Criterios y preguntas para audiencia sobre negociaciones sobre presencia militar de Estados Unidos en Colombia
John Lindsay-Poland* y Susana Pimiento, Movimiento de Reconciliación (FOR)
21 de Julio de 2009
Estamos siguiendo muy de cerca el debate sobre las negociaciones entre los gobiernos de Washington y Bogotá sobre bases militares de Estados Unidos en Colombia, e intentando instigar un debate sobre el asunto en Estados Unidos. Es un tema que el FOR ha trabajado durante muchos años. Este trabajo incluye una campaña para hacer cumplir los Tratados Torrijos-Carter para cerrar las bases militares en el área del Canal, posteriormente, una campaña para el cese del bombardeo y la limpieza ambiental del polígono de tiro en Vieques, Puerto Rico, y más recientemente, para la salida de Manta.
Nos ponemos a la disposición de los colombianos que se oponen a la presencia militar estadounidense en Colombia.
Todo legal y acordado con Colombia. A pesar de que en el resumen publicado por Cambio se dice que los militares en Colombia “harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas”, los ministros han insistido que los norteamericanos tendrían que tener permiso para entrar al espacio aéreo o territorio de otros países. Al respecto, es importante observar:
· El Presidente Obama, cuando era candidato en mayo de 2008, dijo claramente que apoyaba y apoyaría ataques transnacionales desde Colombia.[1] Y los ataques en Pakistán desde que asumió el poder demuestran que ha sido fiel a su palabra.
· Estados Unidos se ha negado a acatar a la Corte Penal Internacional, ni siquiera a los fallos de la Corte Internacional de La Haya, cuando los interpreta como contrarios a sus intereses.
· El acuerdo de operaciones para la base en Manta, Ecuador, estipulaba que “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos.” Sin embargo, se utilizó la base no solamente para operaciones marítimas, sino para operaciones en contra de buques que llevaban emigrantes, dentro de aguas ecuatorianas. Ver a “El extraño inquilino se va de Manta,” adjunto.
¿Por qué se debe confiar, entonces, en las promesas de respetar las fronteras y las leyes internacionales en este caso?
¿Base o no base? En general, creemos que es una distracción inútil hablar de si la presencia propuesta sería una “base militar” o no. Es mucho más importante qué se hace desde una instalación y la legalidad de las acciones, que el nombre de la instalación. Pero si se entra en la discusión, y se alude a que la presencia militar de EE.UU. en Manta “era una base” – como hizo Alfredo Rangel en el programa La Hora 20 en el que participó usted y el ex embajador Medellin– sería interesante tomar nota que Estados Unidos siempre insistió que la presencia en Manta no era una base, sino un Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés). Tal como están planteando para las bases en Colombia, la instalación de EE.UU en Manta existía dentro de una base militar nacional.
Sin controles. Las solicitudes anuales de fondos para el Plan Colombia durante las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, particularmente dentro la Ley de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Bill) han proporcionado un espacio para el debate en el Congreso Estadounidense sobre el financiamiento a las Fuerzas Armadas colombianas. Dicho financiamiento ha estado sometido un conjunto de condiciones y exigido informes sobre abusos de derechos humanos. Sin embargo, el financiamiento de operaciones militares en Colombia no afronta dicha discusión, salvo por el tope en el número de tropas y contratistas (que no pueden sobrepasar los 1.400). Incluso el oficial encargado de Colombia en el Departamento de Estado le dijo recientemente a FOR que no sabe cuánto dinero gasta el Departamento de Defensa en Colombia. Adicionalmente, con excepción de casos de alto perfil, como el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, el Congreso estadounidense no ejerce control sobre las actividades de Estados Unidos en bases militares ubicadas en territorio extranjero.
Relaciones con los vecinos. Se dijo en el programa “Hora 20“ que el Presidente Obama está mejorando relaciones con Venezuela, y que por eso está fuera del lugar sugerir que podrían utilizar bases en Colombia para atacar a Colombia.
Primero, hay que recordar que los acuerdos de 10 años renovables van mucho más allá de la administración Obama.
Segundo, que podría ser al revés – que el gobierno Uribe o un sucesor aproveche la presencia de tropas del imperio para una agresión en Venezuela.
Tercero, que entonces ¿no hay problema si Venezuela negocia una base militar de China, o Irán, en su territorio? Es decir, las bases son un elemento de una carrera militar peligrosa.
Cuarto, que si una base existe, es una herramienta disponible de poder, que desplaza a los recursos para otras herramientas civiles, comerciales, diplomáticas, y culturales. Las bases militares de Estados Unidos no son acordadas regionalmente para fortalecer la región andina.
Al respecto, cuando Panamá estuvo negociando la presencia militar de Estados Unidos en 1997, puso la condición de que sería acordado por otros países (México, Brasil, Argentina). Resultó que esos países ni siquiera fueron consultados, lo que contribuyó a que el pacto fuera rechazado en Panamá por falta de cobertura política regional. Ese acuerdo terminó con un texto acordado, y con el Canciller Panameño que no se hizo presente en la programada firma.
Limite en el número de tropas. En 2005 el Congreso de Estados Unidos impuso un límite en la legislación nacional en el número de tropas uniformadas en Colombia (800) y contratistas militares (600). La misma legislación, sin embargo, señala que el limite puede ser abrogado si el ejecutivo lo pide formalmente.
Además, el Comité de Fuerzas Armadas del Senado acaba de aprobar el 2 de julio lenguaje legislativo que dice:
“Dado el éxito de la Operación Espíritu Dispuesto, que rescató exitosamente a los tres rehenes Americanos en julio de 2008, las negociaciones permanentes con la República de Colombia sobre el acceso militar de EE.UU a las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Baranquilla, y la pérdida anticipada de la Base Aérea en Manta, Ecuador, el Comité dirige al Secretario de Defensa a hacer una evaluación de las limitaciones numéricas incluidas en la Sección 1021 de la Ley Pública 108-375, enmendada, y reportar a los comités congresionales de defensa 180 días después de la promulgación de esta Acta sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas, hacía arriba o abajo, o revocadas.”[2]
En su momento, el Presidente Bush dijo que interpretaría el limite en el número de tropas en Colombia “de una manera consistente con su autoridad como comandante en jefe, y para supervisar la rama unitaria ejecutiva”[3] (doctrina creada por la administración Bush para evitar el cumplimiento de las leyes).
Si le gustaría profundizar en estas cuestiones, estamos a su disposición para averiguar o conversar más.
* Autor de Emperadores en la Jungla: La historia escondida de Estados Unidos en Panamá (Universidad de Panamá y Duke University Press, 2003); miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional para la Abolición de Bases Militares Extranjeras, Ecuador, 2007; co-director del programa para América Latina y el Caribe del Fellowship of Reconciliation.
[1] “We will support Colombia’s right to strike terrorists who seek safe-haven across its borders. And we will shine a light on any support for the FARC that comes from neighboring governments. This behavior must be exposed to international condemnation, regional isolation, and – if need be – strong sanctions. It must not stand.” 28 de mayo 2008, en Miami. http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html
[2] “Given the success of Operation Willing Spirit, which successfully rescued three American hostages in July 2008, the ongoing negotiations with the Republic of Colombia regarding U.S. military access to Palanquero, Apiay, and Baranquilla air bases, and the scheduled loss of access to Manta Air Base in Ecuador, the committee directs the Secretary of Defense to perform an assessment of the numerical limitations included in section 1021 of Public Law 108-375, as amended, and report to the congressional defense committees 180 days after enactment of this Act on whether these numeric limitations should be changed, upward or downward, or repealed.” Senate Report 111-035 - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2010
[3] http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/10/20041029-6.html
John Lindsay-Poland* y Susana Pimiento, Movimiento de Reconciliación (FOR)
21 de Julio de 2009
Estamos siguiendo muy de cerca el debate sobre las negociaciones entre los gobiernos de Washington y Bogotá sobre bases militares de Estados Unidos en Colombia, e intentando instigar un debate sobre el asunto en Estados Unidos. Es un tema que el FOR ha trabajado durante muchos años. Este trabajo incluye una campaña para hacer cumplir los Tratados Torrijos-Carter para cerrar las bases militares en el área del Canal, posteriormente, una campaña para el cese del bombardeo y la limpieza ambiental del polígono de tiro en Vieques, Puerto Rico, y más recientemente, para la salida de Manta.
Nos ponemos a la disposición de los colombianos que se oponen a la presencia militar estadounidense en Colombia.
Todo legal y acordado con Colombia. A pesar de que en el resumen publicado por Cambio se dice que los militares en Colombia “harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas”, los ministros han insistido que los norteamericanos tendrían que tener permiso para entrar al espacio aéreo o territorio de otros países. Al respecto, es importante observar:
· El Presidente Obama, cuando era candidato en mayo de 2008, dijo claramente que apoyaba y apoyaría ataques transnacionales desde Colombia.[1] Y los ataques en Pakistán desde que asumió el poder demuestran que ha sido fiel a su palabra.
· Estados Unidos se ha negado a acatar a la Corte Penal Internacional, ni siquiera a los fallos de la Corte Internacional de La Haya, cuando los interpreta como contrarios a sus intereses.
· El acuerdo de operaciones para la base en Manta, Ecuador, estipulaba que “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos.” Sin embargo, se utilizó la base no solamente para operaciones marítimas, sino para operaciones en contra de buques que llevaban emigrantes, dentro de aguas ecuatorianas. Ver a “El extraño inquilino se va de Manta,” adjunto.
¿Por qué se debe confiar, entonces, en las promesas de respetar las fronteras y las leyes internacionales en este caso?
¿Base o no base? En general, creemos que es una distracción inútil hablar de si la presencia propuesta sería una “base militar” o no. Es mucho más importante qué se hace desde una instalación y la legalidad de las acciones, que el nombre de la instalación. Pero si se entra en la discusión, y se alude a que la presencia militar de EE.UU. en Manta “era una base” – como hizo Alfredo Rangel en el programa La Hora 20 en el que participó usted y el ex embajador Medellin– sería interesante tomar nota que Estados Unidos siempre insistió que la presencia en Manta no era una base, sino un Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés). Tal como están planteando para las bases en Colombia, la instalación de EE.UU en Manta existía dentro de una base militar nacional.
Sin controles. Las solicitudes anuales de fondos para el Plan Colombia durante las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, particularmente dentro la Ley de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Bill) han proporcionado un espacio para el debate en el Congreso Estadounidense sobre el financiamiento a las Fuerzas Armadas colombianas. Dicho financiamiento ha estado sometido un conjunto de condiciones y exigido informes sobre abusos de derechos humanos. Sin embargo, el financiamiento de operaciones militares en Colombia no afronta dicha discusión, salvo por el tope en el número de tropas y contratistas (que no pueden sobrepasar los 1.400). Incluso el oficial encargado de Colombia en el Departamento de Estado le dijo recientemente a FOR que no sabe cuánto dinero gasta el Departamento de Defensa en Colombia. Adicionalmente, con excepción de casos de alto perfil, como el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, el Congreso estadounidense no ejerce control sobre las actividades de Estados Unidos en bases militares ubicadas en territorio extranjero.
Relaciones con los vecinos. Se dijo en el programa “Hora 20“ que el Presidente Obama está mejorando relaciones con Venezuela, y que por eso está fuera del lugar sugerir que podrían utilizar bases en Colombia para atacar a Colombia.
Primero, hay que recordar que los acuerdos de 10 años renovables van mucho más allá de la administración Obama.
Segundo, que podría ser al revés – que el gobierno Uribe o un sucesor aproveche la presencia de tropas del imperio para una agresión en Venezuela.
Tercero, que entonces ¿no hay problema si Venezuela negocia una base militar de China, o Irán, en su territorio? Es decir, las bases son un elemento de una carrera militar peligrosa.
Cuarto, que si una base existe, es una herramienta disponible de poder, que desplaza a los recursos para otras herramientas civiles, comerciales, diplomáticas, y culturales. Las bases militares de Estados Unidos no son acordadas regionalmente para fortalecer la región andina.
Al respecto, cuando Panamá estuvo negociando la presencia militar de Estados Unidos en 1997, puso la condición de que sería acordado por otros países (México, Brasil, Argentina). Resultó que esos países ni siquiera fueron consultados, lo que contribuyó a que el pacto fuera rechazado en Panamá por falta de cobertura política regional. Ese acuerdo terminó con un texto acordado, y con el Canciller Panameño que no se hizo presente en la programada firma.
Limite en el número de tropas. En 2005 el Congreso de Estados Unidos impuso un límite en la legislación nacional en el número de tropas uniformadas en Colombia (800) y contratistas militares (600). La misma legislación, sin embargo, señala que el limite puede ser abrogado si el ejecutivo lo pide formalmente.
Además, el Comité de Fuerzas Armadas del Senado acaba de aprobar el 2 de julio lenguaje legislativo que dice:
“Dado el éxito de la Operación Espíritu Dispuesto, que rescató exitosamente a los tres rehenes Americanos en julio de 2008, las negociaciones permanentes con la República de Colombia sobre el acceso militar de EE.UU a las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Baranquilla, y la pérdida anticipada de la Base Aérea en Manta, Ecuador, el Comité dirige al Secretario de Defensa a hacer una evaluación de las limitaciones numéricas incluidas en la Sección 1021 de la Ley Pública 108-375, enmendada, y reportar a los comités congresionales de defensa 180 días después de la promulgación de esta Acta sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas, hacía arriba o abajo, o revocadas.”[2]
En su momento, el Presidente Bush dijo que interpretaría el limite en el número de tropas en Colombia “de una manera consistente con su autoridad como comandante en jefe, y para supervisar la rama unitaria ejecutiva”[3] (doctrina creada por la administración Bush para evitar el cumplimiento de las leyes).
Si le gustaría profundizar en estas cuestiones, estamos a su disposición para averiguar o conversar más.
* Autor de Emperadores en la Jungla: La historia escondida de Estados Unidos en Panamá (Universidad de Panamá y Duke University Press, 2003); miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional para la Abolición de Bases Militares Extranjeras, Ecuador, 2007; co-director del programa para América Latina y el Caribe del Fellowship of Reconciliation.
[1] “We will support Colombia’s right to strike terrorists who seek safe-haven across its borders. And we will shine a light on any support for the FARC that comes from neighboring governments. This behavior must be exposed to international condemnation, regional isolation, and – if need be – strong sanctions. It must not stand.” 28 de mayo 2008, en Miami. http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html
[2] “Given the success of Operation Willing Spirit, which successfully rescued three American hostages in July 2008, the ongoing negotiations with the Republic of Colombia regarding U.S. military access to Palanquero, Apiay, and Baranquilla air bases, and the scheduled loss of access to Manta Air Base in Ecuador, the committee directs the Secretary of Defense to perform an assessment of the numerical limitations included in section 1021 of Public Law 108-375, as amended, and report to the congressional defense committees 180 days after enactment of this Act on whether these numeric limitations should be changed, upward or downward, or repealed.” Senate Report 111-035 - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2010
[3] http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/10/20041029-6.html
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