“FALSOS POSITIVOS”
BRIGADA JURIDICA
EDUARDO UMAÑA MENDOZA
EL RELATOR ESPECIAL PHILIP ALSTON DE LAS NACIONES UNIDAS CONSTATO ESTE TIPO DE CRIMENES Y DE OTROS CUYOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES NO HAN SIDO INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CASTIGADOS.
Los famosos “falsos Positivos”, no son mas que ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por la policía, las Fuerzas Armadas y en general por la fuerza publica, que se manifiestan también con otras modalidades que encubren las ejecuciones extrajudiciales como son la desafición forzada, asesinatos bajo formas sicariales, comisión de ejecuciones graves por parte de grupos paramilitares y montajes de escenarios en circunstancias confusas que desvían la responsabilidad de los autores
Los “Falsos Positivos “ constituyeron una grave violación a los derechos humanos, en cuanto la aprehensión de las personas se produce sin orden judicial y su muerte ulterior, lo cual, es una ejecución extrajudicial a pesar de la prohibición establecida en la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.[1]
Ejercito de matanzas de civiles.[2]
En los últimos años se ha producido un importante aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las Naciones Unidas Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, miembros del ejército, bajo la presión de mostrar resultados, han tomado civiles de sus hogares o lugares de trabajo, para asesinarlos, vestidos como combatientes muertos en acción para aumentar en su organismo las cuentas de subversivos “muertos en combate”.
Las presuntas ejecuciones se han venido produciendo en todo el país y afectan a múltiples brigadas del ejército. El Fiscal General de la Nación informó que se está investigando más de 1.000 casos de más de 1.700 víctimas en los últimos años.
El Presidente Uribe durante años negó públicamente la existencia de este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos informar de estos asesinatos y de ser auxiliadores de la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Después de un escándalo de grandes medios de comunicación en septiembre de 2008 sobre las ejecuciones de varios jóvenes de Soacha, un barrio de bajos ingresos de Bogotá, Uribe despidió 27 miembros de las fuerzas militares, entre ellos tres generales. Se han producido varios despidos más desde entonces. Pero el presidente Uribe sigue afirmando que estos son sólo unos pocos casos aislados, haciendo hincapié en que sólo hay "22 casos" y la carga de que hay cientos de "falsas acusaciones".
El comandante del Ejército Mario Montoya, que había sido objeto de denuncias que lo unen a los abusos y los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 justo después de que el escándalo de Soacha estallara. Uribe lo nombró como embajador en la República Dominicana. Montoya fue sustituido por su protegido, el general Oscar González Peña, al mando del 4 º Brigada del Ejército, cuando tenía uno de los peores registros de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales visitó Colombia en junio. En los resultados preliminares, señaló que "[e] l número de casos, su extensión geográfica y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que esos asesinatos se llevaron a cabo de forma más o menos sistemática de elementos importantes dentro de los militares. Señaló que el sistema de justicia militar colombiana contribuye a agravar el problema de obstrucción de la transferencia de casos de derechos humanos a la justicia ordinaria. Su informe final se ocupará de estas y otras cuestiones, incluidos los posibles incentivos a los miembros de las fuerzas militares que contribuyen a los asesinatos.
Las ejecuciones, que el Relator Especial calificó de "a sangre fría, el asesinato premeditado de civiles inocentes con fines de lucro", se destacan como una de las más graves prácticas abusivas por parte de agentes del Estado que hemos documentado en América Latina en los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones y el fracaso del presidente Uribe en reconocer la gravedad y el alcance del problema, o para instituir las medidas adecuadas para evitarlo, debe plantear preguntas acerca de los fines para los que la ayuda militar de EE.UU. está siendo utilizada, y la eficacia de la continuación de ayuda. Le instamos a usted para expresar esta preocupación al presidente Uribe, y él a la prensa a que adopte de inmediato, medidas significativas para poner fin a esta práctica.
[1] Masacre de Mondoñedo septiembre de 1996
[2]VARIAS ONG INTERNACIONALES ADVIERTEN A OBAMA SOBRE VIOLACION A DD.HH,
POR EL REGIMEN DERECHISTA DE URIBE VELEZ
BRIGADA JURIDICA
EDUARDO UMAÑA MENDOZA
EL RELATOR ESPECIAL PHILIP ALSTON DE LAS NACIONES UNIDAS CONSTATO ESTE TIPO DE CRIMENES Y DE OTROS CUYOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES NO HAN SIDO INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CASTIGADOS.
Los famosos “falsos Positivos”, no son mas que ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por la policía, las Fuerzas Armadas y en general por la fuerza publica, que se manifiestan también con otras modalidades que encubren las ejecuciones extrajudiciales como son la desafición forzada, asesinatos bajo formas sicariales, comisión de ejecuciones graves por parte de grupos paramilitares y montajes de escenarios en circunstancias confusas que desvían la responsabilidad de los autores
Los “Falsos Positivos “ constituyeron una grave violación a los derechos humanos, en cuanto la aprehensión de las personas se produce sin orden judicial y su muerte ulterior, lo cual, es una ejecución extrajudicial a pesar de la prohibición establecida en la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.[1]
Ejercito de matanzas de civiles.[2]
En los últimos años se ha producido un importante aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las Naciones Unidas Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, miembros del ejército, bajo la presión de mostrar resultados, han tomado civiles de sus hogares o lugares de trabajo, para asesinarlos, vestidos como combatientes muertos en acción para aumentar en su organismo las cuentas de subversivos “muertos en combate”.
Las presuntas ejecuciones se han venido produciendo en todo el país y afectan a múltiples brigadas del ejército. El Fiscal General de la Nación informó que se está investigando más de 1.000 casos de más de 1.700 víctimas en los últimos años.
El Presidente Uribe durante años negó públicamente la existencia de este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos informar de estos asesinatos y de ser auxiliadores de la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Después de un escándalo de grandes medios de comunicación en septiembre de 2008 sobre las ejecuciones de varios jóvenes de Soacha, un barrio de bajos ingresos de Bogotá, Uribe despidió 27 miembros de las fuerzas militares, entre ellos tres generales. Se han producido varios despidos más desde entonces. Pero el presidente Uribe sigue afirmando que estos son sólo unos pocos casos aislados, haciendo hincapié en que sólo hay "22 casos" y la carga de que hay cientos de "falsas acusaciones".
El comandante del Ejército Mario Montoya, que había sido objeto de denuncias que lo unen a los abusos y los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 justo después de que el escándalo de Soacha estallara. Uribe lo nombró como embajador en la República Dominicana. Montoya fue sustituido por su protegido, el general Oscar González Peña, al mando del 4 º Brigada del Ejército, cuando tenía uno de los peores registros de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales visitó Colombia en junio. En los resultados preliminares, señaló que "[e] l número de casos, su extensión geográfica y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que esos asesinatos se llevaron a cabo de forma más o menos sistemática de elementos importantes dentro de los militares. Señaló que el sistema de justicia militar colombiana contribuye a agravar el problema de obstrucción de la transferencia de casos de derechos humanos a la justicia ordinaria. Su informe final se ocupará de estas y otras cuestiones, incluidos los posibles incentivos a los miembros de las fuerzas militares que contribuyen a los asesinatos.
Las ejecuciones, que el Relator Especial calificó de "a sangre fría, el asesinato premeditado de civiles inocentes con fines de lucro", se destacan como una de las más graves prácticas abusivas por parte de agentes del Estado que hemos documentado en América Latina en los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones y el fracaso del presidente Uribe en reconocer la gravedad y el alcance del problema, o para instituir las medidas adecuadas para evitarlo, debe plantear preguntas acerca de los fines para los que la ayuda militar de EE.UU. está siendo utilizada, y la eficacia de la continuación de ayuda. Le instamos a usted para expresar esta preocupación al presidente Uribe, y él a la prensa a que adopte de inmediato, medidas significativas para poner fin a esta práctica.
[1] Masacre de Mondoñedo septiembre de 1996
[2]VARIAS ONG INTERNACIONALES ADVIERTEN A OBAMA SOBRE VIOLACION A DD.HH,
POR EL REGIMEN DERECHISTA DE URIBE VELEZ
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