CONSTITUCION DEL 91



Art. 173.- Son atribuciones del senado:
4o) Permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la republica.

¿SERA QUE EL SANADO DE LA REPÚBLICA HARÁ ALGO?

El Gobierno de Álvaro Uribe, ha anunciado la determinación, de otorgar a los Estados Unidos el uso de bases militares en el territorio nacional a través de un acuerdo que pondría a su disposición toda la geografía colombiana para todo tipo de operaciones dentro y fuera del país. Con las primeras, se involucra a un ejército extranjero en el conflicto interno, se atiza la confrontación y se aleja la paz. Con las segundas, Colombia se convierte en una plataforma para el asentamiento y la expansión bélica de esta potencia, que afecta no solo la estabilidad de los gobierno democráticos y progresistas, sino también los importantes proyectos de integración Latinoamericana y caribeña.
2. Además de la indigna condición a la que queda sometida la soberanía nacional, es evidente que tal decisión hace de Colombia una punta de lanza de las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados para agredir a los estados latinoamericanos que no le son afines o que podrían debilitar su hegemonía continental, y se suma a la ofensiva de fuerzas reaccionarias y del imperio que como en Honduras, provocaron el Golpe de Estado contra el Presidente legítimo de ese país, José Manuel Zelaya.
3. Esta aberrante concesión es contraria a la Constitución. Ni los artículos concernientes a estos asuntos, ni las instancias a las cuales deberían consultarse, han sido respetados. Es una de las más flagrantes violaciones que ha cometido este gobierno al Estado Social de Derecho.
4. La guerra es negocio de un reducido grupo de empresas multinacionales que dependen de los contratos de seguridad y defensa del Departamento de Estado y del Pentágono. Tras el sofisma de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, existen jugosos negocios del complejo militar industrial estadounidense, que abarca desde las fábricas de armas y municiones hasta las firmas contratistas de mercenarios a escala global.
5. La profundización del sometimiento militar de Colombia es la continuación de la fracasada política antidrogas enmarada en el Plan Colombia. Con ello se amplificaran los daños económicos, sociales y ambientales que se han padecido por más de una década, y se agravará aún más, la crisis humanitaria y de derechos humanos.
6. Un hecho aún más inadmisible es la expedición de la inmunidad jurídica dada a los militares y mercenarios norteamericanos para toda clase de delitos cometidos en Colombia, quienes tendrán el estatus diplomático. Los antecedentes de las conductas delictuosas de los efectivos del ejército de Estado Unidos - aquí y en otros países - hacen concluir que esta inmunidad es una abierta impunidad.
Por estas consideraciones, el Polo Democrático Alternativo – PDA – convoca a:
a). Invitar a las Fuerzas Política y Sociales, a los demócratas, Intelectuales y Defensores de Derechos Humanos de Colombia y el Continente, a reunirnos prontamente para acordar una AGENDA COMUN y un PRONUNCIAMIENTO contra este Acuerdo que vulnera la soberanía Nacional y afecta la estabilidad democrática y pacífica de la región.
b). Convocar la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACION Y PROTESTA contra la Guerra, las Bases Militares en Colombia, por la Soberanía Nacional y la Paz en la Región.
c). Impulsar una CAMPAÑA NACIONAL Y CONTINENTAL contra la militarización y la intervención de Estados Unidos en América Latina, a la que esperamos se sumen las Fuerzas Progresistas y Democráticas del mundo.
d). Expresar nuestros sentimientos de fraternidad, solidaridad y apoyo a todos los países latinoamericanos, a sus pueblos y a los gobiernos que legítimamente los representan.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Bases militares: muerte de la soberanía; violaciòn de la ConstituciónLunes 27 de julio de 2009 //-->
Po: Jaime Araujo Rentería. Ex-Presidente Corte Constitucional
El método del actual gobierno de negar primero lo que va ha hacer, y luego hacer lo que ha negado (no es cierto; tal vez no; si) es el mismo que aplico al otorgar bases militares a una superpotencia extranjera. Confesado el hecho debemos analizarlo a la luz de la constitución colombiana.
A la luz de la actual constitución colombiana no es lo mismo el transito de tropas extranjeras que la permanencia de ellas en el territorio nacional. Miremos ambas hipótesis.
La norma sobre transito de tropas extranjeras fue modificada, por obra del proyecto numero 27, en la constituyente de 1991, para ampliarle su contenido, así consta en la gaceta constitucional numero 36 del 4 de abril de 1991. Hoy no solo el transito de tropas extranjeras, sino también el transito de buques o aeronaves de guerra, así no lleven tropas extranjeras, o su estacionamiento en aguas o en el territorio o espacio aéreo de la nación requiere que el gobierno solicite concepto previo del consejo de estado (Art.237 numeral 3 inciso 2 Constitucion). Este concepto previo debe entenderse que es previo a cualquier acuerdo sobre el tema y nunca puede ser posterior al acuerdo logrado. De ser posterior el acuerdo seria nulo o inexistente por falta de un requisito necesario para formar legalmente la voluntad del estado, independientemente de que no sea obligatorio. Como el gobierno confeso que el acuerdo ya se celebro, este es inexistente o en el peor de los casos nulo.
Es importante precisar que la competencia del gobierno nacional para permitir el transito de tropas, es supletiva ya que quien la tiene en primer lugar es el senado de la república (Art. 173 numeral 4 de la constitución) y solo en receso del senado surge la competencia del Gobierno (Art. 189 numeral 6 de la constitución).
Es fundamental señalar que en este caso no se trata de transito sino de otro fenómeno jurídico completamente distinto: La permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio. Esta permanencia solo puede hacerse de hecho o de derecho; en el primer caso se trata de una invasión y es contraria a la constitución. Para hacerla compatible con la constitución solo puede hacerse por medio de un tratado o convenio internacional. En ese caso no basta con que el gobierno lo pacte sino que se requiere además que el congreso lo apruebe mediante una ley y que la corte constitucional haga su control de constitucionalidad y lo encuentre conforme con la constitución. Si el congreso no lo aprueba o la corte no lo encuentra ajustado a la constitución, jamás habrá entrado al orden jurídico colombiano y el gobierno no lo puede aplicar. El gobierno quiere ponerle conejo al control del congreso y de la corte constitucional diciendo que se trata de aplicar unos tratados ya existentes. De lo poco que le ha informado a la opinión publica es claro que se trata de un nuevo acuerdo y el acuerdo es nuevo cuando modifica una norma jurídica en cualquiera de los 4 ámbitos de su aplicación: El ámbito personal (a que sujetos o personas se aplica), ámbito material (a que temas o materias diferentes se aplica), el ámbito espacial (a que territorio se aplica) o el ámbito temporal (no es lo mismo un acuerdo de 1 día a otro de 10 años). Aun siendo idéntico en todos esos aspectos a uno anterior, si implica un cambio cualitativo, el acuerdo es distinto. No es lo mismo permitir 1 soldado extranjero que 1500 soldados; es lo mismo que sucede en la naturaleza no es lo mismo aplicar 99 grados de temperatura al agua que 100 grados, ya que este solo grado hace que el agua cambie de naturaleza, ya que pasa de liquida a gaseosa.
No sobra recordar que en la constitución de Colombia, la clausula general de competencia (aquello que no este atribuido expresamente a otra autoridad) la tiene el congreso de la república y no el gobierno. En el caso de la permanencia de tropas extranjeras es claro que el congreso conserva su competencia expresa para aprobar o improbar los nuevos tratados, bien porque no existan previamente o porque impliquen un cambio de cualquiera de los 4 ámbitos de aplicación de la norma jurídica o uno cualitativo.
Si ya el solo transito de tropas extranjeras puede comprometer la responsabilidad del estado colombiano ante terceros países y por eso desde la constitución de 1886 se exigió la intervención del congreso para permitirlo, con mayor razón la permanencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano, la compromete doblemente y exige la intervención del congreso y la corte constitucional.
La instalación de bases extranjeras que es una renuncia a la soberanía, implica otra renuncia a ella, la de no juzgar a los soldados que violan la ley o la constitución colombiana: inmunidad que es impunidad como ya ha sucedido con soldados norteamericanos comprometidos en crímenes o trafico de estupefacientes. No es cierto, entonces que estas tropas estarán bajo el mando de oficiales colombianos, ya que estados unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de la ONU: siempre sus soldados son mandados por oficiales Norteamericanos. Y mucho menos es cierto que se trata de acuerdos como manda la constitución en sus artículos 9, 150 numeral 16; 226 y 227, sobre bases de reciprocidad (lo que yo te permito, tu me lo permites a mi) , ya que estados unidos jamás permitirá una base colombiana en territorio norteamericano (mucho menos 3 como ahora se le otorga).
Nos preocupa que el Presidente Obama haya caído en la trampa de sacrificar derechos humanos por intervención militar.
Nos da tristeza que a los fementidos defensores de la patria no se les haya ocurrido otra formula mejor para combatir el terrorismo y el narcotráfico que entregar doblemente la soberanía (tropas e inmunidad) a un país extranjero.
Nos da vergüenza que quienes quieren festejar, desde el poder, el bicentenario de la independencia el único “regalo” que nos ofrecen es la dependencia de ejércitos o naciones extranjeras violando la constitución nacional

SANTA FE IV: “LATINOAMÉRICA HOY”

James P. Lucier
Director de Staff del Comité de Relaciones Extranjeras
del Senado de los Estados Unidos


INTRODUCCIÓN

A través de los años los estudios de Santa Fe han sido reconocidos por su enfoque práctico de los problemas hemisféricos, como asimismo por su creciente interés en la totalidad del espectro de cuestiones. Y no puede ser de otro modo si uno considera los antecedentes y experiencia de sus contribuidores. Cada uno de ellos ha vivido un romance de toda la vida con América del Sur y Central, dedicando muchos años en esa región. En el campo de los negocios privados, el periodismo y los más altos rangos del servicio militar estadounidense, los servicios de inteligencia y el cuerpo diplomático.
A diferencia de otros estudiosos del hemisferio cuyo conocimiento está basado sólo en el estudio académico, o dirigido por pasión ideológica, el grupo Santa Fe está motivado por el deseo de ofrecer un cambio real al pueblo del hemisferio, y de fortalecer los lazos entre los Estados Unidos y sus vecinos sureños. Los desconcertantes descubrimientos de Santa Fe IV muestran que los Estados Unidos han tendido a considerar garantizados a aquellos vecinos sureños; y que lo que antes fue simple negligencia se tornó un escándalo abierto bajo las políticas de la Administración Clinton durante los últimos siete años. Obsesionado con Europa y China, y atontado con la corrupción de Rusia, el presidente Clinton ha dejado a Sudamérica en un patio trasero. No debe sorprender por ello que Sudamérica haya buscado inversiones y relaciones comerciales en cualquier otro lado – en España, por ejemplo – y en la República Popular de China.
Santa Fe IV nos recuerda que el mercado potencial de la frontera sur es tan grande como el propio. Desde una perspectiva histórica, esta división no debió suceder jamás. Los Padres Fundadores consideraron a Sudamérica como una región que, al igual que los Estados Unidos, estaba buscando su liberación de las naciones totalitarias de Europa. Jefferson, Madison, Monroe y John Quincy Adams, todos ellos consideraron a los sudamericanos como hermanos en la lucha contra la tiranía. Cada una de estos presidentes fue un experimentado diplomático, como asimismo un estadista.
Jefferson fue Secretario de Estado de Washington; Madison fue Secretario de Estado de Jefferson, Monroe fue Secretario de Estado de Jefferson y John Quincy Adams fue Secretario de Estado de Monroe. De modo que cuando cada uno de ellos llegó a la presidencia, había conocido muy bien las luchas de poder de las relaciones internacionales, y los Estados Unidos disfrutaron de una continuidad de práctica política que fue rara desde entonces. Por ello, cuando Monroe fue Secretario de Estado en 1811, envió a Joel Barlow como ministro a Francia. Las instrucciones de Monroe a Barlow incluían lo siguiente: “una revolución en las provincias españolas, al sur de los Estados Unidos, está progresando rápidamente. Las provincias de Venezuela se han declarado a sí mismas independientes, y anunciaron este suceso a nuestro gobierno. Se dice que el mismo camino será seguido en breve en Buenos Aires (sic) y en otras zonas. Las provincias de Venezuela le han propuesto al presidente el reconocimiento de su independencia y la recepción de un ministro; y aunque dicho reconocimiento formal no ha sido aún efectuado, se les ha dado una respuesta muy amigable y conciliadora. No debe Ud. dudar en atender esta cuestión, debido tanto a los justos reclamos de nuestros Hermanos del Sur, a los cuales no pueden ser indiferentes los Estados Unidos, como a los mejores intereses de nuestro país”.
Cuando Monroe asumió la presidencia, uno de sus primeros actos fue autorizar una misión a Sudamérica a fin de evaluar la situación de aquellos lugares que se habían proclamado independientes. Tras el retorno de los comisionados, Monroe inició las operaciones destinadas al reconocimiento diplomático. En un memo de 1819 al Secretario de Estado John Quincy Adams, proponiéndole el envío de un agente a Sudamérica, Monroe escribió: “Puesto que las colonias (españolas) son nuestras vecinas, y necesariamente debemos sostener intercambios con ellas, especialmente si se vuelven independientes, como presumimos, en un período no lejano, es de suma importancia que nuestras relaciones sean de naturaleza amigable”.
En 1822 Monroe envió un mensaje al Congreso solicitando el reconocimiento diplomático de los países de América Latina. Les dijo: “el movimiento revolucionario en las provincias españolas de este hemisferio ha atraído la atención y excitado la simpatía de nuestros ciudadanos desde sus inicios”. Sólo un miembro del Congreso votó en contra de la propuesta. Luego, en 1823, el ministro inglés de Relaciones Exteriores, George Canning, súbitamente propuso que Gran Bretaña y los Estados Unidos se unieran para oponerse a los esfuerzos de la “Santa Alianza” – Francia, España y Rusia – para restablecer las colonias españolas en Sudamérica. Canning consideraba un inteligente juego de poder bloquear a sus rivales europeos; pero perdió su interés a medida que cambió la situación. Sin embargo, Monroe decidió continuar sin el apoyo británico, y declarar a las autoritarias naciones europeas que los pueblos independientes de América del Sur estaban fuera de su dominio.
En octubre de 1823 Monroe le envía un borrador de su mensaje al Congreso a Thomas Jefferson en Monticello y a James Madison en Montpellier, pidiéndoles su opinión. Ambos titanes respondieron de inmediato. Dijo Jefferson: “ El tema encarado en las cartas que nos envió es el más trascendente que he contemplado desde el de la Independencia. Aquel nos convirtió en una nación. Este ajusta nuestra brújula y señala el camino que debemos recorrer en el océano del tiempo que se abre ante nosotros, y no podríamos embarcarnos en condiciones más auspiciosas”. También Madison acordó con la oposición a las maquinaciones de los europeos, por “las declaraciones que hemos hecho a nuestros vecinos, nuestra simpatía por sus Libertades e Independencia, los profundos intereses que tenemos en mantener las más amigables relaciones con ellos”.
El 2 de diciembre de 1823, Monroe envió al Congreso su famoso mensaje, que desde entonces será llamado la “Doctrina Monroe”. Observando que los Estados Unidos ya habían establecido, o se hallaban en proceso de establecer relaciones diplomáticas con Colombia, Argentina, Chile y México, Monroe advirtió bruscamente a los europeos que la libertad de Sudamérica debía florecer: “Nunca hemos tomado parte en las guerras de las potencias europeas por cuestiones relacionadas con ellas mismas, ni tiene que ver con nuestra política el hacerlo. Sólo cuando nuestros derechos son avasallados o seriamente amenazados devolvemos las injurias o nos preparamos para nuestra defensa. Con los movimientos de este hemisferio nos hallamos necesariamente conectados de modo inmediato, y por causas que deberían ser obvias para todo observador preclaro e imparcial. El sistema político de las potencias aliadas es en este sentido esencialmente diferente del de las Américas. Esta diferencia deriva de aquella que existe en sus respectivos gobiernos; y en defensa del nuestro, que se ha logrado mediante la pérdida de tanta sangre y bienes, y madurado por la sabiduría de sus ciudadanos más iluminados, y bajo el cual hemos gozado de una felicidad sin igual, toda la nación está empeñada. Por ello debemos, por la sinceridad y las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos y aquellos poderes, declarar que consideraremos cualquier intento de su parte para extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad”.
Aunque los días en que debimos defender la independencia de las repúblicas de Sudamérica parecen haber pasado, aún persiste el hecho que aquella seguridad y libertad, tanto de los Estados Unidos como de las repúblicas sudamericanas están inextricablemente unidas. Como deja claramente expuesto Santa Fe IV, la soberanía e integridad de un cierto número de países en el sur se hallan en riesgo, no por otra nación sino por organizaciones criminales internacionales tan poderosas que le están denegando a los pueblos de Sudamérica su herencia de libertad. La política de la próxima administración deberá ser alinear juntos al Norte y al Sur, en una asociación que deberá ser sobre bases igualitarias, sin infringir la soberanía de ninguna parte. La promesa y cooperación extendida en los comienzos del siglo XIX por la Doctrina Monroe puede ser la base de una nueva era de mutuo respeto y mutuos intereses.