999 su situación era insostenible. En Estados Unidos estaba por aprobarse el programa de cooperación militar más ambicioso del continente para Colombia, pero el récord de violaciones de derechos humanos era un obstáculo enorme. En todos los informes del Departamento de Estado el nombre de Rito Alejo del Río se repetía sin cesar vinculado al de los paramilitares en múltiples violaciones de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos le canceló la visa Del Río y a otros generales, y en cuestión de días el entonces presidente Andrés Pastrana lo separó de las Fuerzas Armadas. Para entonces ya la Fiscalía tenía un grueso expediente que le dio paso a una tortuosa investigación judicial.
Pero no todo eran dardos contra el general. Inmediatamente se supo de su retiro un grupo de amigos, indignados, le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama, que estuvo lleno hasta las banderas. Asistieron, entre otros, Fernando Londoño Hoyos, empresarios, ex ministros, líderes de opinión, y como orador principal estaba el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. En el acto hubo consenso entre los asistentes de que todo se debía a una campaña de las ONG, y a la guerra política de la guerrilla. Por eso la pancarta al fondo del salón rojo decía: ‘Somos el país que no se rinde’.
Las presiones sobre la Fiscalía y los testigos fueron inmensas. Por ejemplo, un ex concejal de Urabá, José de Jesús Germán, que le había ofrecido a la Fiscalía un testimonio sobre un asesinato que presumiblemente implicaba a Del Río, fue asesinado dos días antes de cumplir su cita con la justicia. Aun así en julio de 2001 la Fiscalía detuvo al general Rito Alejo del Río, en una decisión que causó gran revuelo. Una semana después la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento, decisión duramente criticada por Luis Camilo Osorio, quien se acababa de posesionar como Fiscal General. Pero la detención duró poco. Un juez ordenó su libertad luego de atender un recurso de habeas corpus. El episodio generó una crisis dentro de la Fiscalía y la renuncia de varios funcionarios (ver recuadro). La investigación se estancó por mucho tiempo hasta que, en 2004, Osorio decidió precluir el proceso.
Mientras tanto Rito Alejo del Río, en uso de buen retiro, se había dedicado a las asesorías privadas. Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en asesor del director del DAS Jorge Noguera. También se había lanzado como candidato al Senado, sin obtener los votos suficientes.
Sin embargo el nombre del general salió a relucir cada vez más en las versiones de los paramilitares. “¿Dónde está el pacificador de Urabá?” había dicho desafiante ‘H.H.’ hace pocas semanas. Al mismo tiempo, la Unidad de Derechos Humanos seguía adelante en la investigación por el asesinato de Marino López, el hombre que en Cacarica había sido decapitado y su cabeza convertida en balón de fútbol, y cada vez aparecían más testimonios que reforzaban la tesis de que este crimen se había cometido en el contexto de una operación conjunta de militares y paramilitares en el Urabá chocoano. Tan insostenible era la situación que la semana anterior la Procuraduría pidió que se rea-
briera el caso de Del Río. Hasta que a mediados de la semana pasada el fiscal 14 de la Unidad de Derechos Humanos expidió la orden de captura contra el general Rito Alejo del Río por el delito de homicidio en persona protegida.
Lo que se viene
“Si a mí me detienen no va a quedar títere con cabeza”, le había dicho el general Del Río a un periodista, horas ante de su captura. Y es que con su expediente se abre un largo y seguramente doloroso capítulo de la verdad de la guerra: el estrecho vínculo que tuvo un ala importante e influyente de los militares, con los paramilitares.
Un general que pidió la reserva de su nombre dice que esta alianza se dio en muchos casos por corrupción, y en otros por ideología. Algunos altos oficiales terminaron involucrados con las autodefensas y el narcotráfico, por el dinero, por aparecer en sus nóminas y simplemente por mirar para otro lado. Otros, sencillamente porque creyeron que frente a la cruenta ofensiva de la guerrilla, que tenía desesperadas a varias regiones del país, era necesario hacer este tipo de alianzas. Pensaron, erróneamente, que los actos de los paramilitares, basados en la premisa de quitarle el agua al pez –acabar con la sociedad civil que le sirve de sustento a la insurgencia– les daría una ventaja militar, y los llevaría a ganar la guerra.
Para muchos colombianos, sobre todo quienes padecieron los embates de la violencia guerrillera, lo que sucedió en Urabá con Rito Alejo, y en muchas otras regiones del país, hay que mirarlo dentro del difícil contexto histórico de la época. Para ellos, son circunstancias de fuerza mayor ante un peligro inminente de fuerzas que podían desestabilizar al Estado.
Pero muy tarde, quizá, estos colombianos se dieron cuenta de que la connivencia del Estado con la ilegalidad destruye la legitimidad de las instituciones y que la alianza con los paramilitares, sólo les hizo perder terreno como Fuerzas Militares y alimentó un monstruo como el paramilitarismo que 10 años después puso en jaque al país. Esto le ocurrió no sólo a quienes actuaron de la mano con las autodefensas, sino a quienes actuaron como si éstas no existieran, mirando para otro lado.
Durante muchos años en sectores de los militares se enquistó el discurso de que la reivindicación de los derechos humanos, y las denuncias por sus violaciones, eran un obstáculo para ganar la guerra. Los rotundos éxitos recientes que han tenido las Fuerzas Militares en la lucha contra las Farc han demostrado todo lo contrario. Operaciones como Jaque, donde primó la inteligencia y el respeto a la integridad de los rehenes, o las capturas y desmovilizaciones de importantes jefes guerrilleros como ‘Martín Sombra’ o ‘Karina’, le han dado una ventaja estratégica a las Fuerzas Armadas, y les han hecho ganar el respeto y la confianza dentro y fuera del país.
Rito Alejo del Río simboliza de alguna forma el pasado de unas Fuerzas Militares que consideraron a los grupos de autodefensa un mal menor frente a lo que significaban las guerrillas. Una visión que aunque persiste en algunos sectores, está siendo superada por una nueva generación de oficiales que ha sentido en carne propia la presión internacional, y la necesidad de ganar las batallas sin perder la legitimidad.
Pero eso no quiere decir que lo que se viene no sea profundamente doloroso. A pesar de que los paramilitares han mencionado ya a más de 30 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el capítulo de la alianza militar y paramilitar apenas comienza, y puede ser tan o más doloroso y difícil que el de la para-política. Obviamente en una institución tan numerosa en miembros como la castrense las cifras de implicados pueden resultar mucho mayores. Además, a diferencia del Congreso, los militares estuvieron durante muchos años por fuera del escrutinio público, protegidos por el fuero y por el secreto de guerra. Aspectos que se han flexibilizado mucho más.
Esta coyuntura puede resultar difícil para un país que aún está en guerra, pues los errores del Estado pueden ser capitalizados por sus enemigos, en este caso las Farc. Pero, por difícil que resulte, es necesario. Solamente sobre la base del reconocimiento de un pasado donde hubo grandes equívocos, se pueden sentar las bases de una cultura militar moderna, eficaz y civilizada.
Quizá el proceso contra Rito Alejo del Río se convierta en la oportunidad de hacer una catarsis, que redunde en un fortalecimiento de las instituciones.
Solicitud de difusión
Doctor Santiago:
Soy la amiga de José Manuel Rátiva. Como le escribió José, mi tío se llama Arsernio González, vive en la vereda de Las Granjas en el municipio de Colombia - Huila con mi abuela que tiene 84 años, este sitio es considerado como zona roja junto con otras veredas adyacentes incluyendo otra vereda cercana que es la de San Marcos en donde existe un caserío. La guerrilla tenía dominio sobre este territorio y en muchas ocasiones obligó por las buenas o por las malas a que los campesinos les colaboraran cargando remesa, como dicen ellos, o prestando mulas, caballos. El año pasado, el ejército incursionó en dichas veredas y empezó una persecución contra los supuestos colaboradores, entre ellos está mi tío. Sin embargo, muchos campesinos por quedar bien ante el ejército empezaron a acusarlo. Este año un cabo, del que realmente no se cual es el nombre, se lo encontró afirmándole que 'estaba bueno matarlo y ponerle el camuflado', en el mes de julio lo retuvo el ejército en la vereda de San Marcos, sin dar una explicación de por qué lo retenían, le decomisaron el celular y 'que se lo iban a llevar para una vereda llamada los Aipes, para que fuera a buscar a los otros (guerrilleros)', el les dijo que no conocía a nadie, antes que le quitaran el celular, el alcanzó a llamar a un primo avisándole que lo habían detenido y en ese momento un soldado le pegó. Para que lo dejaran libre el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Marcos tuvo que interceder y la respuesta de unos de los del ejército fue que 'ellos no lo tenían detenido, que simplemente estaban hablando con él'. En el mes de agosto hicieron un allanamiento en la casa (vereda de Las Granjas) sin orden judicial, le quitaron el machete, le hicieron quitar los zapatos y las medias y lo pusieron a andar descalzo, y que se lo iban a llevar para Neiva pero mi abuela no dejó. Igualmente, le dijeron 'que se ajuciara o que si no le ponían las patas por delante'. En el día de hoy, 7 de septiembre del año en curso, le decomisaron el celular y que hasta que no presentara el carné no se lo devolvían, lo curioso es que la mayoría de personas que poseen un celular en dichas veredas no portan documentos del mismo, pues quién va a cargar el carné en el campo, y sólamente a mi tío le pidieron los documentos del móvil. Este celular está a nombre mío y se lo dí como regalo, esto lo explicó a quienes se lo quitaron pero no le creyeron. Sin embargo, llamé al Mayor Germán Restrepo quien está a cargo de la base militar que se instaló en San Marcos explicándole que el celular me pertenecía y que es un regalo, y que con mucho gusto le enviaré a través de mi abogado lo documentos que certifiquen que el celular está a nombre mío y que es claramente un regalo, exigiendole que por ningún motivo el celular se podía perder; además, le puse en conocimiento que si tenía alguna acusación deberían denunciarlo ante la fiscalía y que mi abogado estaba haciendo los trámites para poner la denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría por los atropellos que vienen cometiendo. Sin embargo, esto todavía no se ha realizado pues estoy esperando a que mi tío envié un oficio firmado por él para hacer los respectivos trámites. Él tampoco ha hecho las denuncias pertinentes ante la personería de Colombia (Huila).
De otro lado, el ejército tiene una investigación por la muerte de tres campesinos en el mes de enero en la vereda de San Marcos lo cuales quisieron hacer pasar por guerrilleros delante de la comunidad, si los habitantes no se revelan estas personas hubieran sido reportadas como subversivas.
Como ve Doctor Santiago, la situación es crítica y al ejército poco le importa respetar los derechos fundamentales de los campesinos de dichas veredas, pues si ya cometieron tres asesinatos fácilmente pueden volver a cometer otro y esta vez haciéndolo pasar como guerrillero.
De antemano le agradezco su colaboración y me indique que podemos hacer ante este caso.
Cordialemente,
PATRICIA BERMÚDEZ GONZÁLEZ
TEL. 311 440 10 61
Héctor Mondragón: mi opción por la resistencia civil
"No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices".
Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia.
Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos.
He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país.
En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras.
A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática.
Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos.
Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo “Toribío atacado”. El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan.
Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué se compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente “en defensa propia” puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor.
Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical.
Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando “gobernabilidad”, pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia.
Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar.
Héctor Mondragón, 7 de septiembre de 2008.
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