El padre Javier Giraldo compila pruebas contra el general las cuales, a su juicio, deberían servir para que los colombianos no solamente las conozcan y sepan sobre "su responsabilidad en multitud de crímenes", sino que sirvan también para ejercer "una censura moral sobre tantas atrocidades".
"Si en 2004 fue puesto en libertad, no lo fue por carencia de pruebas sino por la profunda corrupción del aparato de justicia colombiano, el cual eventualmente podría llegar a exonerarlo de nuevo, sobre todo si se tiene en cuenta que el entonces Fiscal Delegado ante la Corte Suprema, quien bajo las órdenes del ex Fiscal Osorio condujo el proceso a la preclusión pasando por encima de multitud de evidencias, ocupa ahora el puesto de Vicefiscal General de la Nación", afirma.
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Por segunda vez el ex General Rito Alejo del Río ha sido llamado a responder ante el sistema de justicia colombiano por los crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en muchas regiones del país, obedeciendo a sus directrices y poder de mando, dentro de la estrategia paramilitar del Estado.
Si en 2004 fue puesto en libertad, no lo fue por carencia de pruebas sino por la profunda corrupción del aparato de justicia colombiano, el cual eventualmente podría llegar a exonerarlo de nuevo, sobre todo si se tiene en cuenta que el entonces Fiscal Delegado ante la Corte Suprema, quien bajo las órdenes del ex Fiscal Osorio condujo el proceso a la preclusión pasando por encima de multitud de evidencias, ocupa ahora el puesto de Vicefiscal General de la Nación.
Esas circunstancias hacen más necesario que la sociedad colombiana conozca las pruebas que existen sobre su responsabilidad en multitud de crímenes, y ejerza una censura moral sobre tantas atro
Elementos probatorioscontra el ex General Rito Alejo Del RíoEl General DEL RÍO no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueronconfigurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética yel derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedadoregistradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, entre los cualesconocemos estas:1 Ya desde 1982 el oficial DEL RÍO le quitaba horas de sueño al mismoMinistro de Defensa, que era un General de derecha, que por esos mismos mesessalió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar laestructura paramilitar denominada MAS (Muerte A Secuestradores). Según lorelató el General Fernando Landazábal (+) a un Mayor del Ejército hoy retirado, elGeneral DEL RÍO aprovechó su estadía en Israel entre 1982 y 1983, donde coincidiócon Carlos Castaño Gil1, posteriormente líder nacional de los paramilitares, paraconseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar. Cuando elGeneral Landazábal, entonces Ministro de Defensa, se enteró del asunto porfuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su plena confianza y además exmilitar, para investigar si todo ello era cierto. El periodista Ovidio “Peter” Charriapudo comprobarlo todo sobre el terreno y le informó por teléfono al GeneralLandazábal que ya estaba preparado un avión (el Hércules 1003 de la Fuerza AéreaColombiana) cargado con dichas armas, que debía aterrizar en Bogotá el 18 deoctubre de 1982 y que él mismo pensaba regresarse en ese vuelo. El Ministro deDefensa preparó un operativo en el aeropuerto militar de Catam para recibirlo conuna inspección minuciosa, pero el 17 llegó la noticia de que el avión había caído al1 En su autobiografía titulada “Mi Confesión”, el líder paramilitar Carlos Castaño Gil afirma que estuvo enIsrael en 1983, cuando cumplió 18 años (pg. 107); que allí hizo un curso de un año en el cual tenían 3 mesesde trabajo y 1 de descanso y en éste él viajaba a Colombia (pg.108); que ese curso no tenía nombre sino unnúmero: el 562, en el cual aprendían “fundamentos de armamento atómico y manejo psicológico deoperaciones” y en lo práctico aprendían a “bloquear un carro blindado y utilizar las granadas defragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiple y entrenamospara dar golpes certeros con RPG7, o introducir un proyectil de un obús por una ventana (...) mirasnocturnas y paracaidismo, incluso aprendimos a fabricar explosivos manuales” (pg. 109). Allí mismo afirmaque tuvo la oportunidad de conocer a militares colombianos del Batallón Colombia con los cuales se reunía enlos días de descanso (pg. 110).[ Cfr. CASTAÑO, Carlos, “Mi Confesión”, Editorial Oveja Negra, Bogotá,2001]. Por su parte, el GERENAL RITO ALEJO DEL RÍO, en su versión libre rendida el 26 de agosto de1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: “En 1983 llegué al paísprocedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí donde me desempeñé como Oficial de Operacionesen la Fuerza Multinacional de Paz, era Mayor” (pg. 1-2)2mar, a 280 kilómetros de Nueva Jersey, por el sobrepeso que traía, pereciendo allíel mismo periodista Ovidio Charria. Entre los 13 ocupantes, casi todos militares dela Fuerza Aérea, excepto el periodista y un capitán del Ejército, se salvaron 8 quefueron rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, quiendeclaró su extrañeza de ver que los ocupantes “perdían tiempo” –según él-“arrojando la carga”, ya que solo tenían gasolina para 10 minutos y podríanamarizar sin riesgo de incendio.22 Las jerarquías castrenses no juzgaron, sin embargo, conveniente, interrumpirla carrera militar del oficial DEL RÍO. De su paso por la Comandancia del Batallón“Rafael Reyes”, con sede en Cimitarra (Santander), de 1985 a 1986, ya comoCoronel, queda la denuncia de uno de los activistas paramilitares máscomprometidos que se han arrepentido y develado infinidad de crímenes. Alonsode Jesús Baquero Agudelo, alias “El Negro Bladimir”, en su indagatoria del 8 deagosto de 1995 en la penitenciaría de Palmira (Valle), confesó que se reuniómuchas veces con el Coronel DEL RÍO y otros oficiales del Batallón Reyes paracoordinar las actividades paramilitares en la zona.33 Otro antecedente inquietante que revela en la conducta del General DELRÍO maneras de actuar de esas que obedecen a impulsos muy afianzados perocontrarios a toda ética, lo denuncia un Cabo Primero retirado del Ejército4, quienperteneció al Batallón Girardot, con sede en Medellín, del cual el entonces CoronelDEL RÍO fue Comandante entre 1986-87. A comienzos de 1987 el Coronel DEL RÍOle dio la orden a dos Cabos de infiltrar una finca en cercanías de la población deSanta Rosa de Osos (Antioquia) a cuyos moradores se acusaba de “colaborar con laguerrilla”. A pesar de que los Cabos comprobaron que se trataba de falsasacusaciones y así se lo informaron al Coronel DEL RÍO, éste les ordenó, dos horasdespués de recibir el informe, que con 5 soldados vestidos a la usanza de laguerrilla se pusieran a órdenes de un informante, y que cuando llegaran al objetivodebían eliminar a todos los presentes sin dejar testigos. Cuando el Cabo2 Ver edición del diario El Tiempo, de Bogotá, del 21 de octubre de 1982, pag. 2 y 6 A. El siniestro fuereseñado en los diarios de Colombia con titulares de primera página casi durante toda la semana siguiente. Lainformación sobre el cargamento de armas enviado por el oficial DEL RÍO para los paramilitares le fueconfiada por el General Landazábal a un Mayor del Ejército, quien la narró ante organismos de derechoshumanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales.3 Dicho documento hace parte del expediente penal No. 4239, y es parte de la indagatoria realizada el 8 deagosto de 1995, folio 2.3denunciante descubrió que se trataba de la misma familia que ellos habíaninvestigado poco antes, impuso su autoridad sobre el informante y le impidióperpetrar el crimen, pero allí mismo descubrió que el “informante” quería eliminara esa familia, vecina suya, para no pagarle una deuda grande que tenía con ella porcompra de ganado. El General DEL RÍO se enfureció con el Cabo a quien sancionópor no haber obedecido sus órdenes y lo envió a combates altamente riesgosos, loque la víctima interpretó como una intención de hacerlo matar. Por esto, el Cabotomó la decisión de fugarse. 54 La llegada del General DEL RÍO a la Comandancia de la Brigada XVII delEjército, con sede en Carepa (Antioquia), en diciembre de 1995, estuvo seguida alas inmediatas por un caso de desaparición forzada de personas, crimen que fueperpetrado en las mismas instalaciones de la Brigada. En efecto, el 16 de diciembrede 1995, a las 12 del mediodía, en el sitio La Arenera, del corregimiento deCurrulao, municipio de Turbo, fueron retenidos, ante la vista de muchos testigos,por miembros del Batallón Vélez, los campesinos ALCIDES TORRES ARIAS yANGEL DAVID QUINTERO, ambos padres de familia con varios hijos, y llevadosa las instalaciones de la Brigada XVII. En el momento de su retención se dirigíanhacia la casa de la madre de Alcides, en una motocicleta marca Honda, de colorrojo, de placa No. DCU-35. Según declaró ante medios de prensa el General DELRÍO, las capturas tuvieron lugar en medio de operativos contrainsurgentes de laBrigada. Según él, a otros capturados, cuyos nombres no dio, los habrían enviado afiscalías de Medellín, y en cambio a éstos los habían “dejado en libertad”6.Los familiares pudieron visitar a los retenidos en las instalaciones de la Brigada losdías 17 y 18 de diciembre, llevarles ropa, cobijas y comida, pero el día 19 lespusieron obstáculos para ingresar a visitarlos y los hicieron esperar varias horas enla Guardia de entrada, supuestamente mientras llegaba el Fiscal, quien debería darlos permisos de visita. En su larga espera en la entrada, los familiares observaron lasalida de un vehículo de color rojo con personas en su interior que ellos nopudieron identificar. Dicho vehículo se varó al atravesar la vecina población deCurrulao, donde tuvo que esperar alrededor de un cuarto de hora para continuarsu marcha. Varios pobladores de Currulao, que conocían personalmente a los5 El Cabo retirado rindió declaración sobre estos hechos en la Unidad Nacional de Fiscalías de DerechosHumanos, en Bogotá, el 31 de mayo de 1999. Ante controversias procesales que se presentaron, debido a quehabía diferencias de apellidos entre su documento de indentidad militar y su cédula de ciudadanía, la Fiscalíapudo comprobar plenamente su identidad en una nueva declaración que rindió en Bogotá el 21 de junio de2001.6 Ver diario El Colombiano, domingo 7 de enero de 1996, pag. 7b.4desaparecidos, pudieron observarlos en el interior del vehículo. Sin embargo, losmilitares le informaron a las familias que ellos ya habían sido “dejados en libertad”.No se explica cómo no reclamaron la motocicleta (la que permaneció por muchotiempo en la Brigada); ni vieron ni saludaron a sus familiares que estabanesperando en la entrada; ni firmaron la Orden de Libertad que supuestamente elFiscal les envió. Nunca se volvió a tener noticia de sus paraderos.Aunque el caso fue denunciado antes las diversas instancias penales ydisciplinarias, en pocos meses fue archivado. Hoy día la Comisión Interamericanade Derechos Humanos se ocupa del mismo.7En la entrevista al paramilitar Hebert Veloza, publicada en el diario El Espectadorel domingo 3 de agosto de 2008, se refiere a un caso que al parecer coincide conéste:· El Espectador (E.E.): Usted, Mancuso y ‘El Alemán’ han mencionado algeneral Rito Alejo del Río, ¿por qué cree que la justicia no les para bolas?· Hebert Veloza (H.V.): Hay muchos ex militares que están incómodos. Yo puedoasegurar que él se reunió con Carlos Castaño. Desconozco por qué no lo vinculan aningún proceso. Sólo le doy un dato: cuando yo era el comandante en Urabá y él eracomandante de la Brigada 17, yo secuestré a dos personas que habían sido detenidaspor el Ejército dentro de la Brigada. Las saqué de un calabozo.· E.E.: ¿Y cómo se saca a una persona de una brigada?· H.V.: Con complicidad. Yo me los llevé en un carro de la propia brigada, en untrooper rojo carpado. Los sacamos de un calabozo. Eran del V frente de las FARC yhabían secuestrado a una señora en Buenaventura. Yo entré a la Brigada, saqué alas personas, las llevamos a Buenaventura y las desaparecimos.[El Espectador, agosto 3 de 2008, pg. 2-5]5. Iniciada la Comandancia del General DEL RÍO en la Brigada XVII deUrabá, (diciembre de 1995), ya serán algunos de sus mismos subalternos, así comoalgunas autoridades civiles e incluso el Capitán que dirigía el organismo deInteligencia de la Policía en la zona, quienes descubrirán su conducta comoradicalmente contraria al ordenamiento legal y a los principios más elementales dela moral pública. Sin embargo, el mar de complicidades en que él se apoya y que se7 La Fiscalía archivó el caso en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió elexpediente 597/2000 sobre este caso.5evidencia a través de las mismas denuncias, hace que los denunciantes sean dealguna manera excepcionales y que tengan que enfrentar altos riesgos y gravesperjuicios al decidirse a denunciar.El Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, Segundo Comandante de esamisma Brigada XVII y Jefe de su Estado Mayor, quien ocupó el cargo desde juniode 1995 hasta junio de 1996, se vio obligado a enviarle un informe al ComandanteGeneral de las Fuerzas Militares el 31 de mayo de 1996, en el cual le expresaba suconclusión de que el General DEL RÍO no tenía convencimiento alguno de que losparamilitares fueran un factor peligroso de desorden y violencia y esa mismaconvicción la irradiaba en sus subalternos. Desde su llegada se había dejado deactuar en absoluto contra los paramilitares y el tema había sido eliminado de todaplaneación estratégica y de toda reunión de Comando. Aún más, las propuestasdel Coronel Velásquez para abordar el tema fueron siempre rechazadas y el mismoCoronel fue relegado progresivamente, para anular toda su asesoría en materias deinteligencia, de estrategia y de operaciones. En su Informe, el Coronel Velásquezhizo referencia a un caso concreto en que los paramilitares atravesaron sinproblema por un retén militar y a otro en que no se quiso detener a un gruponumerosos de paramilitares que fueron identificados, ni tampoco investigardisciplinariamente la omisión o complicidad de los militares al no detenerlos. Endeclaración posterior ante la Fiscalía, el Coronel Velásquez manifestó quesospechaba que había una filtración permanente de información desde la Brigadahacia los paramilitares de Carlos Castaño, de modo que éstos supieran a diariodónde había y dónde no había tropas del Ejército. 8 Sin embargo, el Comandantedel Ejército, General Harold Bedoya, en lugar de investigar al General DEL RÍO,ordenó investigar más bien al denunciante y lo hizo llamar a calificar servicios el 1de enero de 1997, excluyéndolo del Ejército.6. Por su parte, la Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Isabel CuartasMontoya, se presentó a la Fiscalía General de la Nación el 24 de abril de 1997 paradenunciar el auge aterrador de la violencia paramilitar en su jurisdicción desde lallegada del General DEL RÍO9, así como la falta de colaboración del Ejército para8 El Coronel Velásquez rindió además declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos,en Bogotá, el 8 de mayo de 1998, donde ratificó todas sus acusaciones.9 En efecto, el documento “CODIGOS DEL SILENCIO”, elaborado en la unidad local del Instituto Nacionalde Medicina Legal y Ciencias Forenses de Apartadó, como lectura transversal de las actas del COMITÉ DEVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN VIOLENCIA y de estadísticas anteriores, muestra que a los años1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677respectivamente) durante toda la década de los 90. (pag. 3 de dicho documento, cuadro)6combatirla, y para describir hechos concretos en los que ella había sido testigodirecto de la colaboración entre militares y paramilitares. Posteriormente, el 6 dediciembre de 1997 y el 21 de octubre de 1998 la Alcaldesa declaró nuevamente en laUnidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y afirmó que la unidad deacción entre el Ejército y los paramilitares era de público dominio en la región yque los paramilitares ingresaban a las instalaciones de la Brigada XVII enmotocicletas y otros vehículos sin ningún obstáculo. Expresó además que lasdenuncias hechas antes los superiores jerárquicos del General DEL RÍO habíansido inútiles. También denunció que el modelo de Cooperativas de Seguridaddenominadas CONVIVIR, implantadas por el entonces Gobernador de Antioquia,ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia) de una manera inconsultacon los mandatarios locales, había agudizado en extremo la violencia, pues laselección de sus miembros se dejaba en manos de la Brigada XVII y ni siquiera losalcaldes podían enterarse de la verdadera identidad, ocupación y comportamientosocial de los integrantes de esos grupos, a los cuales se confiaba la seguridad de lapoblación, predominando la convicción de que actuaban en estrecha alianza conlos paramilitares. Dejó constancia, además, de que el hecho de que militares yparamilitares compartieran retenes a muy poca distancia, evidenciaba su unidadde acción en muchos crímenes.107. El 2 de febrero de 1999, el ex soldado profesional Oswaldo de JesúsGiraldo Yepes, quien había sido integrante de uno de los batallones quecombatieron en Urabá bajo el mando del General DEL RÍO entre 1996 y 199711, hizorevelaciones escalofriantes ante delegados de la Oficina de InvestigacionesEspeciales de la Procuraduría General de la Nación, mientras estaba detenido enuna cárcel de Santa Rosa de Osos (Antioquia), acusado de “porte ilegal de armas”,10 Estas declaraciones sucesivas de la Alcaldesa fueron asumidas dentro del expediente penal radicado bajo elNo. 366 y posteriormente bajo el No. 426, en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos.11 Este soldado prestó su servicio militar en Melgar en 1991 y luego se inscribió como soldado profesional.Luego de un receso de 6 meses en 1993 para reubicarse en la carrera militar, en 1994 fue adscrito al Batallónde Contraguerrilla No. 11 “Cacique Coyará”, de la XI Brigada con sede en Montería. En diciembre de 1995todo el Batallón Coyará es enviado a Urabá a integrarse a la Brigada XVII al mando del General DEL RÍO.En septiembre de 1997 el soldado entra en conflicto con algunos paramilitares y militares por expresaropiniones contrarias al trabajo conjunto que está haciendo en la zona. Escapa a un intento de asesinato y lograque lo envíen a otra unidad militar, siendo adscrito entonces a la Brigada Móvil No. 3 que opera enCundinamarca; de allí es enviado luego al Batallón Granaderos, que hace parte de la IV Brigada con sede enMedellín y allí pide la baja definitiva al constatar que en todas las unidades militares que conoce hay prácticasde Guerra Sucia, trabajando en estrecha alianza el Ejército con los paramilitares.7pues ya se había retirado del Ejército. Posteriormente declaró repetidas veces antela Fiscalía12 y se ratificó en sus denuncias, las que concretó mucho más.Su testimonio trasciende las prácticas de la Brigada XVII, pues se refiere también ala Brigada XI, a la cual estuvo integrado antes (1994-95), a la Brigada Móvil No. 3 yal Batallón Granaderos de la IV Brigada (últimos meses de 1997). En sus reiteradostestimonios se destapa una verdadera Política de Estado que articulasolapadamente el accionar paramilitar con las operaciones del Ejército en unaestrategia integral. Afirma reiteradamente que fue obligado a trabajar en apoyo yen unidad de acción con las estructuras paramilitares que operaban en Urabá conmiles de efectivos, y que la directriz permanente del Comandante de la Brigada,que era el General DEL RÍO, era trabajar con ellos. Afirma que en toda el área,tanto de la Brigada XI como de la Brigada XVII, así como en lo poco que conoció deotras Brigadas, se trabajaba en estrecha coordinación con los paramilitares.Menciona numerosos nombres de líderes paramilitares nacionales, regionales ylocales que se reunía frecuentemente con el General DEL RÍO en la sede de la XVIIBrigada, en Carepa (Ant.).Una de las prácticas que impresionan fuertemente en el testimonio del ex soldadoGiraldo Yepes es la práctica de las “legalizaciones”, como asumidas y respaldadaspor sus comandantes de compañía, batallón y brigada. En una de sus declaracioneslas describe así: “significa coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles unfusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi muchotiempo y lo viví”13 En efecto, describe varias masacres concretas en que las víctimasfueron “legalizadas”. Cuando investigadores de la Fiscalía trataron de confrontaresos datos con otras fuentes, encontraron correspondencias fundamentales, aúnteniendo en cuenta que los informes oficiales se hacen de modo que se acomoden apautas legales de acción, y que los informes de los medios se apoyan en losoficiales.14 También describe el ex soldado en su testimonio los retenes que elCapitán Jaime Remolina Fontalvo hacía en cercanías del poblado de Pavarandó, en12 El 10 de marzo de 1999 declaró ante un Fiscal Regional Comisionado en Manizales (Radicado 24.458). El26 de mayo de 1999 declaró en Medellín ante un Fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías deDerechos Humanos, dentro del proceso que se seguía allí contra el General DEL RÍO. Habiendo sido tomadascomo creíbles sus denuncias, la Fiscalía ordenó su captura e inició un proceso penal contra él por pertenenciaa grupos paramilitares (al obedecer las órdenes del General DEL RÍO) y rindió indagatoria en Yarumal(Antioquia) el 11 de febrero de 2002.13 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 314 En las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de julio de 2000 por el Mayordel Ejército Guillermo Antonio Chinome Soto, Comandante del Batallón Coyará al cual estaba adscrito elsoldado Giraldo Yepes, es posible encontrar las referencias fundamentales de al menos las tres principalesmasacres relatadas por el ex soldado Giraldo. Evidentemente el Mayor acomoda su relato a pautas legales,eliminando toda participación de los paramilitares y presentándolas como combates contrainsurgentesdesarrollados dentro de marcos legales.8compañía de 5 soldados y 8 ó 10 paramilitares, en los cuales hacían bajar a muchoscampesinos de los camperos Uaz y las “chivas” de transporte público que recorríanesa vía; los llevaban forzados a un campo abierto y allí los fusilaban, losdesmembraban y los arrojaban al río. Afirma que en un lapso de 15 días le tocópresenciar entre 50 y 60 casos similares.15Pero al mismo tiempo el caso del ex soldado Giraldo Yepes revela la profundidadde las estructuras de impunidad que imperan hoy en Colombia. Mientras laFiscalía y la Procuraduría, en algunas de sus instancias, afirman haber comprobadola veracidad de su testimonio, hasta llegar a rechazar una “retractación” que bajopresiones y amenazas hizo el 25 de julio de 2002, sin embargo solo utilizaron esaverdad contra él mismo para enjuiciarlo por “concierto para delinquir” (al obedecerlas órdenes de todos sus comandantes), pero no han utilizado esa verdad parallamar a juicio a todos los que tenían responsabilidad de mando o participaronmucho más que él en los crímenes. Si el valeroso denunciante es el únicoenjuiciado, y la “verdad comprobada” solo vale contra él pero no contra losdenunciados, ¿quién puede dudar de que lo que se quiere es castigar la denuncia?Esto sin tener en cuenta los varios atentados de que ha escapado el testigo y lasnumerosas amenazas recibidas en la prisión sin que sus clamores por unaprotección oficial hayan sido escuchados.Por eso en su inválida retractación el ex soldado afirma: “Yo no deseo rendir estadeclaración, y me retracto de todo lo que he denunciado porque la Justicia Colombiana no haactuado como se debe, en contra de los corruptos; solo me tiene a mí pagando cárcel nadamás, debido a mi colaboración con la Justicia, que siempre he tenido el deseo y las ganas dedenunciar lo mal hecho y las atrocidades que se ven en Colombia por parte del Ejército,Policía, SIJIN y empleados públicos”16 Con razón la Procuraduría, al evaluar dicha“retractación” la considera inaceptable, arguyendo: “está motivada por aspectosafectivos y no por un acto de espontaneidad, pues resulta inaceptable que luego quesuministra datos que han sido verificados por las autoridades, llegue nuevamente alplenario indicando que se retracta de lo anotado porque no quiere saber nada de esto, siendoesta postura explicable cuando señala que se encuentra vinculado a la presenteinvestigación, y como lo arguyó, lo que hizo fue denunciar hechos cometidos por losmiembros del estamento militar al cual perteneció; por lo anterior, no se le da validez a lo15 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 5.16 Declaración rendida en la Cárcel de Bellavista, de Medellín (se nota claramente que bajo fuertes presiones),el 28 de julio de 2002, ante funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, dentro del procesodisciplinario 155-73307-2002.9sostenido en su retractación, más aún cuando se ha demostrado que muchos de losdiferentes hechos narrados y aceptados por él, (y que [sic]) realmente ocurrieron”178. El Capitán, hoy retirado, de la Policía Nacional, Gilberto CárdenasGonzález, quien fue Jefe de la SIJIN de Urabá (Sección de InvestigacionesJudiciales e Inteligencia, de la Policía) de 1996 a 1998, luego de indagar durante 4años, por todos los medios legales, por qué fue destituido en septiembre de 1998,sin lograr obtener respuesta alguna, y habiendo escapado a 3 atentados contra suvida, buscó protección fuera del país y decidió denunciar, en noviembre de 2002,ante los organismos de control del Estado y ante órganos de las Naciones Unidas,lo que experimentó en carne propia en Urabá, cuando el General DEL RÍOcomandaba la Brigada XVII y dirigía la Guerra Sucia en la región.18Afirma que todos sus esfuerzos por reprimir el accionar paramilitar en Urabá,detectando y capturando a sus líderes y activistas, se estrellaron siempre contra elpoder del General DEL RÍO, quien impulsaba y protegía a los paramilitares, ycontra todo el engranaje de complicidades y colaboraciones que el Generalestructuró en la zona, en el cual se involucraban las mismas jerarquías regionalesde la Policía, así como fiscales, jueces, procuradores, personeros y alcaldes de lazona, sin descontar a empresarios nacionales y extranjeros que se asentaban allí.En la primera página de su denuncia afirma: “Los paramilitares los creó el propioGobierno colombiano para que hicieran el trabajo sucio, es decir, para que mataran a todaslas personas que según el Ejército y la Policía son guerrilleras. Pero para hacer eso, teníanque crear un grupo al margen de la ley para que nadie sospechara del Gobierno de Colombiay de sus Fuerzas Militares. Es así como los paramilitares son entrenados por el mismoEjército y la Policía de Colombia y son auxiliados y ayudados por éstos. Hasta miembros delEjército y la Policía patrullan hombro a hombro con los paramilitares (...) Losparamilitares también favorecen los intereses de las multinacionales con intereses enColombia, ya que se encargan de limpiarles el terreno de personas contrarias a sus intereses,17 Concepto precalificatorio emitido por la representación del Ministerio Público en el proceso Radicado 426,el 24 de septiembre de 2002.18 El 6 de noviembre de 2002 el Capitán [R] de la Policía Gilberto Cárdenas González, rindió declaración enla Procuraduría General de la Nación e hizo entrega de un documento de 54 páginas dirigido al Fiscal Generalde la Nación, acompañado de 97 anexos probatorios, documento que hizo llegar también a la Defensoría delPueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Bogotá, ya la Embajada de los Estados Unidos de América.10como sindicalistas o líderes populares, a los cuales desaparecen o asesinan aduciendo queson guerrilleros”19Según el ex Capitán Cárdenas, el 12 de abril de 1997, en un operativo que hizo acubierta junto con otros dos investigadores de la SIJIN que más tarde fueronasesinados20, pudo observar de cerca la reunión que sostuvo el General RITOALEJO DEL RÍO con 11 líderes paramilitares de la región, todos con órdenes decaptura registradas minuciosamente en su denuncia, y 3 representantes legales dela cooperativas CONVIVIR más fuertes de la zona. En dicha reunión, que tuvolugar entre las 18 y las 21 horas, en una finca del corregimiento El Totumo, entreTurbo y Necoclí, también los acompañó el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo,jefe del B-2 (Sección de Inteligencia) de la Brigada XVII21. Esto revela con nitidez launidad de acción entre la Brigada XVII, los paramilitares y las CONVIVIR.22El CORONEL ANATOLIO CORREA FIGUEROA, Comandante de la Policía deUrabá en 1997 y por lo tanto jefe directo del entonces Capitán Cárdenas, se opuso aque los contactos y apoyos del General DEL RÍO respecto a los paramilitaresfueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias. Pero tanto dichoCoronel Correa, como quien lo precedió en el cargo el año anterior (1996), elCORONEL LIBARDO MOLINA CELIS, se plegaron completamente a lasexigencias del General DEL RÍO, de no perseguir a los paramilitares. En efecto, eltestimonio del Capitán Cárdenas menciona con detalles 4 casos de capturasimportantes de paramilitares que él realizó o en las que tuvo que intervenir poroficio, en las cuales sus superiores lo obligaron, siguiendo órdenes del GeneralDEL RÍO, a dejar el caso en manos del Coronel Plazas, del B-2 de la Brigada, quienle daba libertad inmediata a los capturados. Un libreto similar se repetía conocasión de las capturas: una vez capturados los paramilitares, se presentaban en elComando de la Policía de Urabá el Coronel Plazas y algunos de los representanteslegales de las CONVIVIR y se llevaban al detenido “por orden del General DEL RÍO”,dejándolo en libertad el mismo día.2319 Documento citado, pag. 1 y 320 Los investigadores de la SIJIN, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, fueron asesinados enagosto de 2001, en Medellín, de acuerdo con el testimonio, pg. 721 Este Coronel fue trasladado a la Brigada XIII, con sede en Bogotá, cuando el General DEL RÍO fueComandante de la misma, en 1998, donde continuó siendo el Jefe de la Sección de Inteligencia (B-2), y enabril de ese mismo año participó en el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari,siendo condenado a 40 años de prisión en noviembre de 2002, dado que uno de sus colaboradores denunciótodos los pormenores del crimen.22 Ver páginas 4 a 7 del testimonio citado.23 Ver denuncia citada, pg. 7 a 911Son abundantes también las denuncias del testigo sobre el CORONEL SANTIAGOPARRA RUBIANO, Comandante de la Policía–Urabá en 1998, quien se opuso ainvestigar a otros altos oficiales de la Policía de su jurisdicción que colaboraban demanera pública con los paramilitares24o se negaban a tomar medidas contra ellos.El testigo afirma que este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de losparamilitares para que les guardara sus espaldas y que cuando él capturó a los dosasesinos de la Concejal de Apartadó, Gloria Elena Cardona (+ 21.01.98) el Coronelle rogó que los dejara en libertad porque esas capturas no le iban a agradar, ni aljefe de los paramilitares, Carlos Castaño, ni al General Martín Orlando Carreño,nuevo Comandante de la Brigada XVII (1998). En esa ocasión le suplicó: “entiendacómo se trabaja acá en Urabá; no se meta con los paramilitares; déjelos hacer su trabajo;ellos solo matan a los h.p. guerrilleros; o es que quiere usted que se llene esto de guerrillerosy después nos maten? (...) deje las cosas así; no se meta en problemas; lo que está buscandoes que lo maten o lo echen de la Policía”.25 De todos modos, los asesinos de la Concejalfueron puestos después en libertad por la Fiscalía.A través de sus 54 páginas, el testimonio del ex Capitán Cárdenas menciona anumerosos miembros del Ejército y de la Policía involucrados en el apoyo yprotección a los paramilitares, no solo en Urabá, sino también en Puerto Boyacá,donde él trabajó como Sub-teniente de la SIJIN en 1992. Pero uno de susescalofriantes capítulos, a cuál más grave, acusa a los mismos órganos de controldel Estado, como la Fiscalía y la Procuraduría, de ser colaboradores delparamilitarismo en la región. Allí denuncia al Fiscal Regional de Apartadó, DaríoEduardo Leal Rivera, cuyo despacho avocaba necesariamente todos los procesosrelacionados con paramilitares en la zona, quien archivaba al menos el 80% de losexpedientes. Familiares y testigos de las víctimas, que eran llamados a rendirdeclaraciones, con frecuencia aparecían luego asesinados. La esposa de dichoFiscal, Astrid de Leal, era la jefe del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) deUrabá y uno de sus investigadores, Ivo Jaime Díaz Salazar, fue reconocido por untestigo que pretendió colocar allí una denuncia, como alguien que patrullabaconjuntamente con los paramilitares que incursionaron en su finca. Las denunciaspuestas por el mismo ex Capitán contra dicho Fiscal ante el Consejo Seccional de laJudicatura de Medellín, fueron todas archivadas.2624 El Teniente Carlos Alberto Camargo Zamora, Jefe de la Policía de San Juan de Urabá, prestó escolta allíder paramilitar con orden de captura Pascual Rovira Peña Solera, quien asistió a la posesión del alcalde deSan Juan en enero de 1998 y fue filmado en video. El Teniente Carlos Alberto Osorio Cardona, Jefe de laPolicía de Dabeiba, apareció en un noticiero de Teleantioquia patrullando el pueblo junto con los paramiliares(a finales de 1997).25 Ver páginas 17 a 20 de la denuncia26 Ver páginas 36 a 40 de la denuncia.129. El 28 de julio de 1999 se presentó a la Fiscalía General de la Nación otro exsoldado que quería también denunciar procedimientos delictivos de la BrigadaXVII. Había ingresado al Ejército en noviembre de 1997 y fue asignado al BatallónVoltígeros, que tenía su sede en Carepa (Antioquia), en las mismas instalaciones dela Brigada XVII. Dados sus conocimientos en informática, lo dedicaron a labores deoficina, en el área de Operaciones (S-3).Entre sus denuncias, el ex soldado afirmó que detrás de la Brigada existía una baseparamilitar que luego fue convertida en la sede de una CONVIVIR, y que dichosparamilitares, que aparecían como integrantes de la CONVIVIR, entrenaban en elpolígono de la Brigada por concesión del General DEL RÍO. El entonces soldadovivió muy impresionado, según lo afirma en su testimonio, por el altísimo nivel deviolencia y brutalidad al que se sometía a las gentes de las comunidades pobres dela zona, mientras las unidades militares, en lugar de defender a la gente, le cubríanlas espaldas a los paramilitares que eran los que realizaban las acciones másatroces y tenían la Brigada como su propia casa. En su trabajo de digitador, inclusoconoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba unbatallón anexado temporalmente a esa Brigada, en el cual confrontaba al GeneralDEL RÍO por no proteger a la gente que era víctima de semejantes atrocidades; sinembargo, el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviadoluego a un lugar selvático. Cuando el soldado posteriormente quiso saber algo delincidente, el único comentario del Teniente fue: “el que manda, manda”.El ex soldado describe con precisión, respaldada con fotografías, la presenciaparamilitar en los diversos asentamientos que se ubican en la vía que va desdeTurbo a San Pedro de Urabá, zona conocida por él minuciosamente a causa de susraíces. Muestra cómo las bases paramilitares están situadas a muy poca distanciade las bases militares para apoyarse mutuamente. Todo corona en la inmensa baseparamilitar asentada en el corregimiento de Santa Catalina, a pocos minutos delcentro urbano de San Pedro de Urabá y a no más de 20 minutos de la sede delBatallón Francisco de Paula Vélez. El testigo afirma que allí hay más de 350paramilitares con sus familias, protegidos por tres anillos de seguridad o “Puestosde Avanzada de Combate” –PAC-, separados por distancias de 1 kilómetro. Apesar de que el testigo entregó los números de muchas placas de vehículosutilizados por ellos, fotografías y descripciones minuciosas de la base másfrecuentada por Carlos Castaño, cuatro años después ningún organismo de controldel Estado se había interesado por investigar y abrir juicios al respecto.13El entonces soldado fue testigo de cómo, bajo la comandancia del General DELRÍO, en 1997, se dio orden a unidades militares de retirarse de San José deApartadó hacia una vereda lejana, con el fin de que los paramilitares entraran aasesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, se les dio la orden deregresar. También presenció personalmente una “acción cívico militar” en Bajirá, en1998, y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados entre militar yparamilitar. Ubicó, además, con croquis y fotografías, varias fosas donde fueronsepultadas muchas víctimas. Cuando cavaron algunas de esas fosas, en dos fincassituadas entre Apartadó y Turbo, les pagaban a los niños del lugar 3.000 pesos porcada hueco. Los pobladores pudieron observar que allí no sepultaron cadáverescompletos, pues todas las víctimas estaban descuartizadas.2710. Pero si ha habido miembros del Ejército y de la Policía que han decididodevelar los horrores de que fueron testigos por dentro, en el accionar conjunto demilitares y paramilitares, también ha habido integrantes de los gruposparamilitares que han denunciado lo que vivieron desde sus posiciones. Así, el 13de febrero de 1998, se entregó ante delegados del Cuerpo Técnico deInvestigaciones de la Fiscalía, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), el paramilitarFrancisco Enrique Villalba Hernández, quien había ingresado desde 1994 a laestructura paramilitar de Carlos Castaño. La Fiscalía lo interrogó en 9 ocasiones,entre febrero de 1998 y febrero de 1999.28Su testimonio confirma, de manera muy concreta, la coordinación entre militares yparamilitares. Al describir varias masacres en concreto, relata cómo algunos de susjefes visitaban de antemano a los comandantes de los batallones militares de lazona y de los distritos de la Policía para que retiraran los patrullajes que estabanoperando en la zona seleccionada, o para que de ningún modo bloquearan lasoperaciones paramilitares. En ocasiones, como en la Masacre del Aro (Ituango,Antioquia, 25 de octubre /97) algunos suboficiales y oficiales del Ejércitoparticiparon en directo en la masacre, al lado de los paramilitares, y un helicópterodel Batallón Girardot les prestó apoyo en abastecimiento de munición y medicinas.Afirma también que el Ejército los dotaba de carnets de las CONVIVIR, que erauna especie de contraseña para poder pasar con armas, sin obstáculos, por losretenes militares.27 El soldado rindió su testimonio el 28 de julio de 1999 ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías deDerechos Humanos, dentro del expediente UDH-426, en una extensión de 17 folios.28 Indagatorias que tuvieron lugar: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 17 deseptiembre, el 16 de octubre y el 21 de octubre de 1998, y el 4 de febrero de 1999, dentro del Radicado No.333 que cursaba en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos.14El relato sobre el entrenamiento que recibió, en 1994, en la hacienda “Las Tangas”(Valencia, Córdoba) de propiedad de la familia de Carlos Castaño, no puede sermás escalofriante: la “prueba de coraje” consistía en desmembrar a una persona.Según él, cada 15 días llevaban a la hacienda 8 personas para descuartizar.Tenían, además, un trato hecho con el Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII. Ellos(los paramilitares) capturaban a supuestos “guerrilleros” y se los entregaban alEjército en un sitio acordado, ordinariamente una tienda del camino, y los militaresles pagaban con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997entregaron a 8 presuntos “guerrilleros” y les pagaron por ellos una ametralladoraM-60, 6 fusiles AK-47 y varias granadas. En los contactos de comandante acomandante circulaban listas de personas para matar.11. También el 19 de abril de 2000 se entregó ante delegados del CuerpoTécnico de Investigaciones de la Fiscalía, en Medellín, el paramilitar CarlosAlberto Bonilla Gutiérrez. Entre los operativos que relata, en los cuales participópersonalmente, están los de la toma de Riosucio (20 de diciembre de 1996) y deVigía del Fuerte y Bellavista (22 de mayo de 1997) que hacen parte de los hechosdenunciados en este escrito. Según su testimonio, la toma de Riosucio fuecoordinada con el Coronel Coronado, del Ejército. Habían acordado que primeroentraran los paramilitares para hacer su oficio (matar y desaparecer) y luego seinternarían en el monte cuando el Ejército comenzara a llegar, como en realidad sehizo, según él. Cuando en un enfrentamiento con un destacamento guerrillero enesa zona fueron muertos 57 guerrilleros, el Coronel Coronado solamente reportó 15ó 20 muertos, para poder entregar las demás armas incautadas a los paramilitares.En la toma de Vigía del Fuerte, la Policía del lugar no los reconoció en un primermomento y los recibió con fuego, pues los confundió con guerrilleros, pero luegoles pidió disculpas y los acogió con entusiasmo. Allí en Vigía, el testigo conociómás en directo al paramilitar apodado “Mochacabezas”, el cual llevaba unamotosierra para decapitar a sus víctimas y luego arrojarlas al río. En ocasionesobligaba a los capturados a sacar una ficha de una bolsita que portaba, para queprobaran suerte en el tipo de muerte que sufrirían, según las tres opciones queofrecían las fichas: descuartizamiento, fusilamiento o degollación. Una vez sacadala ficha, la víctima era ejecutada con el método allí marcado. El testigo fue15asesinado posteriormente en la misma ciudad de Medellín, donde se habíaentregado.2912. No solo algunos militares y paramilitares decidieron develar ante lajusticia atrocidades que presenciaron y que cargaron por diversos tiempos comopeso insoportable de conciencia. También algunos civiles lo hicieron. Unacomodado ganadero que visitó en 1995 varios corregimientos del municipio deUnguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, decidiódenunciar, bajo la condición de que se guardara reserva de su identidad. En suscorrerías por la zona se había encontrado repetidas veces con integrantes de unfrente guerrillero de las FARC cuyo comandante era llamado “Víctor” y susegundo comandante “Vicente”. Avanzado el año 95, se enteró de que “Vicente”había desertado de la guerrilla y vivía en un batallón militar de la zona, donde doscomerciantes de Balboa, conocidos cercanos del testigo, quienes fueron retenidospor el Ejército, pudieron verlo directamente, uniformado de militar.El testigo afirma que con posterioridad al 15 de octubre de 1995 la zona comenzó aser invadida por paramilitares comandados por “Vicente”, quienes se movilizabanal lado del Ejército regular. Él mismo pudo observar en directo, mientras esperabauna embarcación en la playa del caserío de Titumate, cómo el 16 de octubre de1995, en la barcaza “Amerindia”, propiedad del acaudalado terrateniente ynarcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento deparamilitares comandado por “Vicente”, a quien él reconoció en directo,acompañados, en la misma barcaza, por un contingente de militares.El declarante relaciona este hecho con el comienzo de un período de represiónbrutal que se vivió en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía yRíosucio, que llevó a éxodos masivos. Menciona el asesinato brutal de uncomerciante de Balboa a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidadesque él no se atreve a describir, y la muerte igualmente brutal de un pobre hombreque sacaba arena del río, hechos todos perpetrados por el grupo de “Vicente”, queandaba siempre acompañado por unidades militares.Quizás, por las referencias que da de otros hechos, el declarante puede estarequivocado en el número del año (podría ser 1996 en lugar de 1995), pero de todosmodos ubica el accionar paramilitar de “Vicente” y de su estructura paramilitar a29 El testigo rindió indagatoria el 20 de abril de 2000, en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia,de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de Medellín.16partir de los dos últimos meses de 1995. Si se tiene en cuenta que el General DELRÍO llegó a Urabá en diciembre de 1995, como Comandante de la Brigada XVII quecomprende toda esa zona, se entiende que el testigo acuse directamente a esteGeneral por no haber entregado a “Vicente” a las autoridades competentes de laJusticia “en acatamiento a las leyes de la Constitución que el Señor General debió haberjurado defender”, sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la Brigada,respaldando su accionar criminal que se integraba de manera perversa con elaccionar del ejército regular, como él mismo testigo lo analiza: “era muy fácil tenercomo retaguardia al ejército legítimamente constituido, pero en ciernes en actosdelincuenciales, por estar protegiendo una vanguardia criminal dirigida por un exguerrillero que iba sobre seguro a sitios donde presumiblemente el ejército nunca hubierapenetrado y a actos que desde luego no ejecutaba el ejército pero lo permitía de otros, talcomo se estableció como conciencia colectiva”.3013 Otro civil, pequeño empresario, que trabajó con dragas en algunas zonasmineras del Nordeste de Antioquia, fue interrogado el 2 de mayo de 2000 en laCárcel de Bellavista, de Medellín, por fiscales delegados de la Unidad Nacional deFiscalías de Derechos Humanos. Según su testimonio, en 1995, cuando logróubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre loscorregimientos de Cristales y San José del Nus, del municipio de San Roque(Antioquia), pronto fue convocado por el jefe paramilitar de la zona que tenía susede en Cristales pero que departía constantemente con la Policía de San José delNus. Dicho líder paramilitar, de nombre John Jairo, alias “Filo”, lo encañonódurante un buen rato para matarlo porque pagaba cuotas exigidas por la guerrillay terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos.Meses más tarde, cuando el testigo se vio en crisis económica por la bajarentabilidad de su trabajo minero, “Filo” lo recomendó para que le permitierantrabajar en los dominios de la hacienda “Guacharacas”, propiedad del entoncesGobernador de Antioquia, ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia),administrada por el Señor LUIS VILLEGAS URIBE,31 primo del Dr. Uribe Vélez.30 El testigo declaró, con reserva de identidad, bajo el código 001, ante la Unidad Delegada ante los JuecesRegionales, de Medellín, el 14 de agosto de 1998. Nuevamente declaró, para ampliar algunas denuncias, anteel Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Medellín, el 24 de agosto delmismo año. La cita textual se toma del quinto folio de su primera declaración.31 Según un Informe de Inteligencia del B-2 de la XIV Brigada, fechado el 24 de septiembre de 2003 (numeral4.4.) el Señor LUIS VILLEGAS era quien le suministraba apoyos en dinero e información (al Bloque CentralBolívar, de las AUC) sobre el Bloque Metro, porque él fue de ellos. Allí mismo se afirma que en la semanaanterior al 24 de septiembre de 2003 hubo una reunión en la finca de Don LUIS VILLEGAS, entre alias“Comando 90” y alias “Calimán” con un Capitán del Ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para17Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda “Guacharacas”. Entodo el relato testimonial queda claro que la zona aludida estaba dominada porestructuras paramilitares apoyadas por todas las autoridades y los hacendados dela región. Don Luis Villegas Uribe, el administrador de la hacienda, le recomendóal testigo pagar fielmente la cuota mensual a los paramilitares y él mismo seofreció de intermediario de los pagos.Luego llegó otro jefe paramilitar, alias “Beto”, quien se instaló con 40 paramilitaresmás en la hacienda “Guacharacas” del hoy Presidente de la República Alvaro UribeVélez. El testigo pudo constatar, entonces, que de allí salían en las noches a matargente, y que con ellos se movilizaba un militar que iba siempre acompañado porun Señor de nombre Fernando, oriundo del municipio de Cisneros, alias “El Cojo”.En una ocasión, le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir amatar a un comerciante del corregimiento El Rubí, del municipio de Yolombó, aquien acusaban de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta,al comerciante lo asesinaron un sábado muy cerca de la media noche.El testigo afirma que “Filo” gritaba en las reuniones públicas que él había matadoen tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas lasautoridades “y no nos hacen nada porque somos los mismos”. Cuando el testigo lepreguntó a “Beto” quién le enviaba las armas, él respondió que el General RITOALEJO DEL RÍO, “que es un duro del ejército”.En su testimonio, este sufrido empresario afirma, además, que durante supermanencia en la hacienda “Guacharacas” apareció un día allí Ramiro Cevallos,persona a la que acusaban de haber participado en un ataque a la hacienda, pero élpedía que lo escucharan y que le permitieran trabajar, pues estaba en la miseria.Cuando el testigo intercedió para que lo escucharan, el líder paramilitar “Beto” lerespondió que había que “llevárselo al Patrón”, Alvaro Uribe Vélez, para que éldecidiera. Dos días después, un lunes, los paramilitares fueron a buscar a Ramiro yque los dejara trabajar en la zona, manifestando el Capitán que no había problema pues él era el encargado dela zona. Allí el Bloque Central Bolívar, en coordinación con el Capitán, recuperó 6 vehículos tipo campero ymontero del Bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque.Añade que el domingo 21 de septiembre, cuando estuvieron en El Vesubio, San Roque, el mismo Capitáninformó a alias “Comando 90” que iban para allá y que se fueran, que él les avisaba cuándo sacaban la tropa.Un registro de prensa divulgado vía internet el 23 de noviembre de 2004, denunciaba el asesinado de “elganadero LUIS VILLEGAS URIBE, primo del Presidente Álvaro Uribe Vélez”, quien habría sido atacado pordos pistoleros en un comercio de su propiedad en el municipio de San Roque. La fuente era el Párroco de SanRoque, Padre Edgar Rivera.18a su hermano, para “llevarlo ante el Patrón”, sin que se hubiera vuelto a tener noticiade sus paraderos.3214. La impunidad en que todos estos crímenes se mantienen, encuentra unblindaje en las mismas medidas de seguridad con que se protegen los victimarios,amparadas por leyes y decretos y que sirven para obstaculizar cualquierinvestigación sobre sus conductas. En efecto, el 18 de octubre de 2000, unainvestigadora judicial, en cumplimiento de un despacho comisorio emanado de laUnidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, practicó una inspecciónjudicial en la Dirección de Inteligencia del Ejército, con el fin de establecer losnúmeros de teléfonos celulares asignados al comandante y al subcomandante de laBrigada XVII en esos años. La respuesta dada por la Sra. Nelly Corzo Ribero,Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia, es muy significativa: manifestóque tal información “no se encuentra disponible por cuanto los números de los celularesse mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta deltodo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados (...) más, habida cuenta deltiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad, han sido archivadas yen oportunidades incineradas”.33A nadie se le oculta que con tal blindaje de los instrumentos que ayudarían más ala investigación de un crimen o de una cadena de crímenes, se crea un espacio de“manos libres” que facilita enormemente la perpetración de los crímenes algarantizar su impunidad.Mejor suerte corrieron, sin embargo, quienes investigaban el secuestro y asesinatodel joven empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas en 1998,cuando el entonces General DEL RÍO era Comandante de la Brigada XIII enBogotá. En efecto, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspecciónen la empresa MELTEC, S. A., de telefonía celular, comprobaron que tres númerosinvolucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían acelulares asignados el Señor RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, representante legal dela Brigada XIII.32 El testigo rindió su declaración en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, el 2 de mayo de 2000, ante fiscalesdelegados de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos.33 Cfr. Informe No. 106300, del 9 de noviembre de 2000, procedente de FGN.CTI.GDH.-C15, dirigido al JefeSección Investigaciones de la Dirección Nacional del CTI, en cumplimiento de Despachos Comisorios # 641del 11 de mayo y 1052 del 3 de octubre de 2000, dentro del Radicado No. 426 UNDH- M. T. No. 4747, fol.3°.1915. Otro campo en que la seguridad de los militares se puede confundir con elblindaje de los crímenes, es el de las comunicaciones radiales. La ejecución demuchos crímenes, como lo denunciaron los mismos soldados, fue coordinada poresos medios. Y en efecto, cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamientode los sistemas de seguridad en las comunicaciones radiales, el Mayor Emiro JoséBarrios Jiménez, en su declaración rendida ante la Procuraduría General de laNación el 22 de junio de 2000, afirmó: “La Brigada XVII contaba con radios decomunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz (...) Para escuchar lo que sedice por el radio las unidades deben poseer el mismo tipo de radio, la misma frecuencia y lasmismas claves electromagnéticas internas. Complementariamente a la seguridad que seobtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con undocumento llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento decarácter secreto donde se reemplazan las letras y palabras comunes y corrientes por códigos,por números que permitan garantizar el secreto y la seguridad en las comunicaciones,desorientando al enemigo sobre la realidad de las acciones militares”34Cualquiera puede apreciar que estos mecanismos, diseñados para una seguridadinformativa frente a un enemigo bélico, se pueden utilizar al mismo tiempo, comode hecho ocurrió, para encriptar los procesos de ejecución de los crímenes yblindarlos frente a cualquier investigación judicial de modo que su impunidadquede garantizada.16. La vinculación del General DEL RÍO a acciones criminales paramilitaresno cesó, sin embargo, con su desvinculación del Ejército, decidida por el PresidentePastrana el 10 de abril de 1999. Un ex Suboficial del Ejército, que en otra ocasiónhabía denunciado ante la justicia comportamientos criminales del General DELRÍO, los cuales habían motivado que el testigo abandonara el Ejército, ya como untrabajador del agro se volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas,doce años después. En efecto, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, un ex34 El Mayor Barrios Jiménez, quien se desempeñaba en 2000 como Jefe Administrativo y Logístico de laEscuela Militar de Cadetes, en Bogotá, había estado en el Batallón Vélez, de la Brigada XVII, en Urabá, entre1995 y 1997, algún tiempo como su segundo comandante. Declaró en la Procuraduría General de la Nación,los días 21 y 22 de junio de 2000, dentro del radicado de Indagación Preliminar No. 009-22576-99. El texto setoma de la segunda sesión de declaración (junio 22), primer folio.20Suboficial del Ejército y ahora agricultor, rindió declaración juramentada ante laUnidad Especializada de Fiscalías de Medellín.35Según su testimonio, en la semana del 10 al 16 de septiembre de 2000, a la“Hacienda La Veinticuatro”, de la vereda de Puerto Tulape- La Laja, del municipiode Necoclí (Ant.), llegó el ex General DEL RÍO a reunirse con Carlos Castaño Gil,líder nacional de los paramilitares, y con otros líderes de la misma agrupacióncriminal, como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos CarlosArturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros líderesparamilitares del Magdalena Medio y del Cesar. Cuatro días después, un grupoparamilitar de cerca de 60 hombres armados, comandados por alias “Cobra” yalias “Salado”, salían de esa misma hacienda hacia una finca de Tierralta(Córdoba) donde masacraron a un elevado número de campesinos a quienes un“informante” habría señalado como “simpatizantes de la guerrilla”36. Tres de lasvíctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los paramilitares ensu regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas y luego sepultadas en unamontaña de la finca, donde, según dice, están sepultadas muchas otras víctimas.Como el testigo se negó a conducir un vehículo para realizar la masacre y ademásse resistió a ingresar en las filas de los paramilitares, un trabajador le informó esasemana que ya se había decidido su asesinato y le ayudó a escapar.A pesar de que el testigo describió con detalles el funcionamiento de la estructuraparamilitar en toda el área comprendida entre los municipios de Necoclí y SanPedro de Urabá, entregando información abundante sobre la ubicación de lasbases, sobre las personas que comandan y apoyan, sobre los vehículos utilizados,etc., sin embargo los órganos judiciales del Estado nada han hecho hasta ahorapara someter a investigación y juicio tan enorme estructura criminal. Según eltestigo, toda la población rural de la zona es forzada por los paramilitares acultivar hoja de coca y a reconocerlos a ellos como autoridad suprema, y tienencomo bases principales las haciendas “La Veinticuatro” y “La Cincuenta y Dos” enNecoclí, y “La Treinta y Cinco” como base central en San Pedro de Urabá, todas35 El ex Suboficial del Ejército declaró en la Unidad Especializada de Fiscalías, de Medellín, los días 27 y 28de septiembre de 2000, en tres sesiones, dentro del proceso radicado bajo el No. 383705.36 La Prensa de esas fechas reportó una masacre realizada por paramilitares el día 20 de septiembre de 2000,en la finca El Guineo, de la vereda Naín, de Tierralta (Córdoba), en la cual fueron ejecutadas 11 personas yuna más quedó herida, ocasionando el desplazamiento forzado de muchos pobladores. También reporta otramasacre el 21 de septiembre de 2000 en zona rural de Tierralta, en la cual fueron ejecutados 9 campesinos ypara cuya ejecución los paramilitares fueron apoyados por helicópteros artillados suministrados por elBatallón Arhuacos, del Ejército. También reporta un combate entre Ejército y Guerrilla el 21 de septiembre,en el cual habrían muerto 6 guerrilleros. También reporta un ataque de paramilitares apoyados porhelicópeteros, al poblado indígena de Widó, en Tierralta (Córdoba), el 16 de septiembre de 2000, en la cualfueron asesinados tres indígenas y otros 22 fueron desaparecidos.21ellas frecuentadas por Carlos Castaño. La Policía y el Ejército, de acuerdo con sutestimonio, solo “pasan” por allí y conversan mucho con los paramilitares, pero notienen bases permanentes en los caseríos de Necoclí.17. La tendencia a solucionar todo problema mediante acciones delictivas,parece más arraigada de lo que uno pueda imaginarse en la personalidad del exGeneral DEL RÍO. En efecto, cuando las investigaciones penales sobre su conductaparecían estar avanzando en la Fiscalía, recurrió a montajes contra personalidadesdel mundo sindical, de la izquierda política y del movimiento por la paz, paraacusarlas de ser las instigadoras de las denuncias contra él, para lo cual se habríanservido de métodos inconfesables.Así fue como en octubre de 1998 consiguió que dos trabajadores que habían estadovinculados a la campaña presidencial del ex General Harold Bedoya Pizarro y a sumovimiento político “De Pié Colombia”, sobornaran, cada uno a una persona queestuviera en grandes aprietos económicos, prometiéndoles recompensas sideclaraban en la Fiscalía que Hernando Hernández (Presidente de la UniónSindical Obrera), Ana Teresa Bernal (Presidenta de la Red Nacional de Iniciativaspor la Paz –REDEPAZ-) y Jaime Caicedo (Secretario del Partido Comunista deColombia) los habían presionado para que acusaran a los generales Rito Alejo DelRío y Fernando Millán de ser patrocinadores de grupos paramilitares, y si lohacían, tendrían, fuera del pago en dinero, un asilo asegurado en un paísextranjero.Los intermediarios del soborno, Luis García y Rubén Salazar, lograron que unhombre y una mujer cayeran en la trampa. Los días 6 y 28 de agosto de 1998 laFiscalía registra dichas “denuncias”. El hombre fue llevado previamente a lasinstalaciones de la XIII Brigada, cuyo Comandante era el General DEL RÍO, y allíun Teniente Rojas le presentó a una supuesta abogada quien lo condujo a laFiscalía de la vecina localidad de Usaquén donde depuso su calumnia. La mujersolo le firmó un papel en blanco a Rubén Salazar y éste completó por su cuenta lostrámites fraudulentos.Cuando en abril de 1999 la revista CAMBIO publicó una entrevista al GeneralMillán, realizada por el periodista Plinio Apuleyo Mendoza -un periodista de largatrayectoria en calumnias contra las ONGs de derechos humanos- en la cualdefendía la “inocencia” de los generales DEL RÍO y MILLÁN y aseguraba que las22acusaciones contra ellos se fundaban en montajes y sobornos de ONGs,mencionando en particular a Ana Teresa Bernal, ésta acudió a la Fiscalía para queinvestigara todo el montaje. Y en efecto, entre junio y julio de 1999 la Fiscalía logróubicar a los supuestos “declarantes” quienes confesaron plenamente el chantaje enel que habían caído, presionados por sus apuros económicos. El hombre relatócómo el General DEL RÍO lo había recibido en las instalaciones de la Brigada XIIIluego de su “declaración”; cómo lo había abrazado y agradecido, brindándole unalmuerzo en la Brigada y enviando a su chofer para que lo llevara a tomar un busde regreso a su casa.37 En ambos casos, las sumas ofrecidas por los sobornadores nohabían sido canceladas sino parcialmente.18. Pero la disuasión de declarantes asumió contornos más trágicos enseptiembre de 2001, cuando la Investigadora Judicial II del Cuerpo Técnico deInvestigaciones de la Fiscalía se vio forzada a enviar un informe a su Director, elGeneral ® Ismael Trujillo Polanco, para hacerle saber que dos días antes se habíaenterado de que había sido asesinado el ex Concejal de Apartadó JOSÉ DE JESÚSGERMÁN, quien se disponía a rendir una declaración en la Fiscalía contra elGeneral DEL RÍO.38 La investigadora afirma que ella había evaluado en unaentrevista previa, tanto la importancia como la credibilidad del testigo, y habíallegado a la conclusión de que “era un testigo muy importante para la investigación quese sigue contra el General –R- Rito Alejo del Río Rojas”.El testigo había retardado su declaración porque en una entrevista con el Dr.Eduardo Alejandro Meza Cadena, Coordinador de la Unidad de Fiscalías deDerechos Humanos, éste le inspiró mucha desconfianza al no manifestar interésalguno por su problema de seguridad. Curiosamente el Dr. Meza sería el primeroen enterarse, dentro de la Fiscalía, del asesinato del testigo.En sus relatos previos a la Investigadora, el testigo aseguró tener pruebas de que elGeneral DEL RÍO había ordenado el homicidio de un compadre suyo en Apartadóy dijo estar en capacidad de presentar testigos y aportar otros elementos sobremasacres ocurridas en la región. La Investigadora evaluó que tales aportescomprometían al General DEL RÍO y a otros militares, así como a personas civiles37 El hombre sobornado rindió declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos el 23 dejunio de 1999, dentro de la investigación preliminar 502. La mujer lo hizo el 23 de julio de mismo año.38 Informe No. 4579 FGN.CTI.GDH.C15 dirigido a Radicado 426 y 426ª - Ver también El Espectador,edición del 16 de septiembre de 2001, pg. 5 A, y edición del 21 de octubre de 2001, pg. 9 A.23que colaboran con el paramilitarismo en la región. La víctima afirmó, además, queestaba aún vivo, a pesar de ser militante y haber sido Concejal por la UniónPatriótica, gracias a que se presentaba públicamente como “comerciante” y nocomo miembro de la U.P.19. Todo esto muestra que la “investigación penal” contra el General DEL RÍOse convirtió en un campo de alto riesgo para quienes en ella intervenían. ElInforme sobre Colombia hecho público en noviembre de 2002 por la organizacióninternacional Human Rights Watch, afirma:· “En las semanas posteriores a las críticas públicas de Osorio (Fiscal General de laNación desde el 31 de julio de 2001) a la actuación de la Unidad Nacional deDerechos Humanos en el caso DEL RÍO, por ejemplo, se desencadenó una campañade persecución a los funcionarios judiciales que habían trabajado en el caso. Dosinvestigadores recibieron invitaciones a sus funerales, lo que provocó su huida delpaís. Los fiscales que firmaron la orden de detención contra el General DEL RÍOtambién salieron de Colombia tras recibir amenazas. Los dos funcionarios forzados arenunciar a su puesto por el Fiscal General Osorio, Pedro Díaz (Jefe de la Unidad deDerechos Humanos de la Fiscalía) y Pablo Elías González (Vice-Fiscal General de laNación) también salieron del país por temor a su seguridad” 3920 . El documento audio-visual ampliamente divulgado por la familia delGeneral Jaime Humberto Uscátegui, procesado por la masacre de Mapiripán, Meta[julio 15 a 20 de 1997], que lleva por título “¿POR QUÉ LLORÓ EL GENERAL?”,recoge el siguiente testimonio del Señor PEDRO JUAN MORENO VILLA, quienfuera Secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación del Dr. ÁlvaroUribe Vélez:· “Unos días antes de marzo 8 del 2000, recibí una llamada de la Señora FannyKertzman. Me dijo que en marzo 8 iba para Medellín y subí por ella al aeropuertoJosé María Córdova en horas de la mañana. Y en el camino me dijo estas palabras,me dijo: “Vea Pedro Juan, yo quería venir aquí a contarle lo siguiente: anoche estuvecenando con el Coronel Gallego y él le mandó decir a usted que no lo joda más, que39 Cfr. Informe “UN GIRO ERRÓNEO”, emitido por Human Rights Watch en noviembre de 2002, (Internet:www. hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erróneo.html) (pag. 4)24si quiere guerra, hay guerra.” Le dije que listo, que a mí me gustaba mucho laguerra. Y me dijo: “Ah … es que el Coronel Gallego fue invitado a participar en laoperación de Mapiripán y que él sabe todo, entonces la cosa es muy sencilla PedroJuan, o usted se queda callado, o él se caga en el ejército”. Y le dije: perdone Fanny,ese chantaje me gusta poquito, para decirle la verdad. Pero es que el ejército no esmío, ni pienso comprarlo; si quiere cagarse en el ejército, que se cague, si el ejércitoestá metido en ese problema. Ella se quedó un poco desconcertada con la respuestamía y me dijo: “Pero ¿no ve que usted va a dejar entonces que los amigos suyos, elGeneral Rito Alejo Del Río, vaya a quedar inmerso en todos esos procesos por lasdeclaraciones que pueda dar Gallego?”. Y le dije, pues hombre, yo tengo unos nexosde amistad de tiempo atrás con el General Del Río, pero Fanny, si él está metido eneso, tendrá que responder a la justicia. Y a eso de las 5 ó 6 de la tarde llegamos a lacasa, a la residencia del Doctor Álvaro Uribe Vélez. Uribe manifestó su cara deextrañeza y dijo: “Fanny mija (como dice él), el asunto es grave, dígale al CoronelGallego que si él está, que si él conoce todas esas cosas, está en la obligación de ponereso en manos de la justicia.”Más adelante en el video, un funcionario judicial interroga al Coronel LeonardoGallego así:· “Se le pone de presente y se le da lectura a la denuncia presentada por el SeñorPedro Juan Moreno Villa, con relación a los hechos de Mapiripán. Informe a estaaudiencia si tiene información en el sentido que el ejército de Colombia, el ejércitoamericano, la fuerza aérea colombiana y el General Rito Alejo Del Río estabancomprometidos en algún suceso respecto a la masacre de Mapiripán. La denuncia esdel 17 de mayo de 2000.”El Coronel Gallego responde:· “Rechazo esas afirmaciones, nunca he tenido conocimiento al respecto, no conozcopormenores, ni privadamente ni públicamente he manifestado nada haciendo esasmenciones que aparecen ahí”.Más adelante en el video, se reanuda la intervención del Señor Pedro Juan Morenoen estos téminos:· “Mientras esto sucedía, recibí una llamada de la Señora Kertzman y me dice:“Pedro Juan, usted la embarró, ¿cómo hace esas cosas?, mire el escándalo que ustedva a hacer, pues sepa que si a mí me citan, lo niego todo y me voy a vengar deusted”. Después la Señora Kertzman llamó al Doctor Uribe y Uribe me llamó a mí y25me dijo: “Hombre Pedro Juan, bájele vapor a esas cosas”. Uribe me pidió que lebajara vapor a eso, y le dije: “pues hombre Uribe, ya las cosas están en conocimientode la Ley, porque esa es mi obligación, y yo no estoy ni poniendo vapor a eso niquitando vapor, las cosas fueron así y así se quedan”.Luego, en el video, el General Uscátegui interroga al testigo Pedro Juan Moreno enestos términos:· “El 15 de noviembre de 2004, la Doctora Fanny Kertzman Yankelovich rindiódeclaración ante el Consulado de Atlanta en los Estados Unidos en relación a loshechos que usted denunció en la que manifestó textualmente: “No tengo presenteque se haya realizado esa conversación, ni tengo presente el contenido de dichaconversación”. Doctor Pedro Juan Moreno Villa: ¿qué tiene para decir con relacióna lo manifestado por la Doctora Fanny Kertzman?El Señor Pedro Juan Moreno responde:· “¿Qué tengo que decirle, mi General?, que es una mentirosa de aquí a Cafarnaún,¿qué más le voy a decir? Si ya no se acuerda de haber ido a hablar con Uribe allá, oestá muy vieja y tiene alzhaimer, o está diciendo mentiras, porque los hechos sedieron como yo los cuento, y si no, me gustaría mucho, Señor Juez, que llamara alSeñor Presidente Uribe, o le hiciera llegar la correspondiente comunicación deldespacho con el propósito que diga si eso se dio o no se dio, porque yo sé que Uribetiene sus raticos de amnesia pero yo creo que de esta reunión sí se acuerda”.Luego se aprecia en el video la intervención del Juez en estos términos:· El Doctor Álvaro Uribe Vélez el 29 de enero de 2001 y ante la Procuraduría Generalde la Nación confirmó que la conversación sí se sostuvo al declarar: “La DoctoraFanny Kertzman sí habló de la razón del Coronel”.Luego en el video se aprecian testimonios de militares quienes confirman que losaviones en que se desplazaron los paramilitares que perpetraron la masacre deMapiripán sí salieron de Urabá y que dichos aeropuertos estaban custodiados porel ejército. El mismo General Uscátegui confirma que el Comandante en eseentonces de la Brigada XVII era el General Rito Alejo Del Río. Más adelante en elvideo, el piloto del DC-3, JUAN MANUEL ORTIZ MATAMOROS, afirma:· “Allí aterrizamos … quiero señalar que en la pista, como es usual en ese lugar,había personal del ejército y de la Policía Antinarcóticos, pues allí funciona la más26grande Base Antinarcóticos del país, Entre los miembros de la fuerza pública quecustodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la Base Antinarcóticosdirigidos desde Bogotá por el entonces Coronel Leonardo Gallego”.El 24 de febrero de 2006, en un accidente aéreo ocurrido entre los municipios deDabeiba y Mutatá (Antioquia), perdió la vida el Señor PEDRO JUAN MORENOVILLA. Las investigaciones superficiales que se hicieron sobre el accidente dejaronmuchas dudas en la sociedad y en la misma familia de la víctima e incentivó ciertashipótesis sobre un posible atentado, sobre todo porque eran de dominio públicolos enfrentamientos entre la víctima y el Presidente Uribe, luego de haber sido enextremo cercanos. En un reportaje hecho al Señor Pedro Juan Moreno por la revistaSemana (edición del 29 de agosto de 2005, pg. 42-43) revela que se distanció del Dr.Uribe desde su acceso a la Presidencia, pues se acercó a personajes que no lemerecían confianza y que además creyó que su compañía no le era conveniente aUribe, pues le dijo: “¿Vos con esa fama de paraco y otro paraco ahí metido? ¡Quedamosjodidos! Dos paracos no riman. Mejor me quedo en la sombra”; pero que la distancia seahondó por investigaciones que hizo el Señor Moreno y publicó en su revista LaOtra Verdad, en las cuales comprobó la corrupción de 7 altos funcionarios delGobierno Uribe y muy cercanos al Presidente quienes tuvieron que abandonar suscargos por el escándalo producido. Por su parte el Presidente Uribe afirmó en unaentrevista a la W-Radio el 10 de abril de 2006 “El día que ya Pedro Juan empezó aconvertirse en el gran acusador del Gobierno Nacional, ya ese día para algunos sectores delos medios nacionales dejó de ser villano y pasó a ser héroe”. Pero la versión del atentadotomó fuerza cuando el 1° de noviembre de 2007 fue encontrado en el hangar delaeropuerto Olaya Herrera de Medellín el cadáver de NANCY ESTHER ZAPATAOROZCO, de 45 años, quien llevaba 20 trabajando en un almacén de repuestos deavión del mismo aeropuerto. El 29 de diciembre de 2007 el periodista sueco DickEmanuelsson publicó por internet una recopilación de datos dispersos en muchosmedios de prensa donde se revela que la víctima, una mujer íntegra y deprofundas prácticas religiosas, había acudido a grupos de derechos humanos parapedirles le ayudaran a abandonar el país, pues se sentía amenazada simplementepor conocer lo que ocurría en un aeropuerto controlado por reconocidosnarcotraficantes paramilitares donde la fuerza pública callaba y colaboraba con loscriminales. En la transcripción de su último mensaje, a la vez que se revelaban losmóviles de su asesinato, se arrojaban luces para comprender los móviles del“accidente” en que perdió la vida el Señor Pedro Juan Moreno: “los oí hablar de eseSeñor Pedro Juan Moreno que te dije que se le cayó el helicóptero porque aquí le quitaron elrepuesto y no sé si el Presi Uribe dio la orden pero sí sabía y Don Berna también”. Sobresu cadáver apareció un letrero en cartón que decía: “aquí no se permiten sapas”.27En la entrevista que concedió al diario El Tiempo el General Jaime HumbertoUscátegui, cuando el Juez 9° Especializado de Bogotá le otorgó la libertad luego de8 años de reclusión por la masacre de Mapiripán, afirmó: “Los paramilitares, a plenaluz del día, estuvieron uniformados y armados en los aeropuertos de Necoclí y Carepa, queestaban bajo la custodia de la Brigada 17. El general Del Río deberá aclarar esta situación ydemostrar si es inocente o no. Además, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo era el oficialde Inteligencia de la Brigada 17, pertenecía al Estado Mayor y era el hombre de confianzadel general Del Río. Este oficial huye de la justicia y ha sido mencionado por SalvatoreMancuso como uno de los militares que le colaboraron en Urabá” (El Tiempo, 30 denoviembre de 2007, pg. 1-6)21. En una de las sesiones en que rindió versión libre ante la Unidad deFiscalía de Justicia y Paz el paramilitar EVER VELOZA, alias ‘HH’, comandanteparamilitar del Bloque Bananero, entre otros, que ha operado en la región deUrabá, el 30 de octubre de 2007, reconoció haber asesinado a entre 1.200 y 1.500personas, en cuatro municipios del Urabá antioqueño (Apartadó, Carepa, Turbo yChigorodó), entre 1995 y 1996. El diario El Colombiano, de Medellín, en su edicióndel 31 de octubre de 2007, pg. 10 A, recogió datos de su versión así: “para cometerlos homicidios masivos y algunos selectivos de personas señaladas de ser guerrilleros oauxiliares de la subversión, el grupo salía desde una zona en Turbo con destino a los cascosurbanos o veredas en busca de sus víctimas. En algunas de estas incursiones, indicó HH,hubo hasta 20 muertos. Entre estas incursiones, la mayoría de ellas nocturnas, VelozaGarcía recordó una en que fueron asesinadas 12 personas en lo que el desmovilizadodenominó “un entrenamiento” (…) La versión libre sirvió para que el ex jefe deautodefensas señalara que para su accionar en Urabá contaron con la omisión del Ejército yla Policía, y que se movilizaban con tranquilidad por la región. Agregó que cuando lasmuertes empezaron a ser notorias, comandantes del Ejército le pidieron que desaparecieranlos cuerpos. La solución, entonces, fueron las fosas comunes. En este aparte mencionó comocolaboradores al general Rito Alejo Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII y alcapitán para esa época, Byron Carvajal, hoy enjuiciado por el caso de los policíasantinarcóticos muertos en Jamundí. Sobre Carvajal, Veloza García indicó que el oficial loamenazó de muerte si revelaba sus nexos con las autodefensas. “Me mandó el mensaje queme callara, que las cárceles eran manejadas por ex militares y él me podía hacer la vidaimposible o matarme””.En la entrevista que concedió a la revista SEMANA y que apareció en su edicióndel 6 de agosto de 2007, Ever Veloza responde así a varias preguntas:28- Semana: ¿Usted realizó masacres y otro tipo de acciones con la colaboración demiembros de la Fuerza Pública en la zona de Urabá?- Ever Veloza: “Hubo estrecha relación con Ejército y Policía. Si no hubiera existidocolaboración y coordinación con la Fuerza Pública, habría sido imposible lograr lo que sehizo, porque eso era total dominio de las Farc y del EPL.”-- Semana: Cuando usted llegó a la zona de Urabá al frente del bloque, ¿quién erael comandante militar en la zona? -- Ever Veloza: “El general Rito Alejo del Río”.- Semana: De 1 a 10, siendo 10 el máximo de colaboración, ¿cómo califica laayuda que las autofefensas recibieron del general Del Río, por ejemplo? -- Ever Veloza: “En ese entonces, en Urabá fue donde comenzamos la guerra. De Del Río yde toda la Fuerza Pública yo creo que puedo calificar la colaboración con un 10”. –- Semana: ¿Cómo funcionaba esa relación? –- Ever Veloza: “Mediante operaciones conjuntas, coordinaciones e información que nosproporcionaban. En algunas ocasiones miembros de la Fuerza Pública nos daban las listasde gente para que nosotros los ejecutáramos. En ese momento ellos lo hacían por desesperodel yugo de la guerrilla y del desespero de la impotencia de ellos para operar legalmente conla Constitución porque les era imposible combatirlos. Con el Ejército fuimos a combatemuchas veces, pero por ahora no voy a mencionar más nombres”.- Semana: ¿Usted va a optar por la estrategia a la que han acudido otros jefes delas AUC que mencionan como colaboradores a militares que ya están muertos? –- Ever Veloza: “No. Voy a contar todo. Pero por ejemplo, por dar un nombre, uno de losque más nos ayudaron fue el Coronel Carvajal que está detenido en Cali. Él era capitán,patrulló conmigo y con mi tropa y no una sola vez, sino cantidad de veces, y combatimos laguerrilla juntos, hicimos operaciones juntos. Lo de Carvajal fue en el 95.” […]Semana: Para ese momento usted ya estaba buscado por la justicia y eraplenamente reconocido como jefe paramilitar de la zona. ¿Cómo le planteó lacolaboración? –- Ever Veloza: “En la zona todo el mundo sabía que yo era el comandante del Bloque.Carvajal lo que me dijo es que él quería operar conmigo para que no fuéramos a tenerproblemas ambos en la zona” -Semana: ¿Cómo coordinaban?- Ever Veloza: “Directamente él y yo o subalternos míos coordinaban con él también. Yoentraba a la brigada o yo iba a donde él estaba.” –Semana: ¿Cuántas ‘operaciones’ hizo usted con Carvajal? –- Ever Veloza: “No tengo el número, pero fueron muchas y no sólo con Carvajal, sino conotros miembros de la Fuerza Pública. Lo menciono como por dar un nombre concreto ydemostrar que yo no voy a hablar de muertos”.2922. La revista Semana, en su edición del 5 de noviembre de 2007, recogió eltestimonio del ex Sargento EDWIN GUZMÁN, quien se vinculó a los paramilitaresque operaban en Urabá a mediados de los años 90 y que le reveló a dicho medio:“A mi general Rito Alejo Del Río lo llaman ‘el papá de las autodefensas’ porque fue quienempezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época losparacos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso a doscontraguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en elhelipuerto de la Brigada”.23. El 15 de mayo de 2007, el reconocido líder paramilitar SALVATOREMANCUSO rindió su quinta versión libre ante la Unidad de Fiscalía de Justicia yPaz. Muchos medios de comunicación tanto impresos como audiovisualesdestacaron sus confesiones relativas a la estrecha unidad de acción entre losparamilitares y la Fuerza Pública e incluso los contactos y simpatías demostradas alos paramilitares en encuentros por altos funcionarios del Gobierno Uribe, como elmismo Vicepresidente y el Ministro de la Defensa. El Diario El Nuevo Siglo, en suedición del 16 de mayo de 2007 reseñó así apartes de esa versión: “En la mañana, elsometido a la Ley de Justicia y Paz, señaló a los ex generales Rito Alejo del Río, MartínOrlando Carreño, Iván Ramírez y Alfonso Manosalva (fallecido), así como a otros sietemilitares de menos rango, como auspiciadores de las Autodefensas. Durante su versiónlibre, Mancuso dijo que el hoy ex general Del Río suministraba información de lugares endonde podían operar los paramilitares. Comentó además que entre 1996 y 1997 se reunióncon el general Rito Alejo del Río en la finca la 21, en San Pedro de Urabá y dijo que en elencuentro estuvieron Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, en donde sehabló del tema de la expansión paramilitar en el Urabá. Explicó que el alto oficial iba en unhelicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Añadió que la operación de losmilitares y paramilitares se hizo conjuntamente desde diciembre de 1994 cuando en Urrá,Córdoba, fueron secuestrados dos ciudadanos suecos. Según indicó, la brigada 17 y loshombres de Mancuso liberaron a los secuestrados. La acción paramilitar delatada porMancuso, vincula dos brigadas del Ejército: la 17 y la 11. Según sus palabras en la brigadade Montería, él fue uno más en la unidad militar hasta el día en que se expidió la primeraorden de captura en su contra en 1997. De la misma manera, comentó que sus hombres (losparamilitares) patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de ungeneral del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general AlfonsoManosalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces”.30Por su parte, el diario El Tiempo, divulgó así los elementos más llamativos de laquinta versión libre de Mancuso, en su edición del 16 de mayo de 2007, pg. 1-2:“fuedel general Del Río, calificado por algunos irónicamente como el pacificador de Urabá, dequien más habló. Mancuso afirmó que fue el artífice de la expansión ‘para’ en esa región yque asistió a dos reuniones con él, Carlos Castaño (jefe de las Auc ya muerto) y ‘El Alemán’(desmovilizado): “una en Tolová (Tierralta- Córdoba) y otra en la finca ‘La 21’, en SanPedro de Urabá. “(Al segundo encuentro) El general llegó en un helicóptero civil, peroestaba uniformado”, declaró Mancuso. Y sobre Carreño, quien sucedió a Del Río en laBrigada 17 de Carepa y llegó a ser comandante del Ejército, aseguró que con base en mapasque él le enviaba ordenaba patrullajes conjuntos de sus soldados con los paramilitares. Losnombres de los militares salieron al aire temprano en medio de la quinta versión libre del exjefe paramilitar”.Javier Giraldo Moreno, S.J.Colombia, septiembre 9 2008* * * * * * * * * * * * * * * * *
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