COMITE

Saravena, 20 de octubre de 2009.


ACCIÓN URGENTE

ENTRE DETENCIONES, AMENAZAS, MUERTES E INVASIÓN MILITAR DE SU COTIDIANIDAD, DISCURRE LA VIDA DE LOS POBLADORES DEL ORIENTE COLOMBIANO.

Han transcurrido cinco meses, luego de la detención masiva desarrollada en Saravena el 10 de mayo del presente año, cuando nuevamente el departamento de Arauca y sus pobladores vuelven a ser víctimas del eje de judicialización en el marco de la estrategia de agresión contra el pueblo araucano. En efecto el día de ayer 19 de octubre, se desarrolló en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauca capital, la “operación ABC” del DAS y Ejército Nacional, que dejó como resultado allanamientos a las viviendas y la captura de 20 ciudadanos de esta región del país, acusados de pertenecer a las estructura de la Organización Rebelde FARC-EP.

Según informes periodísticos, 17 de las 20 nuevas víctimas de esta táctica, fueron las siguientes:

DEISY OVIEDO LEAL, GLADYS LEAL BASTOS y ELISEO REINA BARÓN, quienes fueron detenidos en el casco urbano del municipio de Tame.

Mientras tanto, MAYERLY ANDREA MEDINA BUITRAGO, MARÍA ELIDA ACEVEDO CLAVIJO, YANETH ALVARADO REINA, RODRIGO CARRILLO PAYARES, NELLY FONTECHA ZEA, ÁLVARO DE JESÚS PERTUS QUINTERO, LIGIA TERESA RINCÓN, ÁLVARO ROJAS RÍOS, BENITO TARAZONA VARGAS, GLORIA ISABEL VEGA TRUJILLO, SONIA TERESA BARBOSA, ROSA CECILIA ARIZA VARGAS, JHOANNA ASTRID MARÍN ARIZA, JAIME PAREDES ROJAS, fueron privados de su libertad en los municipios de Fortul y Saravena.

Todos los detenidos, fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y se encuentran en los calabozos del DAS en Paloquemado y se encuentran a disposición de la Fiscalía 104 Seccional destacada ante el DAS.

Este eje de la estrategia de agresión se ha basado en “informes de inteligencia” y declaraciones de supuestos reinsertados de las organizaciones rebeldes, que reciben beneficios económicos, jurídicos y de otra índole, para efectuar imputaciones, y con base en ellas formar un proceso para mostrar, de un lado, unos resultados en la lucha contra la insurgencia, que no se han obtenido y por otro, desarticular el tejido social. Existen denuncias penales a cerca de la forma como estos “testigos de cargo” aparte de declarar en los diferentes asuntos judiciales también se dedican a extorsionar, amenazar y constreñir a los pobladores de esta región, intimidándolos que de no acceder a sus pretensiones se vincularan a investigaciones penales como la que hoy nos ocupa. Ejemplo de ello es la investigación seguida por la Fiscalía Seccional de Saravena con base en la denuncia formulada por la señora Ana Benilda Patiño, que a pesar de contar con material probatorio suficiente, no ha tenido mayores desarrollos, pero sí se permite que estos delincuentes sigan actuando como único elemento probatorio para privar de la libertad a los araucanos.

Mientras la fuerza pública, los organismos de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, persigue a los dirigentes sociales, comerciantes y población en general con las judicializaciones, sigue el baño de sangre en esta región; a los hechos denunciados en las acciones urgentes que hemos puesto en conocimiento de la opinión regional, nacional e internacional, se añaden las muertes y atentados que a continuación reseñamos:

El 14 de octubre, fueron asesinados en el casco urbano de Saravena, los señores JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MOSQUERA y JOSÉ ANTONIO VARGAS, en horas de la tarde cuando departían en un establecimiento comercial en el sector conocido como Chiquimotos.

El sábado, 17 de octubre, resultó con heridas de consideración el joven de 21 años de edad, JOEL CORREA, en un atentado con arma de fuego que tuvo lugar cerca de su casa de habitación en el Barrio El Prado, del municipio de Saravena.

El 10 de octubre, en la vereda Tamacay del municipio de Tame, fue asesinado el señor ARTURO ACOSTA, de profesión agricultor, en este mismo hecho resultaron heridos LUIS ARTURO CÁRDENAS y la señora ARACELY CARRILLO LIZARAZO.

Exigimos al Estado colombiano, dejar de separar a las personas de sus familias y su trabajo social con estos reiterados montajes judiciales, se respete el debido proceso y las garantías legales y constitucionales de las mujeres y hombres, y que así como actúan sin mayores elementos de prueba para capturar a las personas, también le impriman eficacia y celeridad a los procesos contra los servidores públicos y supuestos testigos que están orquestando estos hechos. De la misma manera exigimos se investigue los hechos de sangre ocurridos en esta región durante el año que avanza, y que se proteja a los individuos en su vida e integridad personal y el desarrollo de sus acciones legítimas en las luchas reivindicativas y políticas.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA